ARAUCA
Defensoría del Pueblo pide al gobierno nacional concertar acuerdos con comunidades de Arauca
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Conflictividad Social y Regional Arauca, participó en el espacio de diálogo liderado por el Ministerio del Interior para abordar el pliego de peticiones presentado por el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC), que adelanta una jornada de movilización de exigibilidad de derechos en Saravena (Arauca).
Tras varias horas de conversaciones entre los voceros de la movilización social, representantes del Gobierno Nacional y de la empresa petrolera Parex Resources, no se lograron acuerdos en torno a las demandas sociales presentadas por la comunidad que permitieran levantar la protesta social que se adelanta desde el pasado 22 de enero en áreas colindantes a los campos petroleros.
El diálogo contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo, que facilitó y moderó las intervenciones de las partes para buscar y concertar acuerdos. Sin embargo, la falta de tiempo y de respuestas concretas de solución, por parte de las entidades del gobierno, no permitió el cierre satisfactorio de la mesa, ni la definición de un cronograma de trabajo en búsqueda de una salida pronta y eficaz a la movilización mediante acuerdos verificables y efectivos.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo reitera el llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales de Arauca, a las empresas petroleras y a los voceros de la movilización, a sumar esfuerzos destinados a resolver las necesidades de la comunidad que motivan la protesta en mención.
Además, insta a que se cumplan los acuerdos de inversión social, productividad, de derechos humanos, entre otros, que se han suscrito en pasadas mesas de negociación con las organizaciones movilizadas, para que de este modo se levante la protesta y se restablezca las operaciones de la empresa petrolera.
Urge la garantía de los derechos políticos de líderes y participantes de la protesta social que se adelanta actualmente en Arauca y se evite la estigmatización, persecución y judicialización de sus voceros. También que se aseguren los derechos de 860 trabajadores de la empresa Parex, a quienes se les suspendieron los contratos por causa de la paralización de las operaciones en Saravena y Tame, donde se presenta la movilización social.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
