Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

El gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Andrés Ávila, aseguró que la crisis que hoy afecta el pago de honorarios a especialistas se debe a la cartera acumulada de $287.000 millones de pesos que adeudan las EPS, de los cuales el 52 % corresponde a Capresoca.

Según explicó, aunque el hospital factura cerca de 8.000 millones de pesos mensuales a esta entidad, recibe menos del 50 % de esos recursos, situación que ha generado retrasos en los pagos a más de 100 profesionales vinculados mediante Contratos de Prestación de Servicios (CPS). Incluso, el mes anterior el pago no alcanzó al 50% de ese valor y solo llegaron $3.600 millones.

Como consecuencia de esta situación, los nueve pediatras contratistas del centro asistencial iniciaron un cese de actividades tras completar cuatro meses sin recibir sus honorarios. Los especialistas señalaron que la falta de remuneración afecta su estabilidad económica, familiar y social, y advirtieron que la continuidad del problema podría comprometer la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en Casanare.

Los médicos indicaron que buscan una salida concertada con la administración del hospital y anunciaron una reunión para explorar alternativas que permitan normalizar los pagos y restablecer plenamente la prestación del servicio. Mientras tanto, la gerencia informó que actualmente se adeudan cerca de 5.100 millones de pesos a profesionales de distintas especialidades.

Pese a la protesta, el Hospital Regional aseguró que mantiene garantizada la atención de urgencias y los servicios prioritarios mediante un plan de contingencia apoyado por especialistas de planta. Además, confirmó que adelanta mesas de trabajo con Capresoca, Nueva EPS, Sanitas y otras entidades responsables de cartera, así como gestiones con la Gobernación de Casanare, y espera concretar durante esta semana un importante giro de recursos producto de procesos de conciliación.

El Gerente Andrés Ávila señaló que se espera esta semana además, una importante suma de parte de la Secretaría de Salud Departamental, como pago de los servicios que se prestan a la población migrante.