La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Tunja (Boyacá) Arturo José Fructuoso Montejo Niño (periodo 2008-2011), presuntamente implicado en posibles irregularidades en la ejecución de un convenio interadministrativo y en la suscripción de un contrato para realizar encuestas para el Sisbén.

En desarrollo de esta misma investigación también fue judicializada Claudia Fanny Barajas Bautista, asesora del referido programa y supervisora del contrato.

Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputó a los investigados los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Al parecer, Montejo Niño, como ordenador del gasto y representante legal de la capital boyacense, avaló el contrato que ampliaba la realización de las encuestas que determinarían los beneficiarios del SISBEN III en Tunja.

La investigación estableció que el 6 de agosto de 2010 y con vigencia de tres meses y medio, la administración local suscribió un convenio con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) que, con recursos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), asumiría los costos de la aplicación de las encuestas.

La investigación determinó que el desembolso del dinero se cumplió, pero la Alcaldía realizó la contratación con posterioridad a la culminación del convenio, el cual no fue renovado. De la misma manera, se determinó que el proceso de realización de las encuestas no cumplió con los parámetros establecidos por el DNP, entre otras eventuales irregularidades.

Ante el incumplimiento, el dinero debió ser restituido al Fonade, por lo que el pago de la contratación de las referidas encuestas se surtió con recursos propios, constituyéndose en un detrimento patrimonial para el municipio.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró la judicialización de dos hombres que estarían involucrados en graves afectaciones a animales domésticos y de granja en Boyacá.

Ataque a ‘Malinoi’

El 24 de octubre del año en curso, Jaime Daza Granados presuntamente atacó con un arma blanca a un perro llamado ‘Malinoi’, en la vereda Centro Rural de Zetaquira (Boyacá).

La investigación da cuenta de que el hombre reaccionó violentamente porque el canino le ladró. Debido a la herida ‘Malinoi’ fue intervenido quirúrgicamente en varias de sus vértebras para salvarle la vida y le fue amputada la cola.

Por estos hechos, Daza Granados fue imputado por el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado.

Agresión a una oveja

El pasado 3 de junio, en la vereda El Tablón, en Floresta (Boyacá), Alberto Izaquita Silva habría agredido a una oveja. La dueña del animal señaló que se percató que faltaba una hembra del rebaño, por lo que salió a su búsqueda. En un predio cercano la encontró amarrada mientras el hoy procesado realizaba actos sexuales.

La oveja sufrió lesiones de gravedad, se alteró su comportamiento y empezó a mostrar rechazo hacia los humanos. En ese sentido, Izaquita Silva fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), constituyó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Santuario de Rabanal, ubicada en los municipios de Samacá y Ventaquemada, que impacta a siete veredas en el departamento de Boyacá.

Son 7.877 hectáreas reconocidas como un territorio de paz en armonía con la preservación de los recursos naturales, los cuales fueron aprobadas en la sesión 104 del Consejo Directivo de la ANT.

Esta ZRC beneficia a 2.980 familias boyacenses, que tendrán oportunidades en el campo, acceso equitativo a recursos, vías, seguridad, mercados y tecnología; asegurando así el bienestar de las comunidades campesinas, en temas de salud y educación.

En solo dos años y medio del Gobierno del presidente Gustavo Petro se han constituido 13 Zonas de Reserva Campesina a lo largo y ancho del país, es decir, más de la mitad de las 20 zonas creadas en el país desde 1994.

Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, adscrita a la ANT, explicó que esta Zona de Reserva Campesina en Boyacá será protegida y trabajada por los campesinos de Samacá y Ventaquemada.

“Los orígenes y explotación de esta Zona de Reserva Campesina son completamente agrarios, los beneficiarios son personas que han habitado el territorio. Es importante destacar que durante este año se constituyeron siete Zonas de Reserva Campesina, lo que históricamente se había realizado en casi 20 años en: Incora, Incoder y ANT’, expresó Salcedo.

Esta iniciativa busca fortalecer la estructura agraria del país, promoviendo el acceso a la tierra para campesinos de escasos recursos y garantizando su participación activa en la toma de decisiones. Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social y el bienestar de las comunidades rurales.

Libardo Betancourth Larotta, líder del comité Impulsor de la Reserva Campesina del Santuario de Rabanal, indicó que esta ha sido una lucha ardua con el campesinado boyacense y que con la constitución de esta ZRC se podrán adelantar proyectos orientados al agroecoturismo y el gastroturismo; permitiendo el acceso a la tierra, la producción agroecológica, además de crear condiciones para la paz en zonas rurales y veredales.

Las Zonas de Reserva Campesina deben alinearse con las políticas de ordenamiento territorial y ambiental, garantizando un uso responsable de la tierra, parte fundamental para asegurar la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades, al tiempo que se protege el medio ambiente para las futuras generaciones.

Con la delimitación y constitución de esta nueva Zona de Reserva se reivindica la apuesta del Gobierno del presidente Petro de sacar adelante la Reforma Agraria y hacer de Colombia una potencia agrícola.

Fuente: Agencia Nacional de Tierras