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Dos exalcaldes de Puerto Gaitán en lios judiciales por presuntas irregularidades en contratación

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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exalcaldes de Puerto Gaitán, Meta, José Alexander Fierro Guayara (2016 – 2019), y Jorge Edelio Plazas Hernández (2020 – 2023), así como a otras ocho personas, por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del Terminal de Transporte del municipio.
Los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Infraestructura del municipio entre los años 2019 y 2022, Héctor Javier Herrera Castro, Gina Paola León Vanegas, Pablo Alexis Rodríguez Segovia, James Alberto Álvarez Pardo, Ciro Alberto Moreno Cuartas y Agustín Alonso Torres González, quienes en diferentes momentos tuvieron a su cargo la supervisión del contrato de interventoría, firmado por 266 millones de pesos.
Los cargos también se dictaron contra los representantes legales de las empresas que integraron el Consorcio Terminal 2018, encargado de la interventoría de los trabajos, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández.
Segú la Procuraduía, al parecer las obras objeto de la investigación se habrían iniciado sin contar con los estudios y diseños necesarios que permitieran establecer la viabilidad del proyecto, y sin contar con el aval del Ministerio de Transporte para el funcionamiento del terminal, situación que generó retrasos en el desarrollo de las obras, las cuales fueron contratadas por 5.298 millones de pesos y financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
Por su parte, los entonces secretarios de Infraestructura al parecer omitieron informar a la alcaldía que el Consorcio Terminal 2018 no veló por el estricto cumplimiento y correcta ejecución del objeto del contrato, pues no habría atendido oportunamente las observaciones hechas por el constructor respecto a las deficiencias técnicas que presentaba el proyecto, ni adelantó de manera oportuna el trámite para lograr una adición presupuestal que permitiera culminar los trabajos.
En el caso de los representantes legales de las empresas que conformaron el Consorcio Terminal 2018, Andrés Mora Barney y Jesús David Reyes Hernández, presuntamente omitieron informar los hechos o circunstancias que representaban un riesgo para el cumplimiento de las obras, que a la fecha registran un retraso superior a los tres años en su desarrollo.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.​
Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Meta, cárcel para sujeto señalado de agredir sexualmente a una niña de 11 años

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en 2022, en un sector urbano de Puerto Gaitán.

Un fiscal seccional, imputó al procesado de 31 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.

De acuerdo con la investigación, el hombre que vivía en el mismo sector de la víctima, la habría abordado en el momento que la menor se encontraba sola y la sometió a vejámenes sexuales.

El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, en zona rural del municipio, donde intentó esconderse.

La Fiscalía investiga si hay más personas que serían víctimas de este actuar delincuencial.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Meta, niña de 5 años fue hallada sin vida en confusos hechos

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La Policía Nacional en el departamento del Meta señaló que investiga los hechos registrados en la mañana del lunes, 18 de noviembre en el municipio de Guamal, donde una menor de 5 años de edad identificada como Sara Natalia Camacho fue hallada sin signos vitales al interior de una su vivienda.

Uniformados de la Estación de Policía de ese municipio al recibir una llamada telefónica sobre este hecho, se desplazaron de manera inmediata hacia el domicilio ubicado en la vereda Santa Bárbara, donde ya hacía presencia personal médico local quienes confirman el deceso de la menor.

Se conoció que fue el padrastro de la menor quien denunció la situación, indicando a las autoridades que la niña salió de la vivienda sobre las 11 de la noche y regresó en la madrugada del 18 de noviembre.

Un equipo especializado de la SIJIN fue designado para iniciar las investigaciones correspondientes a este caso, con el objetivo de conocer las posibles causas del fallecimiento de la infante de tan solo cinco años de edad.

La Fiscalía General de la Nación junto con Comisaría de Familia, llegaron a la vivienda en aras de apoyar el proceso de investigación y acompañamiento a los familiares.

Fuente: Policía Meta

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Judicializadas dos personas por la falsa venta de casas y carros en el Meta

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sonia Paola Montoya Narváez y Anwar Zamir Abdala Herrera, como presuntos responsables del delito de estafa agravada masa, debido a su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2015 y 2022 en Villavicencio y Puerto López (Meta).

En uno de los casos ocurrido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2020, Montoya Narváez, como representante legal de una sociedad y directora comercial de un concesionario automotriz, habría recibido 297’300.000 de pesos por la venta de vehículos, los cuales nunca entregó a los compradores. Por estos hechos la mujer fue capturada en el barrio San Fernando de Villavicencio (Meta).

Por otra parte, entre noviembre de 2015 y agosto de 2022, Abdala Herrera se habría hecho pasar por comerciante de vehículos y viviendas, que no eran de su propiedad. El procesado habría firmado los contratos de compraventa y traspasos como si fuera el dueño de los bienes por los cuales se cree recibió 232’000.000 de pesos. El hombre fue capturado en vía pública del barrio San Antonio de la capital del Meta.

Las detenciones fueron realizadas por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional. En audiencias preliminares, los procesados aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA).

Jueces de control de garantías impusieron medidas privativas de la libertad en los lugares de domicilio de cada uno de los investigados.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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