CASANARE
“El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”: Excomandante Gaula Casanare
Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.
“Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército y excomandante del Gaula Militar de Casanare, Gustavo Soto Bracamonte, se paró este miércoles 10 de noviembre ante decenas de víctimas en Yopal y reconoció su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos bajo su comandancia en ese departamento. En un acto sin precedentes, humano y conmovedor, él y otros dos miembros retirados del Ejército le pidieron públicamente perdón a sus víctimas y al país.
En el acto convocado en conjunto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte respondió por más de 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que dejó su paso por esa unidad entre 2006 y 2007, y por las que ya fue condenado en la justicia ordinaria. En su intervención, leyó los nombres de una decena de sus víctimas y señaló sin dubitaciones: “Estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores”.
Allí mismo, relató en detalle las presiones que tuvo cuando llegó a dirigir el Gaula Militar en Casanare, desde los comandantes de brigada y división. Contó que a su llegada el entonces comandante de la brigada, coronel Henry Torres Escalante, lo recibió con la presión de los resultados de su antecesor: “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la brigada 16. Resultados reflejados en muertes”, dijo Bracamonte.
Según dijo, un sinnúmero de operaciones que terminaron ocasionando ‘falsos positivos’ se hizo porque llegaba el DAS u otros organismos de seguridad con supuesta información sobre extorsiones, con la cual se montaban los operativos. “Esas investigaciones donde está involucrado personal del DAS, del CTI, la Fiscalía de Villavicencio nunca las tocó, nunca las verificó. Pensarían ellos que porque estaba el DAS y el CTI no eran operaciones cuestionadas”, sostuvo.
En su relato, afirmó que a principios de 2007 firmó un acta en la que se comprometía a dar 25 bajas, pues la brigada tenía la meta de dar 100 bajas. Y explicó el origen de esas metas: “Fueron metas que puso el general Montoya. Entonces el comandante de la división decía ‘si yo tengo que dar 400 bajas y tengo 4 brigadas, cada una me da 100 bajas’. Y el comandante de brigada decía ‘si tengo 4 unidades, cada una me da 25′. Y así era como dividían qué cantidad le correspondía a cada uno”.
Así, dijo, se presentó una “carrera por las bajas” entre la brigada 16 y la cuarta brigada, de Barranquilla. “Hubo un momento en que la brigada 16 iba adelante, había pasado a la cuarta. Después nos decían ‘hermano mire a ver qué pasó porque nos pasó la cuarta brigada, ya dieron cinco, dieron ocho (bajas), miren a ver. Entonces empezaban todas esas presiones y lo que hicieron fue asesinar gente inocente: a todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero eso no era así”.
En su intervención recalcó con vehemencia el papel que en toda esa estructura jugó el general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército. “El general Montoya hacía programas radiales cada 15 días o cada mes, y en esos programas siempre leía las 10 primeras unidades, recalcando las muertes en combate, pidiendo resultados operacionañes. El Gaula Casanare siempre estuvo entre las 10 primeras, a mí siempre me felicitaban. Pero allí pude ver cómo amenazaba el general Montoya a muchos comandantes, a quienes les decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales”.
La presión no solo se daba en los programas radiales. El mayor retirado Soto Bracamonte sostuvo que en una reunión en agosto de 2006 de todos los comandantes de unidades tácticas de esa división con el comandante del Ejército, Montoya también amenazó comandantes. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.
“Lo peor que le pasó al Ejército fue la comandancia del general Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular”. Y añadió: “200 años de historia del Ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya”.
“Todo era acomodado”
Igual de profundo y vehemente resultó el testimonio del sargento segundo retirado del Ejército Faiber Amaya, quien también se paró en la misma tarima, de frente a las víctimas. Hizo énfasis en el grado de subordinación que enfrentan los militares frente a sus superiores, desde el primer momento en que entran a esa institución. “Desde que ingresamos nos dicen: ‘Todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden; no puede ir al baño si no es a orden; si quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga, es a orden’. Así se inicia la subordinación y eso a nosotros nos lo meten tan en el fondo de nuestra mente que si a usted le dicen tiene que pararse acá todo el día en un retén, usted todo el día se queda ahí, sin chistar, ni decir una palabra, porque usted está cumpliendo una orden”, explicó y agregó que esa subordinación fue la que lo llevó a cometer ‘falsos positivos’.
En su caso, tuvo un rol administrativo, encargado de darle apariencia de legalidad a las operaciones que causaban esas víctimas. “Todo iniciaba con la información que traía el informante, que solamente con decir ‘fulano de tal es…’, ya con eso se lanzaba una operación militar, autorizada por el comandante del Gaula y de la brigada. El resultado: todo era una película montada, nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo organizado. Esos supuestos informantes no lo eran, sino que eran reclutadores, que nos traían esos jóvenes inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra”, sostuvo.
Relató que cuando iniciaron las investigaciones en la justicia ordinaria, fue una estrategia coordinada guardar silencio y tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. “Empezó a correr la voz: nadie diga nada, guardemos silencio, no hablemos de nada. Tratábamos de tapar todos estos crímenes atroches que cometimos. Siempre negamos, pero nunca, nunca, se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy”.
Igualmente, mirando a las víctimas, les dedicó unas palabras para tratar de resarcir en algo el nombre de sus seres queridos asesinados a manos del Gaula Militar del Casanare, acusados de guerrilleros. “Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos no eran malas personas, ni mucho menos, como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones, no pertenecían a ninguna organización armada, ni eran guerrilleros. Fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. nunca se contrastó ninguna información para decir que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto. Eran jóvenes con futuros, y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esas personas que murieron en nuestras manos”, afirmó.
A los dos militares, junto a otro que habló de forma anónima durante el acto, los escucharon las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Por eso, ese territorio fue uno de los priorizados por esa jurisdicción para la investigación en el caso 03, sobre los ‘falsos positivos’.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien también intervino en el acto, lo que sucedió hoy es de una importancia trascendental. “Lo que pasó en el encuentro es una muestra de que en Colombia es posible llegar a reconciliaciones, es posible llegar a tener paz verdadera. Es un ejemplo importante por parte de los victimarios que desde sus experiencias de vida muestran arrepentimiento, solicitan perdón, pero más que eso, dan verdad y muestran realmente interés de llegar a un perdón por parte de las víctimas, aportando lo que ellos saben y vivieron durante el conflicto”.
Si bien, sostiene Rodríguez, son pocos los comparecientes agentes del Estado ante la justicia transicional frente a todo el universo que involucra los falsos positivos, es un paso fundamental. “Falta mucho, bastante, pero es un buen principio”.
Fuente: Tomado de www.elespectador.com
CASANARE
Gobernador César Zorro sigue llegándole a la gente, durante el fin de semana visitó varios municipios
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, durante el fin de semana estuvo recorriendo varios municipios para entregar obras, anunciar proyectos y verificar avances de infraestructura. En moto, avioneta y carro, Zorro mantiene su dinámica de trabajo en el campo, con presencia constante en las comunidades y una gestión que prioriza el contacto directo con los casanareños.
El recorrido inició el viernes en Chámeza, donde inauguró los puentes La Caracoleña y Tegüitana, estructuras que mejoran la movilidad rural y facilitan el transporte de productos agrícolas. En este municipio también inició la entrega de viviendas rurales dispersas. Desde la vereda Chuyaguá, el gobernador entregó a don Numael las llaves de su nueva casa, una de las 200 que se construirán en convenio con el Ministerio de Vivienda en Chámeza, Tauramena, Recetor, Aguazul y Nunchía.
Luego, el sábado, el mandatario se desplazó al norte del departamento, al municipio de Sácama, donde socializó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para la atención integral de niños y niñas. Durante el encuentro con la comunidad, también anunció nuevos proyectos que beneficiarán a las familias de esta zona del piedemonte casanareño.
El domingo la agenda continuó en la vereda La Mesa de Paz de Ariporo, junto a los diputados Alejandro López, Wilder Ávila y Omar Ortega. Allí el gobernador atendió las inquietudes de los habitantes, revisó obras en ejecución y presentó nuevas iniciativas que fortalecerán la infraestructura y el campo. Más tarde, se trasladó a su municipio natal, Támara, donde inauguró el proyecto de ampliación de redes de gas natural que beneficiará a 532 familias del área urbana y 13 veredas. Actualmente, la ejecución del proyecto alcanza un 80%.
El lunes festivo, la jornada cerró en Orocué, en el Palmar de Altamira, donde Zorro conoció de primera mano el proceso de cosecha, recolección y extracción del aceite de palma. El mandatario destacó el potencial del sector agroindustrial y las oportunidades que genera para el desarrollo económico del departamento.
Durante los cuatro días de agenda, el gobernador mantuvo una agenda activa de campo, centrada en la inspección de obras y en la articulación con los casanareños. “Llevamos nuestra oficina al territorio, como debe ser. Gobernar no es esperar que la gente llegue, es ir a su encuentro”, afirmó Zorro al término de la jornada.
CASANARE
Procuraduría verifica proceso de creación de nueva sede de Medicina Legal en Paz de Ariporo
La Procuraduría General de la Nación lideró una mesa de seguimiento interinstitucional para avanzar en la creación de una sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el norte de Casanare, con sede en el municipio de Paz de Ariporo. La actuación se enmarca en el cumplimiento de los compromisos establecidos en torno a la medida cautelar 098 de 2020 relacionada con el resguardo indígena Caño Mochuelo, mesas de concertación y espacios de diálogo para construir consensos.
En la mesa de trabajo participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Secretaría de Salud de Casanare, Red Salud Casanare E.S.E. y las alcaldías de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Támara y La Salina, entre otras. Las entidades revisaron el cumplimiento de la creación de esta sede como parte de la ruta de atención de casos de violencia sexual, que sigue en construcción con la Fiscalía Seccional de Casanare, Medicina Legal y demás entidades vinculadas.
Como resultados de este espacio, Medicina Legal realizará visita de inspección a la infraestructura en Paz de Ariporo para emitir concepto de viabilidad; la Dirección Seccional desarrollará capacitación clínica al médico del Servicio Social Obligatorio en Yopal y gestionará la autorización de un médico forense y un auxiliar; y la Secretaría de Salud Departamental apoyará con un médico clínico para víctimas de violencia no forense durante cuatro meses.
La nueva sede ampliará la cobertura para más de 60.000 habitantes del norte del departamento, incluyendo catorce comunidades indígenas de los pueblos Wamonae, Sikuani, Sáliba, Piapoco, Yamalero, Yaruro, Maiben Masiware, Waupijiwi, Amorúa y Tsirupu del resguardo Caño Mochuelo. El ente de control continuará el acompañamiento y seguimiento a los compromisos interinstitucionales para fortalecer la calidad de vida de las comunidades casanareñas.
CASANARE
Continúa búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto en Chámeza y Recetor
En Casanare, donde se registran más de dos mil personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, el miedo generado a raíz de la violencia ha dejado huellas dolorosas y difíciles de borrar en varias comunidades.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha fortalecido su trabajo territorial por medio de alianzas con las comunidades, con el objetivo de lograr procesos de búsqueda exitosos, participativos y reparadores. Es así como, sin ningún interés, más allá del de contribuir a aliviar el dolor de quienes buscan, la organización Familiares Colombia se ha vinculado a los procesos propuestos por la UBPD.
Búsquedas en Chámeza y Recetor
Con ellos, se ha podido afianzar los lazos de confianza entre la entidad y los hombres y mujeres buscadoras de los municipios de Chámeza y Recetor, que llevan muchos años haciéndose preguntas y esperando el regreso de sus seres queridos.
Estas labores han permitido ampliar la información sobre cada uno de los casos, reconstruir los patrones y trayectorias de las desapariciones ocurridas en este territorio a través de ejercicios de cartografía social y de la identificación de posibles fuentes de información.
Además, durante septiembre de 2025 se realizó un ejercicio inédito: personas buscadoras, miembros de la línea fundadora de la organización Familiares Colombia y funcionarios de la Unidad de Búsqueda, a lomo de mula recorrieron algunas veredas de Chámeza y Recetor, visitando fincas y dialogando con la gente con la intención de sensibilizar y dar a conocer el mandato humanitario de la entidad. Allí lograron identificar sitios de interés para la búsqueda, con potencial forense y reconstruir hipótesis de casos en los que no se tenía suficiente información.
Según el Universo de casos de la Unidad de Búsqueda, en Chámeza se registran 47 personas dadas por desaparecidas, en Recetor hay 67 casos, más. En Casanare, la Unidad de Búsqueda ha logrado la recuperación de 103 cuerpos.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 4 sedes satélite en el país, donde recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permitan encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. En Casanare, la sede está ubicada en la Calle 16 # 22 – 65, barrio Bello Horizonte, también se puede contactar a través del 3162809395 y del correo: tyopalcorrespondencia@
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