META
Ejército anuncia despliegue de tropas para evitar expansión de grupos armados en el Meta
En un encuentro estratégico liderado por el Brigadier General Freddy Gómez Gamba, Comandante de la Cuarta División, junto con el Coronel Gerson Rincón Morantes, comandante de la Séptima Brigada y Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, se plasmaron acciones claves para un 2025 de contundencia operacional en este departamento.
Durante la jornada, se discutió y analizó la estrategia que será implementada a lo largo del 2025 para contrarrestar las amenazas a la seguridad y fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales y urbanas del Meta. En la mesa de trabajo se abordaron temas clave como la lucha contra los grupos armados organizados, el combate a economías ilícitas, la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de la relación con las comunidades.
Estrategia para fortalecer la seguridad en el Meta
Entre los principales ejes estratégicos acordados durante la reunión, se encuentran, el aumento inmediato de operaciones militares, despliegue de tropas en áreas estratégicas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados y desarticulación de estructuras delincuenciales que pretenden amenazar la seguridad del departamento.
El Ejército recalcó que continúa la lucha contra economías ilícitas, por lo que se reforzarán las acciones contra el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de recursos naturales, con el fin de debilitar las fuentes de financiación de los grupos ilegales y preservar el medio ambiente.
Se intensificarán los puestos de control en corredores estratégicos del departamento, con el objetivo de garantizar la movilidad segura de los ciudadanos y el comercio.
En cuando a la protección de la población civil, se fortalecerán las estrategias de inteligencia y prevención para evitar el reclutamiento forzado de menores, las amenazas a líderes sociales y las acciones violentas contra la comunidad, para esto realizan trabajo interinstitucional y acercamiento con la comunidad, se impulsarán iniciativas conjuntas con las autoridades locales, organizaciones sociales y la empresa privada para generar espacios de participación y cooperación que permitan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de los habitantes.
Finalmente, los comandantes territoriales coincidieron en que el trabajo en equipo con la población es clave para el éxito de las estrategias de seguridad. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier acto que atente contra la tranquilidad de la región en las líneas telefónicas 147 de Gaula Militar y línea 107 contra el terrorismo.
Fuente: Cuarta División
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
