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Dos exalcaldes de Puerto Gaitán en lios judiciales por presuntas irregularidades en contratación

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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Puerto Gaitán, Meta, José Alexander Fierro Guayara (2016 – 2019), y Jorge Edelio Plazas Hernández (2020 – 2023), así como a otras ocho personas, por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Terminal de Transporte del municipio.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Infraestructura del municipio entre los años 2019 y 2022, Héctor Javier Herrera Castro, Gina Paola León Vanegas, Pablo Alexis Rodríguez Segovia, James Alberto Álvarez Pardo, Ciro Alberto Moreno Cuartas y Agustín Alonso Torres González, quienes en diferentes momentos tuvieron a su cargo la supervisión del contrato de interventoría, firmado por 266 millones de pesos.
Los cargos también se dictaron contra los representantes legales de las empresas que integraron el Consorcio Terminal 2018, encargado de la interventoría de los trabajos, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández.
Segú la Procuraduía, al parecer las obras objeto de la investigación se habrían iniciado sin contar con los estudios y diseños necesarios que permitieran establecer la viabilidad del proyecto, y sin contar con el aval del Ministerio de Transporte para el funcionamiento del terminal, situación que generó retrasos en el desarrollo de las obras, las cuales fueron contratadas por 5.298 millones de pesos y financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
Por su parte, los entonces secretarios de Infraestructura al parecer omitieron informar a la alcaldía que el Consorcio Terminal 2018 no veló por el estricto cumplimiento y correcta ejecución del objeto del contrato, pues no habría atendido oportunamente las observaciones hechas por el constructor respecto a las deficiencias técnicas que presentaba el proyecto, ni adelantó de manera oportuna el trámite para lograr una adición presupuestal que permitiera culminar los trabajos.
En el caso de los representantes legales de las empresas que conformaron el Consorcio Terminal 2018, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández, presuntamente omitieron informar los hechos o circunstancias que representaban un riesgo para el cumplimiento de las obras, que a la fecha registran un retraso superior a los tres años en su desarrollo.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.​
Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Ejército evitó atentado a base militar en zona rural de Mapiripán

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El Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares neutralizó el actuar de criminales en zona rural de Mapiripán, quienes planeaban atentar contra las comunidades y los soldados.

La Séptima Brigada confirmó la más reciente neutralización de una acción terrorista en la base militar El Tigre, ubicada en el corregimiento Puerto Alvira (Mapiritpán), donde presuntos integrantes de la subestructura 39 y 44 del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, instalaron cuatro sistemas de lanzamiento artesanal de artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo al Ejército, estos fueron identificados gracias al trabajo de inteligencia militar y la rápida respuesta logró frustrar la intensión del grupo armado.

En meses anteriores, las bases militares El Tigre y Jineta, ambas de Mapiripán, también fueron atacas con ráfagas de fusil, en ese momento tropas del Batallón de Infantería N.° 21 respondieron el ataque, sin embargo, fue gracias a su entrenamiento que lograron repeler la intensión de este grupo armado sin afectar a la comunidad que habita en el sector.

Fuente: Ejército Nacional – Séptima Brigada

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Comandos de Policía neutralizaron a peligroso cabecilla del Clan del Golfo en Mapiripán

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Comandos de la Policía Nacional en estzona rural de Mapiripán lograron abatir a Robinsón Oquendo alias ‘Camilo’, cabecilla principal del Clan del Golfo en los Llanos Orientales.

De acuerdo a información de la Policía, este sujeto es señalado como responsable de extorsiones, desplazamientos forzados, narcotráfico y homicidios.

Su neutralización es un duro golpe al crimen organizado ya que alias ‘Camilo’ contaba con más de 20 años en la criminalidad y era pieza clave en la expansión del Clan del Golfo en el nororiente del país.

Las autoridades recalcaron que este resultado afecta directamente la línea de mando y debilita sus operaciones en la región; además, es un paso más para avanzar en la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus crímenes, incluyendo el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y las extorsiones que realizaba a ganaderos, comerciantes y empresarios de Meta, Casanare y Vichada.

Fuente: Policía Meta

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Tribunal ordenó restituir predio a pareja de abuelos desplazados por la violencia en el Meta

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En la vereda El Brillante del municipio de Lejanías, en el Meta, la vida de una pareja de octogenarios piscicultores ha dado un giro hacia la esperanza. Tras sufrir la violencia y el abandono de su predio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la restitución de su predio, un lugar que simboliza no solo un hogar, sino el esfuerzo y trabajo de toda una vida.

La historia se remonta a 2001, cuando esta pareja de esposos adquirió una finca de dos hectáreas y 436 metros cuadrados. Con dedicación y amor por la tierra, transformaron el terreno en un paraíso productivo: plátano, maíz, cacao y frutales florecieron bajo sus manos laboriosas. Además construyeron su vivienda y desarrollaron un laboratorio y planta reproductora de alevinos, convirtiendo su sueño en un pilar económico familiar.

Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por la amenaza de los grupos al margen de la ley, pues una llamada fatídica cambió sus vidas para siempre. El jefe del hogar, un hombre de 80 años, recibió instrucciones de alias ‘Mauricio’, quien se identificó como jefe de finanzas de las Farc. La exigencia era clara: asistir a una reunión en La Julia, inspección de Uribe o enfrentar graves consecuencias. Al negarse a cumplir con la amenaza por su avanzada edad, le exigieron 20 millones de pesos y lo declararon objetivo militar.

El 20 de julio de 2015, con el corazón roto pero decididos a salvar sus vidas, abandonaron su hogar. Desplazados a Villavicencio, buscaron refugio y protección ante las autoridades y el Gaula. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para hacer valer sus derechos.

Siete meses después, con valentía renovada, regresaron a su finca para encontrarla enmalezada y con el proyecto productivo devastado. Sin embargo, no se rindieron; solicitaron ayuda al Estado para recuperar su hogar y negocio.

Hoy, tras años de lucha incesante y con el respaldo de la URT, entidad que llevó su caso ante la justicia, la pareja fue declarada víctima del abandono forzado. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio falló a su favor, y ordenó no solo la restitución del predio, sino también que el Estado garantice el mejoramiento de su vivienda y la implementación de un proyecto productivo para asegurar su sustento.

Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar su seguridad y otras entidades del Gobierno nacional brindarán su oferta institucional. Este fallo es más que una victoria legal; es un símbolo poderoso de resiliencia y esperanza para quienes que han vivido el desplazamiento por causa del conflicto armado.

La historia de estos adultos piscicultores recuerda que nunca es tarde para recuperar la tierra y seguir trabajando en el campo. Su lucha es un faro que ilumina el camino hacia la reparación integral y la dignidad de las victimas del abandono forzado y el despojo.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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