CASANARE
Después de 9 años, Ministerio de Educación autorizó ampliar la planta docente de Yopal en 26 plazas
Tras el concepto de viabilidad favorable por parte del área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, a Yopal le aprobaron 20 docentes de aula, 1 coordinador y 5 docentes orientadores.
Estos profesionales llegarán a prestar sus servicios a las instituciones educativas rurales de Santa Teresa de Punto Nuevo; La Inmaculada de Tilodirán; Gabriela Mistral de El Charte; Lorgio Rodríguez de El Taladro y Teresa de Calcuta en las Américas.
Lo anterior obedece a las gestiones adelantadas por el secretario de Educación de Yopal, David Díaz Sánchez, ante el Ministerio, logrando que en varias oportunidades se realizaran mesas de trabajo en esta entidad territorial y dando paso a la obtención de un documento robusto que en su proceso, no requirió mayores cambios.
Desde el comienzo de este año, un equipo de la Secretaría de Educación de Yopal, trabajó en la elaboración de un estudio técnico que fue radicado ante el Ministerio de Educación, en el cual se sustentó la razón por la que en esta entidad territorial se necesitan más profesores.
Lo primero que se hizo fue revisar la matrícula y el número de horas extras que deben pagarse, debido a la falta de docentes que existe en Yopal, por lo cual debieron trabajar coordinadamente las áreas de cobertura, talento humano, y la administrativa y financiera, con el objeto de plasmar los datos en el informe técnico.
Hace 9 años no se ampliaba la planta docente en Yopal – La viabilidad
Según el licenciado Díaz Sánchez, en agosto se adelantará una nueva reunión, esta vez con el área de Finanzas y Planeación del Ministerio de Educación, para que en la proyección del presupuesto 2025, quede contemplado el pago de estos nuevos profesionales que llegarán a la planta docente de la secretaría de Educación de Yopal.
Fuente: Alcaldía de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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