CASANARE
Cuatro Diputados de Casanare rechazaron fallo que permite consumo de bebidas y drogas en las calles
Los Diputados Sonia Bernal, Diego Aranguren, Luis Hernando Otálora y Julián Roa, alzaron su voz de protesta por el fallo emitido por la Corte Constitucional, que respaldó el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y deroga la sanción que se impone mediante el Código de Policía al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en parques o espacios públicos.
Una decisión que agrava la problemática de Casanare, el cual registra en el último año un incremento del 183% según el reporte entregado por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Consumo de Sustancias Piscoactivas VESPA. Máxime, cuando los principales consumidores son los infantes entre los 6 y los 12 años de edad.
Al respecto, la Diputada Sonia Bernal expresó su indignación ante el fallo expuesto por la Corte, “Me parece inconcebible que conociendo el incremento de casos de niños que consumen sustancias psicoactivas a tan corta edad, la Corte abra la puerta a los distribuidores y mafiosos para que se apoderen de los espacios de nuestros niños y niñas”.
Las escandalosas cifras preocupan aún más, debido a que la mayoría inician su consumo con la marihuana, pasando al consumo de alcohol, tabaco, cocaína, bazuco, inhalantes, fármacos, heroína entre otros. Una realidad con la que niños, niñas, adolescente y jóvenes tienen que aprender a convivir junto a las familias.
Por su parte el Diputado Diego Aranguren afirmó que “los factores de riesgo junto al ocio y tiempo libre juegan un papel importante en la vulnerabilidad de nuestros niños, no podemos permitir que existan más espacios en donde los actores del microtráfico se apropien si ningún control.
Para el Diputado Julián Roa, el primer problema que tiene Casanare es el deficiente control de la distribución, microtráfico y comercialización de drogas. El fallo de la Corte solo fomentará este delito sin poder identificar si los autores realmente son consumidores o son distribuidores.
A su turno el Diputado Luis Otálora, manifestó que es necesario un ente que regule los factores de riesgo asociados al consumo de drogas, donde las instituciones asuman está situación como una problemática que requiere de políticas serias gubernamentales.
Mientras tanto, en los diferentes municipios y especialmente en Yopal, la capital de Casanare, los parques están llenos de jíbaros que no desaprovechan la oportunidad de inducir al consumo de sustancias a los más vulnerables.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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