CASANARE
“El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”: Excomandante Gaula Casanare
Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.
“Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército y excomandante del Gaula Militar de Casanare, Gustavo Soto Bracamonte, se paró este miércoles 10 de noviembre ante decenas de víctimas en Yopal y reconoció su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos bajo su comandancia en ese departamento. En un acto sin precedentes, humano y conmovedor, él y otros dos miembros retirados del Ejército le pidieron públicamente perdón a sus víctimas y al país.
En el acto convocado en conjunto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte respondió por más de 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que dejó su paso por esa unidad entre 2006 y 2007, y por las que ya fue condenado en la justicia ordinaria. En su intervención, leyó los nombres de una decena de sus víctimas y señaló sin dubitaciones: “Estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores”.
Allí mismo, relató en detalle las presiones que tuvo cuando llegó a dirigir el Gaula Militar en Casanare, desde los comandantes de brigada y división. Contó que a su llegada el entonces comandante de la brigada, coronel Henry Torres Escalante, lo recibió con la presión de los resultados de su antecesor: “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la brigada 16. Resultados reflejados en muertes”, dijo Bracamonte.
Según dijo, un sinnúmero de operaciones que terminaron ocasionando ‘falsos positivos’ se hizo porque llegaba el DAS u otros organismos de seguridad con supuesta información sobre extorsiones, con la cual se montaban los operativos. “Esas investigaciones donde está involucrado personal del DAS, del CTI, la Fiscalía de Villavicencio nunca las tocó, nunca las verificó. Pensarían ellos que porque estaba el DAS y el CTI no eran operaciones cuestionadas”, sostuvo.
En su relato, afirmó que a principios de 2007 firmó un acta en la que se comprometía a dar 25 bajas, pues la brigada tenía la meta de dar 100 bajas. Y explicó el origen de esas metas: “Fueron metas que puso el general Montoya. Entonces el comandante de la división decía ‘si yo tengo que dar 400 bajas y tengo 4 brigadas, cada una me da 100 bajas’. Y el comandante de brigada decía ‘si tengo 4 unidades, cada una me da 25′. Y así era como dividían qué cantidad le correspondía a cada uno”.
Así, dijo, se presentó una “carrera por las bajas” entre la brigada 16 y la cuarta brigada, de Barranquilla. “Hubo un momento en que la brigada 16 iba adelante, había pasado a la cuarta. Después nos decían ‘hermano mire a ver qué pasó porque nos pasó la cuarta brigada, ya dieron cinco, dieron ocho (bajas), miren a ver. Entonces empezaban todas esas presiones y lo que hicieron fue asesinar gente inocente: a todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero eso no era así”.
En su intervención recalcó con vehemencia el papel que en toda esa estructura jugó el general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército. “El general Montoya hacía programas radiales cada 15 días o cada mes, y en esos programas siempre leía las 10 primeras unidades, recalcando las muertes en combate, pidiendo resultados operacionañes. El Gaula Casanare siempre estuvo entre las 10 primeras, a mí siempre me felicitaban. Pero allí pude ver cómo amenazaba el general Montoya a muchos comandantes, a quienes les decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales”.
La presión no solo se daba en los programas radiales. El mayor retirado Soto Bracamonte sostuvo que en una reunión en agosto de 2006 de todos los comandantes de unidades tácticas de esa división con el comandante del Ejército, Montoya también amenazó comandantes. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.
“Lo peor que le pasó al Ejército fue la comandancia del general Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular”. Y añadió: “200 años de historia del Ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya”.
“Todo era acomodado”
Igual de profundo y vehemente resultó el testimonio del sargento segundo retirado del Ejército Faiber Amaya, quien también se paró en la misma tarima, de frente a las víctimas. Hizo énfasis en el grado de subordinación que enfrentan los militares frente a sus superiores, desde el primer momento en que entran a esa institución. “Desde que ingresamos nos dicen: ‘Todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden; no puede ir al baño si no es a orden; si quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga, es a orden’. Así se inicia la subordinación y eso a nosotros nos lo meten tan en el fondo de nuestra mente que si a usted le dicen tiene que pararse acá todo el día en un retén, usted todo el día se queda ahí, sin chistar, ni decir una palabra, porque usted está cumpliendo una orden”, explicó y agregó que esa subordinación fue la que lo llevó a cometer ‘falsos positivos’.
En su caso, tuvo un rol administrativo, encargado de darle apariencia de legalidad a las operaciones que causaban esas víctimas. “Todo iniciaba con la información que traía el informante, que solamente con decir ‘fulano de tal es…’, ya con eso se lanzaba una operación militar, autorizada por el comandante del Gaula y de la brigada. El resultado: todo era una película montada, nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo organizado. Esos supuestos informantes no lo eran, sino que eran reclutadores, que nos traían esos jóvenes inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra”, sostuvo.
Relató que cuando iniciaron las investigaciones en la justicia ordinaria, fue una estrategia coordinada guardar silencio y tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. “Empezó a correr la voz: nadie diga nada, guardemos silencio, no hablemos de nada. Tratábamos de tapar todos estos crímenes atroches que cometimos. Siempre negamos, pero nunca, nunca, se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy”.
Igualmente, mirando a las víctimas, les dedicó unas palabras para tratar de resarcir en algo el nombre de sus seres queridos asesinados a manos del Gaula Militar del Casanare, acusados de guerrilleros. “Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos no eran malas personas, ni mucho menos, como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones, no pertenecían a ninguna organización armada, ni eran guerrilleros. Fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. nunca se contrastó ninguna información para decir que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto. Eran jóvenes con futuros, y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esas personas que murieron en nuestras manos”, afirmó.
A los dos militares, junto a otro que habló de forma anónima durante el acto, los escucharon las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Por eso, ese territorio fue uno de los priorizados por esa jurisdicción para la investigación en el caso 03, sobre los ‘falsos positivos’.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien también intervino en el acto, lo que sucedió hoy es de una importancia trascendental. “Lo que pasó en el encuentro es una muestra de que en Colombia es posible llegar a reconciliaciones, es posible llegar a tener paz verdadera. Es un ejemplo importante por parte de los victimarios que desde sus experiencias de vida muestran arrepentimiento, solicitan perdón, pero más que eso, dan verdad y muestran realmente interés de llegar a un perdón por parte de las víctimas, aportando lo que ellos saben y vivieron durante el conflicto”.
Si bien, sostiene Rodríguez, son pocos los comparecientes agentes del Estado ante la justicia transicional frente a todo el universo que involucra los falsos positivos, es un paso fundamental. “Falta mucho, bastante, pero es un buen principio”.
Fuente: Tomado de www.elespectador.com
CASANARE
Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera
El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.
La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).
Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.
Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.
Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.
Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.
CASANARE
Alto costo del cierre financiero en proyecto Torres de San Salvador en Yopal genera inconformismo
El proyecto de vivienda “Torres de San Salvador”, que contempla la construcción de 416 apartamentos de interés social (VIS) en Yopal de manera conjunta entre la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare sigue avanzando en su estructuración. Los detalles de esta iniciativa fueron presentados y discutidos en una mesa de trabajo organizada en el Concejo Municipal de Yopal.
La propuesta incluye el desarrollo de cuatro torres multifamiliares, con apartamentos de aproximadamente 61,96 metros cuadrados cada uno, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 21, antigua sede de la Subasta Ganadera. Además de las unidades residenciales, el diseño contempla un bloque comercial de un piso para integrar servicios y actividad económica.
Se construirán torres de 13 pisos con 8 apartamentos por piso, de acuerdo con lo expresado por el Gerente del INDEV, Nelson Nieto. Un tema que generó controversia entre la ciudadanía asistente a la mesa de trabajo, fue el elevado costo del cierre financiero para las familias que salgan beneficiadas, lo cual dejaría por fuera a núcleos familiares vulnerables.
Según explicó Nelson Nieto, Gerente del INDEV, estos costos estarán en $63, $73 y $83 millones de pesos para cada familia, teniendo en cuenta el puntaje que logren luego del análisis de la documentación que presenten para ingresar al proyecto, cuando se abra la convocatoria.
En el encuentro participaron representantes de la secretaría de planeación, el instituto de desarrollo urbano y vivienda de Yopal (indev) y la gobernación de Casanare. Ellos expusieron los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de este complejo habitacional a concejales y asistentes.
Se ha informado que habrá una convocatoria para familias interesadas, con requisitos como ahorro programado y acceso a crédito. La administración municipal también está habilitando predios sociales prioritarios para entregar lotes con servicios públicos, impulsando la vivienda formal y planificada en la ciudad.
Después de más de 13 años de espera, el proceso de titulación de predios para familias del sector La Chaparrera comienza a materializarse. Se ha informado el inicio de la transferencia de propiedades de la Gobernación de Casanare al municipio de Yopal, un paso esencial para el saneamiento jurídico y la posterior entrega de títulos.
Durante una jornada de socialización con la comunidad, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Perilla, junto con la secretaria general de la gobernación de Casanare, Neydi Oróstegui, explicaron los avances técnicos y administrativos que permitirán formalizar las viviendas.
Actualmente, 71 predios figuran a nombre de la gobernación; de estos, ocho ya han sido transferidos al municipio, y 25 están pendientes de localización espacial. Además, se han recibido 30 solicitudes de familias interesadas en formalizar sus predios, con tres de ellas ya en proceso de titulación.
Este proceso de transferencia facultará al municipio para continuar con las etapas necesarias para la legalización de las viviendas y la expedición de títulos de propiedad. Adán Wilches Espinosa, beneficiario, expresó su satisfacción. La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, busca consolidar el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus hogares.
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