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Destinan $234 mil millones para atender cinco puntos críticos de la vía Bogotá – Villavicencio
El Gobierno Nacional asignó $234 mil millones para atender los cinco puntos más críticos del corredor vial Bogotá – Villavicencio, los cuales fueron priorizados y cuentan ya con estudio y diseños técnicos.
Para ello, fue suscrito un convenio interadministrativo entre la ANI y el Invías para atender este corredor estratégico de la red logística nacional, por donde se mueve el 7% del total de la carga nacional.
Por este corredor vial, que atraviesa Villavicencio, se movilizan insumos como hidrocarburos, petróleo, ganadería, alimentos y toda la producción agroindustrial desde los Llanos Orientales hacia el centro del país.
Esta gestión responde a las emergencias registradas desde julio de 2023 a la fecha por cuenta de los fenómenos naturales y antrópicos que han causado daños en la infraestructura de transporte.
Mediante el traslado de recursos de la ANI al Invías, el Ministerio de Transporte priorizará, inicialmente, cinco puntos críticos, que cuentan ya con estudios y diseños y requieren una inversión de $33.000 millones de pesos.
“Paralelamente, estamos avanzando en la contratación de obras por $186.000 millones, así como en un paquete de siete proyectos para los cuales se contratarán estudios y diseños por $15.000 millones. En este momento estamos trasladando $234.000 millones que nos permitirán atender de manera prioritaria estos puntos identificados”, explicó el ministro el Ministro de Transportes, William Fernando Camargo.
Así mismo, el Invías informó de la adjudicación de un contrato por $37.000 millones para atender dos puntos importantes sobre el corredor, en el km 48 y el puente de Estaquecá.
Ejecución de obras
La ANI a través del Concesionario Coviandina intervendrá el sitio crítico ubicado en el K58+900, en el casco urbano de Guayabetal. Además, los siguientes puntos críticos:
– km 58+900
– kilómetros 69+350
– km 50+100 (Puentes 1 y 2 Naranjal)
– km 56+900
– km 46+120 (Arroyo de Estaqueca).
– Túnel de Quebrada Blanca (PR55+620 – 56+380)
– km 56+400
– km 47+400
Además, Invías realizará estudios y diseños de los siguientes puntos críticos, de complejidad media:
– km 69+000 Puente Susumuco
– km 43+000 (Paso Urbano Puente Quetame)
– kilómetros 6+750
– km 23+900
– km 25+740
– kilómetros 46+800/47+400
– km 62+400.
Estos puntos estarán completos y listos para su entrega en mayo de 2025.
Calendario de entregas
Durante la vigencia de 2024 se intervendrán los sitios críticos priorizados dada su alta complejidad:
– km 69+350 (Sector Pipiral),
– km 50+100 (Puentes 1 Naranjal Bogotá – Villavicencio)
– km 50+100 (Puentes 2 Naranjal Villavicencio – Bogotá),
– km 46+120 (*) (Arroyo de Estaqueca)
– Túnel de Quebrada Blanca (PR55+620 – 56+380).
Fuente: Comunicaciones Presidencia de la República
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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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