CASANARE
Ejército reporta captura de secuaces de “Antonio Medina”
En las últimas horas se logró la captura por orden judicial de dos presuntos integrantes de las disidencias del Frente 28 de las Farc.
La operación se llevó a cabo en la vereda Cizareque, del municipio de Támara, hasta donde llegaron las autoridades para hacer efectiva la orden de allanamiento a dos inmuebles y una orden de captura en contra de alias Fredy Hormigo, por los delitos de extorsión y rebelión.
En el desarrollo de la operación también fue detenido alias Loncho, a quien se le incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones.
INVESTIGACIÓN
Según información de inteligencia militar, alias Fredy Hormigo llevaría más de 16 años dedicado a realizar actividades ilícitas y habría pertenecido a los extintos frentes 56, 10 y 28 de las Farc, donde al parecer se desempeñó como jefe de milicias, jefe financiero y explosivista.
En la actualidad, al parecer este sujeto se desempeñaría como tercer cabecilla de las mencionadas disidencias, donde sería el encargado de llevar a cabo extorsiones a los diferentes gremios económicos del departamento de Casanare, conseguir material bélico para el grupo ilegal, realizar inteligencia delictiva a la Fuerza Pública y seleccionar empresas o personas para posteriormente presionarlos, a través de llamadas, panfletos o videos por whatsapp, para el pago de extorsiones.
De igual manera, alias Loncho, oriundo de Saravena, Arauca, fue integrante de las redes de apoyo al terrorismo del extinto Frente 28 de las Farc; estuvo detenido entre los años 2011 y 2012 por el delito de rebelión y, actualmente, haría parte de las disidencias Subestructura 28, donde se desempeñaba en la realización de inteligencia delictiva en Támara.
La captura de alias Fredy Hormigo se constituye en un duro golpe a este grupo armado ilegal, ya que pierden capacidad logística y financiera delictiva en los municipios de Támara, Paz de Ariporo, Hato Corozal y Sácama, en Casanare, y el municipio de Tame, en Arauca.
Fuente: Octava División – Ejército Nacional
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



