REGIÓN
El proceso de restitución de tierras es 100% gratuito, no se deje engañar
La Unidad de Restitución de Tierras en su compromiso con la reparación a las víctimas de despojo y/o abandono en el país, avanza en la implementación de la política y el apoyo a las familias colombianas que salieron de sus predios por cuenta de la violencia; hoy en día hace presencia en más del 80% del territorio colombiano.
Es una entidad transicional que nace con la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; prorrogada con la Ley 2078 de 2021, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Teniendo presente la misionalidad de la entidad y el trabajo que realiza el gobierno nacional para reparar a las víctimas, y ante las denuncias realizadas por solicitantes con respecto a aparentes cobros por agilizar un proceso de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras reitera que los trámites que realiza la entidad en cada una de sus etapas son gratuitos y ninguna persona está autorizada para cobrar o recibir dinero con el argumento de adelantar, agilizar o priorizar casos.
Ante este compromiso ético y profesional, el Director General, Andrés Castro, invita a los colombianos a denunciar cualquier caso de cobros extralegales que se presente en un caso de restitución de tierras, todo aquel que quiera aprovecharse de la ley de víctimas y restitución de tierras, y lucrarse de ella, tendrá que enfrentarse a la rigurosidad de la ley colombiana. Pedir la tierra que le corresponde a las víctimas no necesita intermediarios y es totalmente gratis.
Durante los primeros diez años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, con cifras generales a octubre de 2021, la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado 15.496 demandas ante los jueces de restitución en todo el territorio colombiano, logrando devolver más de 484.000 hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios, donde se han invertido $153.000 millones de pesos en proyectos productivos.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
REGIÓN
Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
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