Se acerca una fecha crucial para los contribuyentes del régimen común en Yopal. El próximo 10 de abril, vence el plazo para la declaración y retención del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al bimestre enero-febrero, una obligación esencial para el sustento financiero del municipio.

Ante la inminencia de la fecha límite, se recomienda encarecidamente no postergar el trámite. La experiencia de jornadas anteriores ha demostrado que los días previos al vencimiento concentran una gran afluencia de usuarios, lo que puede generar demoras significativas tanto en la atención presencial como en los procesos en línea.

Sin embargo, cumplir con esta obligación fiscal es ahora más sencillo. Gracias a la plataforma digital https://impuestos.yopal.gov.co/, los contribuyentes pueden llevar a cabo todo el proceso de declaración y pago en línea. Este sistema permite liquidar y abonar el impuesto en cuestión de minutos y sin necesidad de desplazamientos.

El ICA representa una de las principales fuentes de ingresos para la ciudad, con un recaudo de 85.000 millones de pesos solo en el año 2025. Estos recursos son vitales para la inversión pública, la ejecución de obras y la implementación de programas que benefician directamente a la comunidad yopalense.

La invitación a los ciudadanos es clara: anticiparse al vencimiento y aprovechar las herramientas digitales disponibles. Realizar el pago a tiempo no solo evita recargos adicionales, sino que hoy en día, puede ser incluso más rápido y eficiente que esperar en una fila para cumplir con la obligación tributaria.

El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.

El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.

Piden intervención de la Procuraduría

El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.

Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.

Mancipe se defiende

La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).

Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.

El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.

La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.

El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.