META
En Barranca de Upía fue capturado presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas
El GAULA Militar Meta, logró materializar la captura por orden judicial de un sujeto conocido con los alias de ‘Pipe’, ‘Anillos’ o ‘Ñeque’, presunto cabecilla financiero de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, subestructura Gonzalo Oquendo Urrego.
La captura se registró en la verada San Ignacio, municipio de Barranca de Upía, hasta donde llegaron las autoridades policiales para notificarle de una de las cinco órdenes vigente para su detención, por los delitos de concierto para delinquir agravado (con fines de narcotráfico y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones), homicidio agravado y extorsión en grado de tentativa.
“Durante el procedimiento policial este sujeto pretendió fugarse, emprendiendo la huida, sin embargo, la rápida acción de los uniformados permitió cerrar su paso, lo que le generó una lesión por arma de fuego en su antebrazo y pierna”, señaló el comandante de la Policía en el Meta, el coronel Jeison Freddy Sora.
Alias Pipe, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas contra esta estructura criminal, ejercía su actuar como cabecilla financiero y de zona de la estructura en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada; además, era el encargado de recibir dineros ilícitos producto del control de rutas del narcotráfico, así como, el manejo de dinero producto de extorsión a finqueros, ganaderos y pequeños comerciantes de la región de la Orinoquía.
Actualmente cumplía su actividad ilícita bajo el mando de alias ‘Camilo’, cabecilla principal de las AGC en los Llanos Orientales.
Señaló el coronel Sora que además se adelantan investigaciones sobre la presunta participación como autor material de cerca de ocho hechos de homicidio registrados en los en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, Lejanías y Barranca de Upía en el departamento del Meta; Paratebueno, Villanueva, Maní y Aguazul en el Casanare, debido al control territorial y disputa de rentas criminales.
Sumado a ello, se encuentra vinculado en un hecho de afectación a la vida de líder comunal del municipio de Cabuyaro, Meta, caso registrado en el año 2022.
El capturado se encuentra bajo observación médica debido a la lesión que presentó durante el procedimiento de su detención y posteriormente será dejado a disposición de la Fiscalía 14 unidad Especial de Investigación UEI, donde se definirá su situación jurídica y penal frente a estos hechos.
Fuente: Policía Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
