CASANARE
En Casanare, Contraloría Departamental apoya a veedurías ciudadanas
Cada vez que una veeduría ciudadana, requiera del apoyo legal y procedimental para realizar su trabajo, puede contar con el acompañamiento de profesionales de la Contraloría Departamental de Casanare, quienes le brindarán orientación oportuna.
Uno de los casos más recientes de solicitud de acompañamiento de la Contraloría Departamental, fue el de un veedor de Villanueva, a quien se le instruyó sobre los canales en los cuales puede encontrar información valiosa para verificar el cumplimiento en la ejecución del Centro Comercial Agroempresarial de Villanueva.
Lo primero es saber la fuente de los recursos que se están ejecutando para saber cuál ente de control tiene la competencia en la vigilancia del dinero. Para este caso, el Centro Comercial Agroempresarial es un proyecto de 6.901 millones de pesos gestionados por la Gobernación de Casanare ante el Departamento Nacional de Planeación.
Los recursos provienen del Sistema General de Regalías, cuya vigilancia y control le corresponde, de manera exclusiva, a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de Ley 1530 de 2012.
Aunque la Contraloría Departamental no tiene competencia en la vigilancia de estos recursos, al veedor se le explicaron los medios a través de los cuales puede acceder a información, para continuar verificando que la obra cumpla con todas las especificaciones del contrato.
Las Veedurías Ciudadanas cuentan con instancias a las cuales pueden acudir, como lo es, la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, conformada por la Procuraduría General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo brindarles apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.
Esta red, integra otros partícipes, a saber:
- El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, encargado de diseñar las metodologías de evaluación de la gestión pública, para
facilitar la vigilancia de las Veedurías, con el suministro de la información de los planes y evaluación del Estatuto Anticorrupción. - La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ante la cual podrán acudir para todo lo que tenga que ver con programas de capacitación a Veedurías.
- El Departamento de Planeación en sus diferentes niveles (nacional, departamental, y municipal), el cual está obligado a brindarles la información que se requiera sobre planes, programas, proyectos, recursos, y demás, que garanticen una óptima labor veedora.
Para tal caso, el veedor no sólo puede conseguir información del contratista e interventor, sino que también puede solicitar los datos ante los departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, o quien sea que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta el proyecto.
Si una vez terminadas las obras y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, la veeduría puede denunciar de inmediato, a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La República, por ser la competente, para el presente caso de Villanueva, al tener en cuenta el origen de los recursos.
Otro aspecto importante es que se ha dispuesto del sistema electrónico (SECOP) que tiene como función permitir a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de su gestión contractual, y a las partes interesadas (proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general), participar en los procesos de contratación, o consultar el estado de ejecución.
También la plataforma SIA OBSERVA que cuenta con un portal para ciudadanos, el cual permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos en tiempo real.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
