ARAUCA
Diez años de prisión para integrante del ELN que apoyó paro armado en Arauca
El Director Seccional de Fiscalía Arauca, Jhon Freddy Encinales, confirmó que Wilmer Asdrúbal Linares Moreno, integrante del el ELN, fue hallado culpable del delito de terrorismo y condenado a 10 años de prisión. También deberá pagar una multa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta (Norte de Santander) que avaló el contundente material probatorio recaudado por una Fiscalía Especializada de Arauca (Arauca).Linares Moreno fue encontrado responsable de constreñir a la comunidad y a los comerciantes del municipio de Arauca para que cerraran sus establecimientos comerciales en apoyo a un paro armado. La jornada fue promovida por el frente de guerra oriental José Manuel Vásquez Castaño, del ELN, entre el 12 y el 15 de septiembre de 2016, en e l departamento de Arauca.El sentenciado fue capturado en flagrancia el 14 de septiembre de ese mismo año por la Policía Nacional, cuando tenía en su poder 10 panfletos con el logo del ELN e información alusiva al paro armado.El condenado permanece preso en la cárcel de Paz de Ariporo.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En las instalaciones de la Institución Educativa Tutukana, seis jóvenes U´wa se convirtieron en los primeros bachilleres de su comunidad. Hasta hace unos años, en esta región solo existía escolaridad hasta grado 9, lo que impedía que los jóvenes culminaran la educación media.
Gracias a los Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES), una estrategia del Ministerio de Educación que lleva docentes, acompañamiento pedagógico y ampliación de grados a instituciones rurales dispersas, se logró que estos jóvenes obtuvieran su título de bachiller en su territorio.
SIMES es una apuesta del Gobierno del Cambio para garantizar que la educación sea un derecho real en todo el país; además, permite que instituciones que no tenían grado 10 y 11 puedan ofrecerlos de forma completa, con calidad y sin que los jóvenes deban salir de sus comunidades.
Entre noviembre y diciembre, 871 estudiantes en todo el país se gradúan gracias a la expansión de esta estrategia, que sigue cerrando brechas y llevando oportunidades a regiones tradicionalmente excluidas.
En 2026, el Gobierno nacional ampliará aún más esta apuesta con nuevas inversiones para cubrir más sedes, fortalecimiento pedagógico, ampliación de grados en zonas rurales dispersas, y Educación Superior en tu Colegio, un programa que permitirá acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios desde la misma institución educativa rural.
La Secretaría de Educación Departamental de Arauca fue distinguida por segundo año consecutivo en la Noche de la Excelencia del Ministerio de Educación Nacional, al recibir el reconocimiento en la categoría de Alimentación Escolar “Por articular con calidad y pertinencia la alimentación escolar con la comunidad”. Este nuevo galardón confirma los avances del departamento en la implementación de un modelo de atención cercano y coherente con las necesidades de sus comunidades educativas.
Este logro refleja el compromiso y gestión del gobernador Renson Martínez Prada para garantizar los recursos del PAE para su continuidad e inicio oportuno en 2026, y del equipo PAE de la Secretaría de Educación Departamental. El PAE en el departamento beneficia a más de 36 mil estudiantes, contribuyendo a mejorar su rendimiento académico y su permanencia escolar a través de 3 modelos de atención: PAE para población mayoritaria, PAE Rural Disperso y PAE para población Indígena.
“Este reconocimiento, que nos destaca entre las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) del país, es un orgullo para nuestro departamento y un estímulo para seguir trabajando en la mejora de la educación y el bienestar de nuestros más de 36 mil estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, expresó el secretario de Educación Departamental, Ariel Pedraza Pinzón.
El PAE es un programa fundamental que contribuye a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y mejora su rendimiento académico gracias a un complemento alimentario que les permite mantener una buena capacidad de atención y aprendizaje.
Así, la secretaría de Educación Departamental reafirma que cuando las comunidades se involucran activamente en los procesos educativos, se fortalecen la permanencia, el arraigo y la confianza en las instituciones.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), donde la confrontación entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Farc mantiene en riesgo los derechos a la vida, integridad y seguridad de miles de habitantes. La alerta cobija a los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, así como a las comunidades de Cubará.
Según la entidad, la disputa por el control territorial y de economías ilícitas —como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas— ha intensificado las amenazas y ataques contra la población civil. Los principales afectados son niños, niñas y adolescentes; líderes sociales; firmantes de paz; personas en proceso de reincorporación; mujeres rurales y migrantes venezolanos, quienes enfrentan desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.
La tasa de homicidios más alta del país
Durante 2024 se registraron 178 homicidios en hechos relacionados con el conflicto armado en Arauca, 19 de ellos de líderes sociales y uno de un firmante del Acuerdo de Paz, situando al departamento con la tasa de homicidios más alta del país. Entre enero y septiembre de 2025, otras 84 personas fueron asesinadas, incluidas lideresas y excombatientes. Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de agosto en Tame, donde tres personas fueron asesinadas en una masacre.
La Defensoría formuló 28 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para fortalecer la prevención, protección y atención humanitaria, y pidió una coordinación interinstitucional urgente que permita disuadir las amenazas, garantizar el acceso a la justicia y mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por la persistente violencia en la región fronteriza.
