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En Casanare, Contraloría Departamental apoya a veedurías ciudadanas

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CONTRALORA DEPARTAMENTAL

Cada vez que una veeduría ciudadana, requiera del apoyo legal y procedimental para realizar su trabajo, puede contar con el acompañamiento de profesionales de la Contraloría Departamental de Casanare, quienes le brindarán orientación oportuna.

Uno de los casos más recientes de solicitud de acompañamiento de la Contraloría Departamental, fue el de un veedor de Villanueva, a quien se le instruyó sobre los canales en los cuales puede encontrar información valiosa para verificar el cumplimiento en la ejecución del Centro Comercial Agroempresarial de Villanueva.

Lo primero es saber la fuente de los recursos que se están ejecutando para saber cuál ente de control tiene la competencia en la vigilancia del dinero. Para este caso, el Centro Comercial Agroempresarial es un proyecto de 6.901 millones de pesos gestionados por la Gobernación de Casanare ante el Departamento Nacional de Planeación.

Los recursos provienen del Sistema General de Regalías, cuya vigilancia y control le corresponde, de manera exclusiva, a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de Ley 1530 de 2012.

Aunque la Contraloría Departamental no tiene competencia en la vigilancia de estos recursos, al veedor se le explicaron los medios a través de los cuales puede acceder a información, para continuar verificando que la obra cumpla con todas las especificaciones del contrato.

Las Veedurías Ciudadanas cuentan con instancias a las cuales pueden acudir, como lo es, la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, conformada por la Procuraduría General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo brindarles apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.

Esta red, integra otros partícipes, a saber:

  • El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, encargado de diseñar las metodologías de evaluación de la gestión pública, para
    facilitar la vigilancia de las Veedurías, con el suministro de la información de los planes y evaluación del Estatuto Anticorrupción.
  • La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ante la cual podrán acudir para todo lo que tenga que ver con programas de capacitación a Veedurías.
  • El Departamento de Planeación en sus diferentes niveles (nacional, departamental, y municipal), el cual está obligado a brindarles la información que se requiera sobre planes, programas, proyectos, recursos, y demás, que garanticen una óptima labor veedora.

Para tal caso, el veedor no sólo puede conseguir información del contratista e interventor, sino que también puede solicitar los datos ante los departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, o quien sea que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta el proyecto.

Si una vez terminadas las obras y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, la veeduría puede denunciar de inmediato, a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La República, por ser la competente, para el presente caso de Villanueva, al tener en cuenta el origen de los recursos.

Otro aspecto importante es que se ha dispuesto del sistema electrónico (SECOP) que tiene como función permitir a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de su gestión contractual, y a las partes interesadas (proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general), participar en los procesos de contratación, o consultar el estado de ejecución.

También la plataforma SIA OBSERVA que cuenta con un portal para ciudadanos, el cual permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos en tiempo real.

Fuente: Contraloría Departamental de Casanare

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Legalizan captura de dos hombres por violentos hechos en una finca de El Morro en Yopal

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El Juzgado Promiscuo de Tauramena declaró legal la captura de los dos sujetos señalados de haber participado en los hechos ocurridos el pasado 24 de febrero en el sector Floreña, vereda Marroquín, corregimiento de El Morro, en zona rural de Yopal, donde un grupo de cinco hombres armados irrumpió en una finca con fines de hurto. Durante los hechos fue asesinada una persona y otra resultó mutilada en los dedos de una de sus manos.

Los sujetos, identificados como Franklin Enrique Bolívar Garrido, de nacionalidad venezolana, y Omar David Aparicio López colombiano, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio, secuestro agravado, tortura y hurto calificado, también en concurso homogéneo y sucesivo.

Según lo expuesto por la Fiscalía, durante el asalto la propietaria del inmueble, María Otilia Pinto, fue atada de pies y manos, mientras que su esposo, Fermín Gutiérrez, quien intentó oponerse, resultó gravemente herido tras ser atacado con machete, sufriendo la amputación de tres dedos de una de sus manos.

En el mismo hecho perdió la vida José Domingo Torres, quien ingresó al predio en medio del asalto y recibió un disparo que le causó la muerte en el lugar. Las autoridades continúan con el proceso judicial para definir la situación jurídica de los capturados.

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Vigilancia en colegios de Yopal asegurada hasta diciembre de 2026, solo en horario nocturno

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La Secretaría de Educación de Yopal informa que el servicio de vigilancia en las instituciones educativas oficiales del municipio está garantizado hasta el 31 de diciembre de 2026. La prestación se realizará en turnos de 12 horas, conforme a la disponibilidad presupuestal vigente.

Esta situación obedece al incremento del 23 % del salario mínimo legal vigente para 2026 y al ajuste en las tarifas del servicio establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, factores que impactaron directamente los costos inicialmente proyectados para la contratación del servicio.

Desde la planeación en 2025, se proyectó el servicio en turnos de 12, 16 y 24 horas. Sin embargo, los recientes incrementos solo permitían garantizar la prestación hasta agosto de 2026, lo que representaba un déficit de cobertura por más de tres meses.

Para asegurar la cobertura total del año, se realizó un ajuste en los servicios contratados, pasando de turnos de 16 y 24 horas a turnos de 12 horas únicamente para todas las sedes. Esta medida busca minimizar el riesgo de dejar las instituciones sin vigilancia durante el periodo restante.

La decisión de establecer el servicio de 12 horas en horarios nocturnos como medida preventiva se basa en las novedades y situaciones presentadas en años anteriores. La gran mayoría de los hurtos se han registrado en horas de la noche, donde la ausencia de personal y la complejidad de atención son mayores.

Este ajuste fue socializado con los rectores de las instituciones educativas el pasado 15 de enero. La Secretaría de Educación Municipal indicó que esta decisión busca actuar con responsabilidad financiera y garantizar la continuidad del servicio durante todo el año, evaluando cualquier situación particular con las directivas de cada plantel.

Recientemente directivos y docentes de la Institución Educativa Salvador Camacho Roldán se quejaron de la falta de vigilantes en horas diurnas, lo que les ha traído problemas con el control de los estudiantes, señalando incluso que uno de los menores se salió de la institución y cruzó la Marginal de la Selva solo, por fortuna no se presentaron accidentes ni hechos que lamentar.

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Superintendencia de Notariado inicia averiguación por inconsistencias catastrales en Yopal

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La Superintendencia de Notariado y Registro inició una averiguación preliminar contra el municipio de Sabanalarga (Atlántico), gestor catastral autorizado para Yopal. Esta acción surge a raíz de una solicitud de la Alcaldía de Yopal para revisar presuntas inconsistencias en el convenio suscrito con Catasig en mayo de 2023.

El oficio detalla que, una vez la Alcaldía de Yopal evidenció las inconsistencias, las puso en conocimiento de la autoridad competente. Ahora, se solicita al municipio que allegue todas las evidencias disponibles, tales como fotografías, informes del supervisor al gestor catastral y copia de la primera comunicación remitida.

Actualmente, la expedición de la facturación del impuesto predial ha sido imposible debido a que la información entregada por Catasig contiene errores significativos que impiden realizar el procedimiento correctamente.

Entre las fallas detectadas se encuentran 16.538 predios con inconsistencias, información incompleta en los formatos R1 y R2, espacios de dígitos vacíos, predios sin destino o dirección, otros sin área de terreno o construcción, y duplicidad de predios, entre otras irregularidades.

Aunque la responsabilidad de enmendar estos errores recae en Catasig, funcionarios de diversas dependencias de la Alcaldía de Yopal están trabajando arduamente para corregir la información y expedir la facturación en el menor tiempo posible.

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