CASANARE
En Casanare no existen bodegas judiciales autorizadas para vehículos retenidos por orden judicial
En debate que se adelantó en el Concejo de Yopal sobre la legalidad del funcionamiento y cobro de tarifas de parqueaderos y bodegas judiciales, la Plenaria concluyó que en el municipio no existe un lugar que se acoja a los parámetros legales para albergar vehículos involucrados en accidentes de tránsitos e infracciones.
Aunque existen dos Acuerdos Municipales donde se regula tanto las tarifas de los parqueaderos oficiales, como la de los parqueaderos públicos, (entiéndase por oficiales donde se llevan los vehículos que tienen infracciones de tránsito o están involucrados en algún accidente y públicos, donde se estaciona transitoriamente un vehículo), en la sesión se conocieron denuncias por parte de la comunidad, donde se manifestaba que en dichas bodegas judiciales, se presentaban altos cobros por parqueo transitorio, así como también, extravío de piezas de los automotores. .
En el debate se resaltó que la Secretaría de Gobierno es la entidad encargada de lo relacionado con las multas por el cobro excesivo en las tarifas sobre los parqueaderos que prestan el servicio público.
El funcionario Juan Manuel Ortega, quien asistió en representación de la Secretaría de Tránsito, dijo en su informe que por parte de esta dependencia se adelanta una caracterización de los parqueaderos que funcionan en Yopal donde se han identificado hasta el momento 50 estacionamientos en la zona céntrica.
El Concejal Fabio Suárez Caro, junto con el presidente de la Corporación, José Luis Avendaño y demás corporados, se comprometieron en coadyuvar en la búsqueda de una solución, “se convocará a las autoridades correspondientes, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura es el órgano encargado de la habilitación de estas bodegas judiciales, en éste caso buscaremos en Santa Rosa de Viterbo que tiene a cargo la jurisdicción de Yopal y buscaremos el acompañamiento de la Policía Nacional” adujo Suárez Caro. “La situación y las denuncias son mucho más graves de lo que parecen” agregó el concejal Cesar Ortiz.
El cabildante José Humberto Barrios por su parte propuso que se conforme un comité de seguimiento al tema en aras de lograr que el Consejo Superior, conforme por lo menos una bodega en el municipio o se adecue y se delegue una de las existentes que se acoja tanto a los requerimientos como a las tarifas establecidas al estatuto de rentas ya dadas en Yopal para este fin.
Los corporados solicitaron también que se revise la situación del parqueadero de la Concesión SETTY, por lo que según el informe presentado en plenaria por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Jairo Alberto Rangel, el lugar sí cuenta con uso del suelo concordante para esta actividad económica.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
