CASANARE
En cementerio de Aguazul hallaron restos de joven desaparecido hace más de 15 años
La sede de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, fue el lugar que la familia Sanabria Correa eligió para decir adiós a Ander Alfonso Sanabria. Allí el equipo territorial hizo un reconocimiento de la búsqueda que ellos han recorrido pacientemente y que con el acompañamiento de la entidad no solo conocen la verdad de lo sucedido, también, despidieron como siempre quisieron a su hijo, ex pareja y papá.
Ander Alfonso el mayor de 5 hermanos, nació en Barrancabermeja, un municipio en el departamento de Santander, de donde salió la familia Sanabria Correa en busca de horizontes más tranquilos y con la intención de ver crecer a sus hijos alejados de la ola de violencia que acechaba en su ciudad natal.
“No me cierre la puerta que ya vengo” dijo Ander al salir de su casa ese 14 de enero de 2007, la última vez que la familia lo vio con vida.
El año en que Ander iba a cumplir 23 años de edad, ya tenía a cargo la responsabilidad de su pareja y sus dos hijos. Después de buscarlo en los hospitales, morgues y cementerios en Casanare, la familia denunció ante el CTI de Yopal su desaparición, pero no tuvieron las respuestas esperadas.
Los meses pasaron y María Doris, su madre, recibió vía telefónica la supuesta información de que su hijo había muerto en un combate en enfrentamiento con el ejército, relataron a la UBPD.
Pese a las contradicciones de los hechos, María Doris y Yuliana Hernández, su pareja de ese momento, recibieron información de una persona, que el cuerpo de un joven con las mismas características de Ander había sido dejado en el cementerio de Aguazul.
Para esa fecha ya habían hecho varios intentos por esclarecer la verdad, cuentan que siempre encontraron una barrera que no les permitió avanzar en su búsqueda. Por eso, Maria Doris junto a Yuliana, trataron de ubicar el lugar donde supuestamente había sido inhumado el cuerpo de Ander y allí pusieron una cruz de madera artesanal; una guía que les ayudaría a no perder la pista del cuerpo de su hijo y pareja, si de verdad era cierto que allí estaba enterrado.
María Doris refugió su dolor en sus otros hijos y Yuliana por su parte se volvió a organizar y estableció una familia con sus dos hijos y una nueva pareja. Las dos cuentan que siempre presintieron que allí estaba el cuerpo.
María Doris cuenta que, en un sueño con su hijo, caminaron tomados de la mano en una playa y él mirándola a los ojos le dijo: “Mamá yo sabía que usted no me iba a olvidar”. Con ese sueño, asegura que se terminó de convencer que allí sí estaba su cuerpo.
Cerca de 17 años pasaron, hasta que el equipo investigativo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sede Yopal, adelantó las gestiones para conocer la información de los cuerpos dispuestos en el cementerio de Aguazul entre los años 1995 y 2007. Luego de horas y días exhaustivos en revisión de actas, bases de datos, solicitud de información al Instituto Nacional de Medicina Legal, se realizó la intervención que arrojó como resultado la recuperación de 29 cuerpos.
Cuenta el equipo forense, que al encontrar la cruz de madera con los números 25/05/82 y un nombre que apenas se leía como Andera Sanabria, fue la pista que, tras varios días de verificación, los llevó a dar con el nombre de Ander Alfonso Sanabria Correa.
“Nunca nos rendimos ni paramos de buscarlo…aquí en la Unidad de Búsqueda nos han atendido como si fueran familia de uno”, dijo Yuliana al recordar la llamada que recibieron por parte de la UBPD.
La familia Sanabria participó en el proceso de recuperación del cuerpo, también en la toma de muestras genéticas y los diálogos de identificación que permitieron confirmar técnicamente que sí era el cuerpo de Ander.
Al tiempo, María Doris ha seguido indagando sobre los hechos y fue solo hasta este año que su hijo Ander fue reconocido como víctima en el Sub-Caso 03 en Casanare a cargo de la JEP.
“Como Unidad de Búsqueda nos alegramos de dignificar el dolor y contribuir a sanarlo”, dijo Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora del grupo interno de trabajo territorial de Yopal.
El cuerpo de Ander fue enterrado en el cementerio de Yopal, la cruz de palo quedó atrás, ahora se reconoce por una lápida en forma de libro que conserva no sólo sus nombres, también, una de las últimas fotos que le fueron tomadas aún con vida.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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