ARAUCA
Definen estrategias para proteger cerca de 36 mil hectáreas de plátano en Arauca
Con el fin de proteger la sanidad de aproximadamente 36.000 hectáreas de plátano, principal fuente de ingreso de 5.000 familias araucanas y salvar un promedio de 18.500 empleos directos que genera la agroindustria del plátano en el departamento de Arauca, el ICA realizó la segunda Mesa Técnica Fitosanitaria del cultivo.
Como resultado de la Mesa Fitosanitaria, además de las tareas y responsabilidades propias de la Entidad, se escuchó y construyó, en conjunto con los asistentes, una estrategia de comunicación del riesgo que permita llegar de la manera más fácil y efectiva a cada productor y cada actor de la cadena del plátano en la región. La estrategia estará soportada en la puesta en marcha de talleres, conferencias, días de campo y escuelas de campo, elaboración de cartillas, simulacros, emisoras comunitarias, medios de comunicación regionales, entre otras.
Los temas que se abordarán en esas jornadas son: buenas prácticas agrícolas, bioseguridad, identificación de la enfermedad, monitoreo, alertas tempranas, caracterización de la población, que están pensadas para la protección de este tradicional y fundamental cultivo para la población rural colombiana.
Teniendo en cuenta que, en 2019 el ICA reportó en Colombia la presencia del hongo causante del Fusarium R4T en unos predios de La Guajira, producto del trabajo de inspección, vigilancia y control a este tipo de enfermedades cuarentenarias, en el país, se desplegó de inmediato una estrategia para cerrar el paso a la enfermedad y evitar el ingreso a otras regiones.
Estas acciones se han desarrollado en asocio con entidades, gremios y autoridades nacionales, lo cual ha dado buenos resultados en la contención del patógeno y ha sido calificada por los expertos como “caso de éxito mundial”. Esta misma estrategia será aplicada por el ICA con las oportunidades de mejora a que haya lugar y aplicando las recomendaciones de la FAO y teniendo en cuenta la población y la responsabilidad con el sector.
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
