REGIÓN
Ecopetrol y Fundación Natura firmaron convenio para conservación de humedales
El Grupo Ecopetrol y la Fundación Natura firmaron el convenio “CO2 Humedales”, que busca conservar y restaurar ecosistemas tropicales de bosques a nivel nacional y humedales de agua dulce en el Magdalena Medio y Bajo, así como formular y aplicar acciones para la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) generados por la degradación de estos ecosistemas.
A través de “CO2 Humedales”, por primera vez en el país se implementarán y adaptarán metodologías basadas en ciencia con el fin de medir la capacidad de los humedales para capturar carbono.
La iniciativa, que tendrá una duración de tres años y contará con una inversión de más de 19 mil millones de pesos, incluye 200 acuerdos de conservación con comunidades de las zonas y la siembra de 650 mil árboles en los departamentos de Santander, Antioquia, Huila, Cundinamarca, Meta y Casanare, que se suman a la meta del Grupo Ecopetrol de plantar 6 millones de árboles al 2022.
La primera jornada de siembra se llevó a cabo en la reserva biológica Encenillo ubicada en Guasca (Cundinamarca) con la participación de funcionarios de Ecopetrol y la Fundación Natura.
“Este convenio hace parte del portafolio de soluciones naturales del clima, que es uno de los principales frentes de trabajo del plan del Grupo Ecopetrol para alcanzar la meta de cero emisiones netas de carbono al 2050. También buscamos, a partir de este tipo de proyectos, generar beneficios ambientales y sociales adicionales para las comunidades y territorios cercanos al proyecto”, indicó Santiago Martínez, Gerente de Sostenibilidad y Descarbonización de Ecopetrol.
La ciénaga de Barbacoas, ubicada el municipio de Yondó (Antioquia), con una extensión de 32.072 hectáreas, es uno de los humedales que hacen parte del convenio.
El otro humedal es el Complejo Cenagoso de la Zapatosa, con un área total de 287.998 hectáreas, de las cuales 129.077 hacen parte de “CO2 Humedales” con influencia en los municipios de El Banco (Magdalena), Tamalameque, Chiriguaná, Curumaní y Chimichagua (Cesar).
“Durante más de 10 años, Ecopetrol y la Fundación Natura han trabajado conjuntamente en proyectos de carbono forestal, estufas eficientes y restauración ecológica. Esta nueva alianza se materializa en un momento muy importante, particularmente en la década de la restauración de los ecosistemas declarada por la ONU”, manifestó Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.
El Grupo Ecopetrol y la Fundación Natura están comprometidos con la conservación de los ecosistemas del país y la generación de oportunidades para los territorios y sus comunidades, alrededor del manejo y uso sostenible de los recursos naturales.
Fuente: Ecopetrol
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
