CASANARE
Ecopetrol, primera empresa en apoyar el programa de Educación Superior Generación E
Ecopetrol y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), suscribieron un convenio para apoyar el programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior “Generación E”, que contribuirá a la formación profesional de jóvenes con altos niveles académicos y bajos ingresos.
Este programa fue lanzado por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, con el fin de impulsar una educación superior incluyente, de calidad y en reconocimiento a la excelencia académica. Ecopetrol es la primera empresa que se vincula a esta iniciativa.
La inversión de Ecopetrol para los 46 meses de vigencia del convenio es de $36 mil millones, con lo cual apoyará a cerca de 1.500 jóvenes de un total de 16.000 estudiantes de todos los departamentos del país, que participarán del componente de Excelencia del programa entre 2018 y 2022.
El beneficio consiste en el pago del 100% del valor de la matrícula en instituciones de educación superior privadas y un apoyo para gastos de sostenimiento. El valor de cada matrícula se financia de la siguiente manera: el Ministerio de Educación aporta el 50%, las universidades privadas en las que estudian los jóvenes el 25% y Ecopetrol el 25% restante.
Los beneficiados deberán ser bachilleres graduados y encontrarse dentro de los tres mejores puntajes de la prueba Saber 11 de cada departamento y de Bogotá. El listado de favorecidos será publicado por el Ministerio de Educación al ICETEX, institución que adelantará la convocatoria. “Con acciones concretas refirmamos nuestro compromiso con los territorios y con la mejora en la calidad de la educación. Apoyar el programa Generación E, es un aporte más de Ecopetrol al cierre de brechas en educación y al futuro de los jóvenes del país”, dijo el Presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
Este nuevo aporte de la Empresa a la educación superior se suma al programa Bachilleres Ecopetrol, que ha entregado becas a 1.511 jóvenes en sus 33 años de historia, y al programa Utopía de la Universidad de La Salle, que beneficia a 40 jóvenes interesados en el desarrollo agropecuario de sus regiones de origen.
Fuente: Comunicaciones ECOPETROL
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
