CASANARE
Deudores del FESCA insisten que les condonen créditos, no está fácil la decisión
Aunque se continúan realizando mesas de trabajo entre el Gobierno Departamental, la Asamblea de Casanare, el IFC y delegados de los estudiantes beneficiarios de los créditos educativos a través del Fondo de Educación Superior de Casanare FESCA, no está claro que los créditos se vayan a condonar, como lo solicitan algunos de los representantes de los estudiantes.
Como se ha informado reiteradamente, se quiere formular una nueva Ordenanza que modifique la Ordenanza No. 05 del 2008 que dio vida al FESCA, donde se brinde un alivio económico a los estudiantes que asumieron los créditos para culminar sus estudios superiores. Al respecto la Secretaria de Educación Departamental, Sandra Patricia Rincón Serrano, indicó que se debe analizar con detenimiento esta situación, porque las condiciones del departamento no son las mismas que tenía antes de 2012, cuando se recibían regalías en gran cantidad. “Hoy debemos buscar soluciones, pensando también en los futuros beneficiarios que deseen acceder a créditos para programas de pregrado y postgrado”.
Por su parte el Gerente del IFC, Dairo Martín Juya Ruíz, indicó que se avanza en el propósito de construir la nueva Ordenanza, pero deben realizarse estudios técnicos, financieros y presupuestales, que requieren tiempo y dedicación para que el nuevo documentos quede muy bien estructurado. “El Instituto Financiero va a mirar toda la parte técnica en cuanto a la posibilidad de condonación de los créditos, que es lo que se está pidiendo… Presentar una Ordenanza de este tema implica unos compromisos presupuestales, y se tiene que hacer un estudio detenidamente, serio y a fondo para traer algo real a la Asamblea del departamento”.
Se fijaron compromisos que deberán ser presentados en la próxima mesa de trabajo que se realizará el 16 de octubre, donde el Instituto Financiero de Casanare analizará la parte técnica y a su vez evaluará la posibilidad de la condonación de los créditos sin poner en riesgo la continuidad del FESCA. Por su parte la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación estudiará la viabilidad legal de la nueva Ordenanza, y la Secretaría de Hacienda analizará la parte presupuestal de la misma.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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