META
Desmantelan red que enviaba armas a disidencias de las Farc en los llanos orientales
Abundante material de prueba obtenido por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red criminal, que sería la responsable de proveer de armas y otros elementos de uso restringido a las disidencias del frente primero de las extintas FARC, que delinquen en Meta y Guaviare.
Evidencia técnica y comunicaciones conocidas en el curso del proceso dan cuenta de que la estructura, supuestamente, obtenía armas de diferentes tipos y calibres, como pistolas, ametralladoras, lanzagranadas y fusiles. Al parecer, las almacenaban en Bogotá, desde donde se coordinaba su envío, a través de encomiendas y buses de servicio público, hacia el oriente del país.
Cuatro de los máximos articuladores de esta actividad ilícita fueron capturados en el noroccidente de Bogotá. En los procedimientos se incautaron de cinco celulares, que tendrían información relevante sobre las transacciones ilegales y la venta de armamento para fleteos, asesinatos y otras actividades delictivas.
Entre los detenidos está un exintegrante de la Policía Nacional. Se trata de Jean Paul Alarcón Calderón, alias Juan Pablo o Mauricio, quien sería el encargado de adquirir las armas en industrias o con otros grupos criminales como el ‘Clan del Golfo’.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con utilización ilegal de uniformes e insignias. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Además del exfuncionario, fueron asegurados Luis Daniel Guerra Hernández, alias Daniel; Yimmy Alexander Bello Sánchez, alias Jimmy; y Ubeymar Marín Rodríguez, alias Rata. A estos hombres se les atribuye el camuflaje de elementos para garantizar su traslado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
