CASANARE
Diputado Homero Abril pide se abra oficina en Casanare para avanzar en titulación de tierras
El diputado Homero Eduardo Abril se mostró escéptico de los anuncios del Ministro de Agricultura sobre los beneficios que podría traer la Ley de Tierras que se va a tramitar en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que solicitó que de manera urgente se reabra en Casanare una oficina que permita que quienes tienen procesos pendientes de escrituración de tierras puedan acudir allí a reclamar este derecho.
“En el 2015 liquidan Incoder y cierran la oficina en Yopal, hoy no hay respuesta para esas solicitudes que están radicadas. El Ministro puede venir y hacer los anuncios que quiera, pero la realidad es que la nueva oficina que reemplaza al Incoder está cerrada. No hay oficina donde un campesino o un ganadero se acerque a pedir información o a iniciar el trámite de titulación”, aseguró el diputado.
Agregó que no es justo que hoy, casi 20 meses después de haber cerrado la oficina del Incoder en Casanare, no se cuente con una sede de la entidad que lo reemplazó, donde los campesinos de Casanare que vienen haciendo el trámite para la titulación de sus predios desde hace ya algunos años, puedan siquiera acercarse a preguntar cómo avanza el mismo.
“En el caso de los incentivos agropecuarios el campesino queda amarrado porque no tiene el título de su tierra. El banco le va a pedir un título para poder garantizar la entrega de ese incentivo agropecuario. No nos digamos mentiras. Si quieren invertir en el campo denle el título al campesino porque el campesino sabe trabajar”, enfatizó el cabildante.
De acuerdo con el diputado Homero Eduardo Abril, los anuncios hechos recientemente por el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, quien estuvo durante dos días en Casanare reunido con algunos ganaderos y agricultores construyendo el texto de una artículo que irá en la nueva Ley de Tierras para garantizar la titulación de las mismas, debe comenzar a concretarse con la reapertura en Yopal de una Oficina de la Agencia Nacional de Tierras, para que quienes han venido adelantando estos trámites puedan tener información de cómo avanzan los mismos.
El cabildante aprovechó la presencia del Secretario General de la Presidencia y exdirector nacional del Sena, Alfonso Prada en el recinto de la Asamblea Departamental, para solicitarle que por favor sea el portador de este mensaje ante el primer mandatario de los colombianos, y se ordene la apertura de la mencionada oficina
Fuente: El Diario del Llano -HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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