META
Cuatro capturas en región del Ariari, por extorsión y narcotráfico
En el barrio Montoya de Granada, Meta, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, cuando cobraban una extorsión de dos millones de pesos a un comerciante de la región del Ariari, este debía completar la suma de 20 millones de pesos, según la exigencia de los delincuentes.
La captura de estos sujetos, se dio en medio de un enfrentamiento con disparos entre los delincuentes y soldados, a quienes se les incautó un revolver calibre 38 milímetros, dos celulares y la motocicleta en la que se movilizaban.
En estos hechos resultaron lesionados un soldado del Gaula Militar y uno de los extorsionistas, quien fue auxiliado por un enfermero de combate para luego ser trasladado a un centro de salud del municipio de Granada, donde recibió atención médica, para luego ser judicializado por el delito de extorsión y tentativa de homicidio, desde allí fue enviado a la cárcel.
Así mismo, el menor de 17 años de edad aprehendido, fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y posteriormente trasladado a un centro de rehabilitación de menores, en la capital del Meta.
Más capturas
En una segunda operación Ejército y Policía capturaron a dos integrantes del Clan del Golfo, quienes comercializaban ilegalmente estupefacientes en una vivienda ubicada en el barrio Villas de Granada.
Gracias a labores de inteligencia militar, se pudo establecer el lugar de expendio del estupefaciente, logrando la incautación de 84 gramos de marihuana tipo cripy, 118 gramos de clorhidrato, de cocaína, 50 cigarrillos de marihuana, una gramera, un cartucho calibre 38 milímetros y dos celulares. Este material fue entregado a las autoridades competentes.
Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fueron judicializados por los delitos de extorsión, homicidio, concierto para delinquir y tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, con medida de aseguramiento intramural.
Fuente: Ejército Nacional
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
