CASANARE
Cuatro bachilleres de la Orinoquía dentro del grupo de becados por Ecopetrol
Como parte de su contribución con la educación de las nuevas generaciones de colombianos, Ecopetrol otorgó becas a 35 de los mejores bachilleres rurales del país para cursar estudios superiores.
En su trigésima cuarta versión, el programa ‘Bachilleres Ecopetrol’ entregó una beca que beneficia al mejor bachiller rural de cada departamento, al mejor bachiller rural de Bogotá y otras dos para las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Bachileres en la Orinoquía
Manuela Velásquez Mateus de la institución educativa Campestre San José del municipio de Acacías, Meta; Óscar Luis Muñoz Salgado de la institución educativa Braulio González de Yopal, Casanare; Freider Caleb Toro Rivera de la institución educativa San José de la Pesquera de Arauquita, Arauca y Karol Fiorella Botello Silva, de la institución educativa Internado Eduardo Carranza de Puerto Carreño, Vichada, fueron los bachilleres becados en la regional.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para dicha asignación son los resultados de las prueba ‘Saber’ 11, ser bachiller proveniente del área rural, no haber sido beneficiado por otra beca y su condición socioeconómica reflejada en el Sisbén.
Este programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y se realiza en el marco de la política de sostenibilidad de Ecopetrol, que busca contribuir a cerrar brechas en educación, infraestructura, promover la productividad y generar valor económico, social y ambiental en los territorios donde opera.
“Con Bachilleres Ecopetrol estamos apoyando el cierre de brechas, aportando al cumplimiento de las políticas públicas en materia de educación y reafirmando nuestro compromiso con los jóvenes de cada departamento del país”, aseguró el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.
La beca cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria en instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional para la carrera que el joven desee estudiar, así como un auxilio semestral de transporte, alojamiento y manutención, en el caso de aquellos que adelanten estudios fuera de sus municipios de residencia.
Esta iniciativa se suma al programa generación E, mediante el cual Ecopetrol, a través de un convenio firmado con el ICETEX, aportó $36 mil millones para que más jóvenes puedan acceder a educación de excelencia.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Ecopetrol
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
