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En el Meta destruyeron laboratorio químico para procesamiento de narcóticos
Ejército y Policía realizaron en la vereda La Tigrera de Puerto Lleras, el hallazgo y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de narcóticos, perteneciente al Clan del Golfo, subestructura “Gonzalo Oquendo”.
Sujetos desconocidos de manera indiscriminada dispararon contra los uniformados quienes en la rápida reacción replegaron el ataque sin que se registraran heridos. Durante el intercambio de disparos, los criminales emprendieron la huida por el monte.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal obtiene su sustento económico y criminal del narcotráfico; al mismo tiempo, que se disputa la rutas para el tráfico de estupefacientes con otras estructuras al margen de la ley con el objetivo de sacarlas del departamento hacia otras regiones del país y posteriormente comercializarlas.
Con apoyo de unidades de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional se realizó la recolección de elementos materiales de prueba, realizando la incautación de:
639,691 kilogramos de estupefacientes:
478,96 kilogramos de clorhidrato de cocaína
160,731 kilogramos de base de cocaína
1.497 galones de insumos químicos líquidos:
1.034 galones de acetona
305 galones de hidrocarburos (A.C.P.M.)
103 galones de ácido clorhídrico
55 galones de ácido sulfúrico
470 kilogramos de insumos químicos solidos:
120 kilos permanganato de potasio
100 kilos de cloruro de calcio
100 kilos de hidróxido de sodio (soda caustica)
100 kilos de metabisulfito de sodio
50 kilos de carbón activado
Expertos peritos de Antinarcóticos de la Policía Nacional estimaron el valor comercial de estas sustancias alucinógenas incautadas, la cual estaría avaluada en $3.278’300.000; en cuanto a los insumos líquidos y solidos se encuentran avaluados en $255’595.000.
Las actuaciones judiciales y proceso de destrucción del laboratorio químico realizadas por las autoridades de Policía fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 57 de la Dirección Especializada Contra El Narcotráfico DECN en la ciudad de Villavicencio, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fuente: Policía Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
