META
Desarticulado grupo de abigeos señalados por hurtar más de 350 reses en el Meta
Policía Meta a través de la SIJIN, logró desarticular un grupo delincuencial común denominado ‘Carnifex’, con la captura de cuatro personas, quienes eran buscados por las autoridades judiciales por los delitos de Abigeato agravado y concierto para delinquir.
En el desarrollo de las investigaciones, se estableció la zona injerencia, la cual se centraba en la región de la altillanura en el Meta, los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, hurtando más de 350 cabezas de ganado en un periodo de 2 años mediante la modalidad de arreo y carneo.
La operación denominada ‘Carnifex’, que lleva por sí, el mismo nombre de esta estructura delincuencial, se desplegó de manera simultánea a través de tres diligencias de allanamientos a viviendas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta; Facatativá, Cundinamarca y Suaita en el departamento de Santander; y permitió materializar la captura de su líder y tres de los integrantes quienes cumplían roles específicos dentro de la organización.
El Líder: encargado de coordinar el sacrificio ilegal de los animales vacunos en el sector rural de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta. El producto cárnico producto del hurto era comercializado en la ciudad en carnicerías legales e ilegales.
El Dinamizador: su objetivo se centraba en genera la confianza entre propietarios de fincas ganaderas y en coordinación con el Líder, comercializaban ganado sin ningún control sanitario y sin la previa autorización de los dueños, utilizando artimañas para evitar un efectivo control o inventario de las ganaderías.
El Trasportador: siendo conocedor de la zona de injerencia, utilizaba vías terciarias para llevaba el ganado a predios utilizados como lugar de sacrificio ilegal, y con ello, eludir las acciones de los entes de control.
El Cuatrero o Despostador: hombre de confianza del Líder, con amplia experiencia en el sacrificio de ganado vacuno, sería la persona encargada de descuartizar reses de manera clandestina.
Los integrantes de este grupo delincuencial, bajo la auspicia de encargados de fincas ganaderas y utilizando la penumbra de la noche, ingresaban a hurtar los semovientes bovinos, embarcarlos en camiones para luego llevarlos a fincas aledañas y sacrificarlos de manera ilegal, y logrando con ello, la comercialización de los derivados cárnicos en carnicerías legales e ilegales en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta.
Los productos cárnicos generados por esta actividad criminal eran comercializados en puntos ilegales, los cuales no contaban con las medidas de salubridad. Se calcula que esta organización delincuencial afectó el patrimonio de ganaderos en aproximadamente 1’400 millones de pesos, y con esto, una de las principales actividades económicas de la región.
Los sujetos capturados fueron presentados en las últimas horas ante la Fiscalía No. 34 Seccional de Puerto López, Meta, donde se les definirá su situación jurídica y penal frente a estos actos y comportamientos delictivos.
Fuente: Policía Meta
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
