REGIÓN
Ecuatoriano proveía armas y explosivos a las disidencias de las Farc en Meta y Caquetá
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de quien sería uno de los mayores proveedores de armas, explosivos, víveres, uniformes y otros elementos para las disidencias de las Farc en el oriente del país.
Se trata de Cesar Rafael Tocagón Peña, un ciudadano ecuatoriano que, al aparecer, usaba la fachada de comerciante de ropa, tejidos, zapatos y artesanías de su país para cubrir todas las necesidades del grupo armado ilegal.
Esta persona tendría almacenes en La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y otros municipios de la región. De esta manera, mantenía un alto movimiento de mercancía que, supuestamente, le permitía ocultar fusiles y munición de diferentes calibres, y distintos artículos que le solicitaban Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte; Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; y otros cabecillas de la estructura autodenominada Jorge Briceño Suárez.
Adicionalmente, la Fiscalía estableció que Tocagón Peña, presuntamente, frecuentaba los campamentos de las disidencias de las Farc y suministraba información sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar la planeación de acciones terroristas. Abundante material de prueba y evidencia técnica, como conversaciones telefónicas, permitieron conocer cómo el ciudadano extranjero negociaba una amplia variedad de elementos con los jefes del grupo armado ilegal y concertaba la manera más rápida para hacérselos llegar sin ser rastreados.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; utilización ilegal de uniformes e insignias; y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel.
Recorrido criminal
Cesar Rafael Tocagón Peña fue capturado en uno de sus locales comerciales, en la inspección de San Juan de Lozada, en La Macarena (Meta). En el procedimiento realizado de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional se incautaron dos celulares que contienen datos relevantes sobre sus contactos y proveedores.
Las investigaciones dan cuenta de que este hombre habría iniciado su actuar ilegal en 2017. Recientemente, fue expedida en su contra una notificación azul de INTERPOL ante la posibilidad de que se moviera a Ecuador u otro país. De igual manera, se estableció que portaba una cédula de ciudadanía colombiana con su fotografía, la cual era auténtica, pero correspondía a otra persona.
La Dirección Especializada de Extinción de dominio de la Fiscalía asumió las actividades correspondientes para detectar los bienes de Tocagón Peña e imponer las medidas cautelares a las que haya lugar.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
