CASANARE
“El general Montoya nos evaluó por litros de sangre”: Excomandante Gaula Casanare
Tres exintegrantes del Ejército vinculados en casos de ‘falsos positivos’ en Casanare reconocieron este miércoles ante sus víctimas su responsabilidad en la comisión de esos hechos. Entre ellos, el mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte, que comandó el Gaula militar en ese departamento entre 2006 y 2007, unidad que dejó más de 70 víctimas.
“Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos”. Con esas palabras, el mayor retirado del Ejército y excomandante del Gaula Militar de Casanare, Gustavo Soto Bracamonte, se paró este miércoles 10 de noviembre ante decenas de víctimas en Yopal y reconoció su responsabilidad en los casos de ‘falsos positivos’ cometidos bajo su comandancia en ese departamento. En un acto sin precedentes, humano y conmovedor, él y otros dos miembros retirados del Ejército le pidieron públicamente perdón a sus víctimas y al país.
En el acto convocado en conjunto por la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, Soto Bracamonte respondió por más de 70 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que dejó su paso por esa unidad entre 2006 y 2007, y por las que ya fue condenado en la justicia ordinaria. En su intervención, leyó los nombres de una decena de sus víctimas y señaló sin dubitaciones: “Estas personas no eran combatientes ni delincuentes. Se reportaron de esa manera solo para satisfacer las necesidades de mis superiores”.
Allí mismo, relató en detalle las presiones que tuvo cuando llegó a dirigir el Gaula Militar en Casanare, desde los comandantes de brigada y división. Contó que a su llegada el entonces comandante de la brigada, coronel Henry Torres Escalante, lo recibió con la presión de los resultados de su antecesor: “No se vaya a dejar ganar del mayor Camargo, que es un excelente oficial, mire los resultados. Y me mostró ahí en el centro de operaciones, en un tablero blanco de unos 50 cm, todos los resultados de la brigada 16. Resultados reflejados en muertes”, dijo Bracamonte.
Según dijo, un sinnúmero de operaciones que terminaron ocasionando ‘falsos positivos’ se hizo porque llegaba el DAS u otros organismos de seguridad con supuesta información sobre extorsiones, con la cual se montaban los operativos. “Esas investigaciones donde está involucrado personal del DAS, del CTI, la Fiscalía de Villavicencio nunca las tocó, nunca las verificó. Pensarían ellos que porque estaba el DAS y el CTI no eran operaciones cuestionadas”, sostuvo.
En su relato, afirmó que a principios de 2007 firmó un acta en la que se comprometía a dar 25 bajas, pues la brigada tenía la meta de dar 100 bajas. Y explicó el origen de esas metas: “Fueron metas que puso el general Montoya. Entonces el comandante de la división decía ‘si yo tengo que dar 400 bajas y tengo 4 brigadas, cada una me da 100 bajas’. Y el comandante de brigada decía ‘si tengo 4 unidades, cada una me da 25′. Y así era como dividían qué cantidad le correspondía a cada uno”.
Así, dijo, se presentó una “carrera por las bajas” entre la brigada 16 y la cuarta brigada, de Barranquilla. “Hubo un momento en que la brigada 16 iba adelante, había pasado a la cuarta. Después nos decían ‘hermano mire a ver qué pasó porque nos pasó la cuarta brigada, ya dieron cinco, dieron ocho (bajas), miren a ver. Entonces empezaban todas esas presiones y lo que hicieron fue asesinar gente inocente: a todas ellas siempre se les maquilló como que pertenecían a una organización criminal, pero eso no era así”.
En su intervención recalcó con vehemencia el papel que en toda esa estructura jugó el general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército. “El general Montoya hacía programas radiales cada 15 días o cada mes, y en esos programas siempre leía las 10 primeras unidades, recalcando las muertes en combate, pidiendo resultados operacionañes. El Gaula Casanare siempre estuvo entre las 10 primeras, a mí siempre me felicitaban. Pero allí pude ver cómo amenazaba el general Montoya a muchos comandantes, a quienes les decía que los relevaba por no brindar resultados operacionales”.
La presión no solo se daba en los programas radiales. El mayor retirado Soto Bracamonte sostuvo que en una reunión en agosto de 2006 de todos los comandantes de unidades tácticas de esa división con el comandante del Ejército, Montoya también amenazó comandantes. “El comandante de la brigada proyectaba con videobeam los resultados de cada unidad y el comandante de cada una pasaba al frente, para que el general Montoya lo viera. Ahí pude ver cómo amenazó con relevar al comandante del batallón de infantería Joaquín París de San José del Guaviare por falta de resultados operacionales. Posteriormente lo relevó”.
“Lo peor que le pasó al Ejército fue la comandancia del general Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular”. Y añadió: “200 años de historia del Ejército y me tocó la época más difícil, la del general Mario Montoya”.
“Todo era acomodado”
Igual de profundo y vehemente resultó el testimonio del sargento segundo retirado del Ejército Faiber Amaya, quien también se paró en la misma tarima, de frente a las víctimas. Hizo énfasis en el grado de subordinación que enfrentan los militares frente a sus superiores, desde el primer momento en que entran a esa institución. “Desde que ingresamos nos dicen: ‘Todo acá es a orden. Usted no puede levantarse si no es a orden; no puede ir al baño si no es a orden; si quiere hablar, es a orden. Todo lo que usted haga, es a orden’. Así se inicia la subordinación y eso a nosotros nos lo meten tan en el fondo de nuestra mente que si a usted le dicen tiene que pararse acá todo el día en un retén, usted todo el día se queda ahí, sin chistar, ni decir una palabra, porque usted está cumpliendo una orden”, explicó y agregó que esa subordinación fue la que lo llevó a cometer ‘falsos positivos’.
En su caso, tuvo un rol administrativo, encargado de darle apariencia de legalidad a las operaciones que causaban esas víctimas. “Todo iniciaba con la información que traía el informante, que solamente con decir ‘fulano de tal es…’, ya con eso se lanzaba una operación militar, autorizada por el comandante del Gaula y de la brigada. El resultado: todo era una película montada, nada de lo que pasaba en los documentos que nosotros dejábamos era la realidad. Todo era acomodado, todo organizado. Esos supuestos informantes no lo eran, sino que eran reclutadores, que nos traían esos jóvenes inocentes, que no tenían nada que ver con la guerra”, sostuvo.
Relató que cuando iniciaron las investigaciones en la justicia ordinaria, fue una estrategia coordinada guardar silencio y tratar de ocultar lo que estaba ocurriendo. “Empezó a correr la voz: nadie diga nada, guardemos silencio, no hablemos de nada. Tratábamos de tapar todos estos crímenes atroches que cometimos. Siempre negamos, pero nunca, nunca, se nos pasó por la mente hacer lo que estamos haciendo hoy”.
Igualmente, mirando a las víctimas, les dedicó unas palabras para tratar de resarcir en algo el nombre de sus seres queridos asesinados a manos del Gaula Militar del Casanare, acusados de guerrilleros. “Sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos no eran malas personas, ni mucho menos, como lo dijeron en medios radiales o en informes de operaciones, no pertenecían a ninguna organización armada, ni eran guerrilleros. Fueron víctimas de las malas decisiones y de las irresponsabilidades de nosotros como miembros de una institución. nunca se contrastó ninguna información para decir que eso era tal y como lo decía el supuesto informante. Fueron víctimas de nosotros y no tenían nada que ver con el conflicto. Eran jóvenes con futuros, y qué importante hoy decirles y reconocer el buen nombre de esas personas que murieron en nuestras manos”, afirmó.
A los dos militares, junto a otro que habló de forma anónima durante el acto, los escucharon las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 2002 y 2008, 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare. Por eso, ese territorio fue uno de los priorizados por esa jurisdicción para la investigación en el caso 03, sobre los ‘falsos positivos’.
Para el abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien también intervino en el acto, lo que sucedió hoy es de una importancia trascendental. “Lo que pasó en el encuentro es una muestra de que en Colombia es posible llegar a reconciliaciones, es posible llegar a tener paz verdadera. Es un ejemplo importante por parte de los victimarios que desde sus experiencias de vida muestran arrepentimiento, solicitan perdón, pero más que eso, dan verdad y muestran realmente interés de llegar a un perdón por parte de las víctimas, aportando lo que ellos saben y vivieron durante el conflicto”.
Si bien, sostiene Rodríguez, son pocos los comparecientes agentes del Estado ante la justicia transicional frente a todo el universo que involucra los falsos positivos, es un paso fundamental. “Falta mucho, bastante, pero es un buen principio”.
Fuente: Tomado de www.elespectador.com
Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.
El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.
Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.
Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.
Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.
Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.
La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.
De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.
Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.
Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.
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La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.
Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.
El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.
La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.
“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.
A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.
