CASANARE
En Casanare, Contraloría Departamental apoya a veedurías ciudadanas
Cada vez que una veeduría ciudadana, requiera del apoyo legal y procedimental para realizar su trabajo, puede contar con el acompañamiento de profesionales de la Contraloría Departamental de Casanare, quienes le brindarán orientación oportuna.
Uno de los casos más recientes de solicitud de acompañamiento de la Contraloría Departamental, fue el de un veedor de Villanueva, a quien se le instruyó sobre los canales en los cuales puede encontrar información valiosa para verificar el cumplimiento en la ejecución del Centro Comercial Agroempresarial de Villanueva.
Lo primero es saber la fuente de los recursos que se están ejecutando para saber cuál ente de control tiene la competencia en la vigilancia del dinero. Para este caso, el Centro Comercial Agroempresarial es un proyecto de 6.901 millones de pesos gestionados por la Gobernación de Casanare ante el Departamento Nacional de Planeación.
Los recursos provienen del Sistema General de Regalías, cuya vigilancia y control le corresponde, de manera exclusiva, a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de Ley 1530 de 2012.
Aunque la Contraloría Departamental no tiene competencia en la vigilancia de estos recursos, al veedor se le explicaron los medios a través de los cuales puede acceder a información, para continuar verificando que la obra cumpla con todas las especificaciones del contrato.
Las Veedurías Ciudadanas cuentan con instancias a las cuales pueden acudir, como lo es, la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, conformada por la Procuraduría General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo brindarles apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.
Esta red, integra otros partícipes, a saber:
- El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, encargado de diseñar las metodologías de evaluación de la gestión pública, para
facilitar la vigilancia de las Veedurías, con el suministro de la información de los planes y evaluación del Estatuto Anticorrupción. - La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ante la cual podrán acudir para todo lo que tenga que ver con programas de capacitación a Veedurías.
- El Departamento de Planeación en sus diferentes niveles (nacional, departamental, y municipal), el cual está obligado a brindarles la información que se requiera sobre planes, programas, proyectos, recursos, y demás, que garanticen una óptima labor veedora.
Para tal caso, el veedor no sólo puede conseguir información del contratista e interventor, sino que también puede solicitar los datos ante los departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, o quien sea que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta el proyecto.
Si una vez terminadas las obras y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, la veeduría puede denunciar de inmediato, a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La República, por ser la competente, para el presente caso de Villanueva, al tener en cuenta el origen de los recursos.
Otro aspecto importante es que se ha dispuesto del sistema electrónico (SECOP) que tiene como función permitir a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de su gestión contractual, y a las partes interesadas (proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general), participar en los procesos de contratación, o consultar el estado de ejecución.
También la plataforma SIA OBSERVA que cuenta con un portal para ciudadanos, el cual permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos en tiempo real.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.
¿Qué es el IRCA?
El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.
Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.
El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.
La Secretaría de Educación de Casanare ha puesto en marcha la estrategia “Educación en Territorio”, una iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Educación Diego Fernando Ardila. Su objetivo es fortalecer la presencia institucional y promover un diálogo cercano con las comunidades educativas de los 18 municipios no certificados del departamento.
El recorrido inaugural comenzó en el municipio de Orocué, desde la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, con la participación de rectores de diversas instituciones como Hakelin Pedraza (La Inmaculada), César Llanos (Luis Carlos Galán Sarmiento), Nubia Vargas (IEA Pudi), Gerzon Lizcano (Algarrobo) y Carmen Acero (Miralindo).
Durante estas jornadas, se abordaron temas cruciales para el mejoramiento del sistema educativo en Casanare, incluyendo la gestión de cobertura educativa, la gestión administrativa, la calidad educativa y el fortalecimiento del control interno disciplinario. Estos aspectos buscan optimizar el funcionamiento de las instituciones y responder a las necesidades locales.
Posteriormente, la estrategia se trasladó al municipio de Hato Corozal, específicamente a la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado, donde rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación participaron activamente. Edgar Mesa, rector de la institución, destacó la importancia de estos encuentros directos para “tener un diálogo cercano, expresar nuestras necesidades y conocer de primera mano las acciones que se vienen adelantando en beneficio de la educación”.
Varios directivos docentes resaltaron estos encuentros institucionales como una valiosa oportunidad para construir soluciones conjuntas y fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas en cada territorio. El secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, subrayó que es fundamental para el Gobierno de las Oportunidades mantener una presencia activa en los municipios y escuchar directamente a todos los actores del sistema educativo.
La estrategia “Educación en Territorio” continuará su recorrido por los 18 municipios no certificados de Casanare, llevando espacios de diálogo y seguimiento a los procesos educativos junto a rectores, docentes, estudiantes y padres de familia del departamento, en búsqueda de una educación más cercana y participativa.
CASANARE
Aprueban Centro de Salud con enfoque multicultural para comunidades indígenas de Caño Mochuelo
Después de 30 años, las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, en Hato Corozal, recibieron la noticia de la aprobación del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de Getsemaní. El gobernador César Ortiz Zorro anunció que la obra beneficiará a más de 3.700 habitantes de 11 comunidades, con una inversión aproximada de 19.654 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.
El proyecto contempla una infraestructura con un marcado enfoque multicultural, diseñada para respetar la identidad, tradiciones y medicina ancestral de los pueblos indígenas. El centro incluirá espacios adaptados como malocas, áreas para sobanderos, y zonas de parto y recuperación, integrando la medicina occidental con los saberes ancestrales de las comunidades.
El CAPS ofrecerá una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen consulta externa, enfermería, odontología, psicología, nutrición, optometría, laboratorio clínico y farmacia. Estos servicios especializados buscan ampliar significativamente la cobertura en salud para las familias asentadas en este territorio.
El gobernador Zorro expresó su agradecimiento a la ORIC, al Ministerio de Salud, a los líderes indígenas y a las comunidades por esta iniciativa. Afirmó que este centro brindará “una salud digna, oportuna y humanizada, respetando la cultura y los saberes de los pueblos indígenas”. La aprobación de los recursos, por valor de $19.654.497.448 pesos, se formalizó mediante la Resolución 919 del 12 de mayo de 2026.
Adicionalmente, el proyecto CAPS contempla la construcción de una granja solar, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y servicios de telemedicina, lo que fortalecerá la atención médica y responderá a la medida cautelar 098 de 2020.
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