El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación económica a favor de una familia que fue forzada a abandonar su predio en la inspección de Puerto Alvira, en el municipio de Mapiripán (Meta).

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Meta, celebró el hecho: “esta sentencia dignifica a las víctimas de Puerto Alvira y de Mapiripán, territorios profundamente golpeados por el conflicto. Reconocer su sufrimiento y brindarles una compensación justa es un paso hacia la reparación integral que merecen”.

La historia de esta familia, integrada por una pareja de esposos y su hija, se remonta al año 1996, cuando adquirieron un terreno de 126 metros cuadrados ubicado en el centro de Puerto Alvira. Allí vivieron hasta marzo de 1998, cuando se vieron obligados a desplazarse tras la incursión armada de la guerrilla de las Farc en la zona.

El detonante de su desplazamiento fue un acto de osadía del jefe del hogar, quien encontró un fusil abandonado y lo entregó a la Fuerza Pública. Este hecho provocó que la guerrilla lo señalara como colaborador del Ejército, declarándolo objetivo militar. La situación se agudizó cuando su hermano, un reconocido líder social y propietario de una droguería local, fue asesinado por hombres encapuchados tras negarse a seguir abasteciendo gratuitamente a los insurgentes, quienes le debían más de 30 millones de pesos en medicamentos.

Además, el solicitante recibió amenazas directas por parte de alias “Jhon Einer”, lo que llevó a la familia a huir hacia Villavicencio. Sin embargo, allí también fueron perseguidos, por lo que se vieron obligados a desplazarse hacia San Martín.

Ante el dolor acumulado, la desintegración familiar (la pareja terminó divorciada) y la imposibilidad de regresar a su lugar de origen, el juez concluyó que la familia perdió el arraigo con su tierra, por lo cual ordenó una compensación económica como medida de restitución.

La justicia ordena al IGAC que realice el avalúo catastral del inmueble, que pasará a ser administrado por el Grupo Fondo de la URT, entidad que realizará la compensación económica a los beneficiarios. Entre tanto, se insta a otras instituciones del Estado a brindar su oferta para garantizar la reparación integral.

Fuente: Comunicaciones URT

Cormacarena recuerda que cuenta con la unidad de rescate de fauna silvestre, un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, destinado exclusivamente a la atención de animales silvestres en situación de riesgo. 

A través de la línea de atención 321 4820327, un equipo especializado, conformado por médicos veterinarios, zootecnistas y biólogos capacitados, atiende casos de animales silvestres en lugares inadecuados, heridos o víctimas de atropellamiento en vías.  

Durante el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., la unidad también recibe entregas voluntarias de fauna silvestre y atiende denuncias sobre tenencia ilegal. Este proceso se realiza de forma confidencial y sin sanciones, siempre que la entrega sea voluntaria. 

Después de ese horario, solo se atienden emergencias relacionadas con animales silvestres dentro de viviendas u otros espacios que representen peligro tanto para el animal como para las personas. Es importante aclarar que la unidad no atiende animales domésticos como perros o gatos, ya que su labor se enfoca exclusivamente en la conservación de la fauna silvestre.

 Cormacarena invita a la comunidad a proteger la biodiversidad y a hacer uso responsable de este servicio, reportando oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida silvestre en el departamento del Meta.

Fuente: Comunicaciones Cormacarena

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Tomates”, por su presunta participación en el crimen del líder social, Olimpo Castillo Sastoque, ocurrido el 24 de julio de 2022 en el municipio de San Martín.

La víctima fue atacada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en el momento que llegaba a su vivienda, causándole la muerte.

Olimpo Castillo Sastoque, era representante de una asociación de comunidades desplazadas, y lideraba acciones de restitución de tierras en la región.

Los procesados son Héctor Fernando Pérez, alias “Tomate”, señalado cabecilla del grupo criminal; además los coordinadores de homicidios, Yeison Fabián Padilla Jaime, alias Colchón Viejo; y Alexander Trujillo Herrera, alias Cachi.

Un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles de San Martín, en las que les incautaron un arma de fuego, municiones y celulares.

En los operativos también capturaron a Juan David Morales Aristizábal, alias El Paisa; e Ingrith Tatiana Ascencio Acosta, alias Moni, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir agravado.

Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los cinco procesados.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare