META
Cuatro capturas en región del Ariari, por extorsión y narcotráfico
En el barrio Montoya de Granada, Meta, fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, cuando cobraban una extorsión de dos millones de pesos a un comerciante de la región del Ariari, este debía completar la suma de 20 millones de pesos, según la exigencia de los delincuentes.
La captura de estos sujetos, se dio en medio de un enfrentamiento con disparos entre los delincuentes y soldados, a quienes se les incautó un revolver calibre 38 milímetros, dos celulares y la motocicleta en la que se movilizaban.
En estos hechos resultaron lesionados un soldado del Gaula Militar y uno de los extorsionistas, quien fue auxiliado por un enfermero de combate para luego ser trasladado a un centro de salud del municipio de Granada, donde recibió atención médica, para luego ser judicializado por el delito de extorsión y tentativa de homicidio, desde allí fue enviado a la cárcel.
Así mismo, el menor de 17 años de edad aprehendido, fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y posteriormente trasladado a un centro de rehabilitación de menores, en la capital del Meta.
Más capturas
En una segunda operación Ejército y Policía capturaron a dos integrantes del Clan del Golfo, quienes comercializaban ilegalmente estupefacientes en una vivienda ubicada en el barrio Villas de Granada.
Gracias a labores de inteligencia militar, se pudo establecer el lugar de expendio del estupefaciente, logrando la incautación de 84 gramos de marihuana tipo cripy, 118 gramos de clorhidrato, de cocaína, 50 cigarrillos de marihuana, una gramera, un cartucho calibre 38 milímetros y dos celulares. Este material fue entregado a las autoridades competentes.
Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fueron judicializados por los delitos de extorsión, homicidio, concierto para delinquir y tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, con medida de aseguramiento intramural.
Fuente: Ejército Nacional
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
