META
Departamento del Meta bajó de 104 a 60 obras inconclusas
El Contralor Felipe Córdoba visitó en Villavicencio uno de los 5 polideportivos que se culminaron y entregaron en la Comuna 8 de esta capital. Un proyecto que se pudo rescatar con el acompañamiento de la estrategia “Compromiso Colombia.
Cuando la Contraloría General de la República empezó la tarea de ir a la caza de elefantes blancos en todo el país, el departamento del Meta arrancó con un deshonroso número de 104 obras inconclusas por más de $500 mil millones.
Hoy ese número ha bajado a 60, por $300 mil millones, destacó hoy en Villavicencio el Contralor Felipe Córdoba, al visitar uno de los cinco polideportivos que se terminaron y entregaron en la Comuna 8 de esta ciudad.
La unión de la Contraloría y la ciudadanía, a través de la estrategia “Compromiso Colombia”, impidió que se desperdiciaran recursos por $4.086 millones de regalías destinados a estos polideportivos.
El camino fue un poco largo y tortuoso, pero se consiguió la meta de beneficiar a 44.668 habitantes de la Comuna 8 y del resguardo indígena Maguare.
Este proyecto se encontraba suspendido. El plazo inicial para que las obras fueran concluidas era de 4 meses, pero se atrasó más de 15 por causa de 3 prórrogas (de 6 meses y 15 días) y 3 suspensiones (por 8 meses y 6 días) causadas por el desabastecimiento de materiales en medio de la pandemia, la falta de suministro de luminarias y el trámite de licencias de construcción.
El proyecto se incluyó en la estrategia “Compromiso Colombia” desde el 8 de marzo del presente año. Se efectúo acompañamiento por parte de la CGR, realizándose 3 mesas de trabajo deliberativas y de concertación, con contratistas, contratantes, interventores y veedores ciudadanos.
Fuente: Contraloría General de la República
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
