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Dos allegados a Víctor Carranza señalados por apropiación de baldíos en el Meta
La Fiscal General de la Nación puso en evidencia un entramado de corrupción tras el cual estaría el fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, su abogado de confianza y un comerciante de piedras preciosas.
La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que en 1992 el zar de las esmeraldas, por intermedio del abogado FernandelAlonso recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).
Se presume que la negociación se dio aprovechando la norma que facultaba al antiguo Instituto de Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar terrenos baldíos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlas antes de 15 años.
Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzo 743 millones de pesos.
Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán.
Información en poder de la Fiscalía evidencia que de esta negociación habría participado el también comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. Este último, al igual que Fernandel Alonso fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.Cargos no aceptados por Alonso.
Debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, sin pronunciarse sobre los delitos en su contra; la Fiscalía inició un nuevo proceso penal a él como posible responsable del punible de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
La Fiscalía investiga la aparente participación en estos hechos de corrupción de varios empleados de una notaría de Villavicencio (Meta) que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados por de manera irregular por más de 20 años, hasta cuando, en febrero de 2015 fueron anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.
A pesar de esto la investigación determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región. También se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas que ya habían fallecido, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades.
Estas maniobras habrían permitido que Rojas García incrementara su patrimonio injustificado para los supuestos implicados, superior a los 6.000 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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