REGIÓN
Ecopetrol responde a gobernadores de Meta y Casanare por asignación de gas natural vehicular
Ecopetrol informó que ha puesto en el mercado colombiano gas natural en firme de largo plazo, proveniente de los campos Cusiana, Cupiagua y Floreña, y aclaró que todos sus procesos de comercialización se han realizado bajo el marco de la normativa vigente. La compañía respondió así a los cuestionamientos de los gobernadores de Meta y Casanare, quienes expresaron preocupación por la no destinación de gas natural vehicular (GNV) a partir del primero de diciembre de 2025.
De acuerdo con la empresa, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución CREG 102 015 de 2025, que priorizan la atención de la demanda esencial en el país. En este sentido, Ecopetrol explicó que tanto los hogares como los pequeños comercios cuentan con una cobertura del 100% en Casanare y Meta, lo que garantiza la seguridad energética de miles de familias y evita incrementos en los precios por compras de gas importado o en el mercado secundario.
Primero la demanda residencial y comercial
La compañía detalló que entre enero y octubre de 2025 se realizaron varios procesos de comercialización abiertos a todo el país, de los cuales resultaron beneficiadas empresas como ENERCA, Gases del Cusiana y la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Orocué, asegurando el suministro para la demanda residencial, comercial y de GNV en estas regiones. Sin embargo, recordó que ante limitaciones de oferta, la normativa establece una priorización que ubica al GNV en tercer lugar, después de los usuarios residenciales y comerciales.
Ecopetrol también señaló que en junio de 2025 abrió un proceso de comercialización con contratos en firme hasta 2029, en el que adjudicó gas natural a compañías de Meta y Casanare, garantizando la cobertura de la demanda esencial desde diciembre de este año hasta noviembre de 2028. Posteriormente, en septiembre, ofreció nuevas cantidades del campo Floreña para cubrir la demanda entre 2026 y 2028, logrando precios competitivos que mantienen las tarifas más bajas del país.
La estatal petrolera precisó que el GNV, pese a ser considerado demanda esencial, puede verse limitado cuando la disponibilidad del recurso obliga a priorizar primero a los hogares y pequeños comercios. En ese contexto, la asignación se hace siguiendo estrictamente la regulación, sin que ello implique decisiones discrecionales por parte de la empresa.
Finalmente, Ecopetrol reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, las autoridades locales y los operadores del sector, con el fin de habilitar mayores cantidades de gas y encontrar soluciones estructurales que permitan atender las necesidades energéticas de los Llanos Orientales, garantizando transparencia, estabilidad económica y cumplimiento normativo.
Fuente: El Diario del Llano
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
