CASANARE
Declaran legal elección del concejal Barrios como Presidente del Concejo de Yopal en 2020
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal desestimó la demanda interpuesta por el Concejal José Luis Avendaño Ortíz, contra la elección del también Concejal José Humberto Barrios, como presidente de la Mesa Directiva del Concejo, de manera consecutiva .
Según el demandante, quien se apoyó en las leyes 136 de 1994 y ley 1551 de 2012, ningún concejal podía ser reelegido en dos períodos consecutivos en la respectiva mesa directiva, lo cual fundamentó la presentación del escrito judicial, teniendo en cuenta que Barrios Chaparro terminó en el 2019 siendo integrante de la Mesa Directiva, y fue elegido nuevamente para el primer año del periodo 2020 – 2023.
De acuerdo al juez Lubier Aníbal Acosta González, no hubo vicio de nulidad en la elección de Barrios Chaparro como presidente del Concejo Municipal de Yopal para el periodo 2020, teniendo en cuenta que las dos elecciones se dieron en dos periodos diferentes: 2016 al 2019 y 2020 al 2023, dos cuatrenios diferentes, con derechos y obligaciones programáticas diferentes.
Actuaciones procesales
Cabe recordar que dentro de este proceso, el 8 de octubre de 2020 el Tribunal Administrativo de Casanare profirió fallo de primera instancia, declarando nula la elección del concejal José Humberto Barrios Chaparro como presidente del Concejo de Yopal para el periodo 2020, y ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara disciplinariamente a Barrios Chaparro y a los concejales que lo eligieron como presidente de la Corporación.
A través de apoderado el Concejo de Yopal apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare, y el Consejo de Estado determinó declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado por incompetencia funcional, desde el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, es decir, el caso no era competencia del mencionado Tribiunal desde el comienzo.
Se remitió entonces el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito de Yopal para que dentro de su competencia se emitiera fallo al respecto.
Le correspondió el reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, que una vez analizadas las evidencias y pruebas allegadas al proceso, determinó que no hubo transgresión alguna del ordenamiento jurídico con la elección del Concejal José Humberto Barrios como presidente del Concejo de Yopal para el periodo 2020.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
