CASANARE
Denuncian ausentismo de la nueva Agente Interventora de la EAAAY, “peor el remedio que la enfermedad”
Edgar Rueda, integrante de la veeduría de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), manifestó su preocupación por la poca presencia de la nueva agente interventora de la empresa, Ángela Patricia Rojas Combariza, quien fue nombrada hace escasos dos meses para reemplazar a Judith Estela Velázquez.
Según Rueda, la funcionaria solo ha visitado las instalaciones de la empresa en dos ocasiones, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad y los trabajadores.
Rueda señaló que, pese a que la nueva interventora fue designada para liderar la recuperación de la EAAAY, hasta la fecha no se ha presentado un diagnóstico oficial sobre el estado financiero de la empresa, que enfrenta un elevado endeudamiento de más de 22 mil millones de pesos. “En lugar de avanzar, la deuda sigue creciendo, y no sabemos si la empresa va a ser entregada al municipio o no”.
No ha atendido ni a la veeduría
Añadió que la veeduría ha intentado reunirse con la interventora para obtener claridad sobre los planes de acción, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Según Rueda, la ausencia de la interventora ha generado descontento, ya que, en su lugar, ha dejado a un abogado que se encarga de las funciones administrativas, lo que, en su opinión, no es suficiente para direccionar la empresa, “que está a la deriva”.
Rueda reiteró sus críticas a la gestión de la anterior interventora Judith Estela Velázquez, quien, según él, llevó a la empresa a un mal manejo financiero y contractual, agravando la crisis. Además, denunció que los contratos realizados durante su gestión carecían de transparencia, lo que afectó gravemente la operación financiera de la empresa.
Ante esta situación, la veeduría está evaluando la posibilidad de interponer denuncias formales ante la falta de respuestas de la nueva interventora y el silencio de la Superintendencia de Servicios Públicos, que hasta el momento no ha dado a conocer los planes para la recuperación de la empresa, como lo anunciaron al momento de intervenirla.
La comunidad y los trabajadores de la EAAAY continúan a la espera de una solución que permita la pronta recuperación de la empresa, la cual, según Rueda, está en riesgo de ser privatizada o liquidada debido a su creciente endeudamiento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
