META
Dos allegados a Víctor Carranza señalados por apropiación de baldíos en el Meta
La Fiscal General de la Nación puso en evidencia un entramado de corrupción tras el cual estaría el fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, su abogado de confianza y un comerciante de piedras preciosas.
La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que en 1992 el zar de las esmeraldas, por intermedio del abogado FernandelAlonso recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).
Se presume que la negociación se dio aprovechando la norma que facultaba al antiguo Instituto de Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar terrenos baldíos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlas antes de 15 años.
Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidas de Víctor Carranza fueran reconocidos como locales. Así lograron acceder a la mencionada extensión de terreno; misma que vendieron en 12 años después (2007). Los compradores fueron cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense: un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos. El valor pactado alcanzo 743 millones de pesos.
Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán.
Información en poder de la Fiscalía evidencia que de esta negociación habría participado el también comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. Este último, al igual que Fernandel Alonso fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.Cargos no aceptados por Alonso.
Debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, sin pronunciarse sobre los delitos en su contra; la Fiscalía inició un nuevo proceso penal a él como posible responsable del punible de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
La Fiscalía investiga la aparente participación en estos hechos de corrupción de varios empleados de una notaría de Villavicencio (Meta) que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados por de manera irregular por más de 20 años, hasta cuando, en febrero de 2015 fueron anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.
A pesar de esto la investigación determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región. También se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas que ya habían fallecido, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades.
Estas maniobras habrían permitido que Rojas García incrementara su patrimonio injustificado para los supuestos implicados, superior a los 6.000 millones de pesos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
