CASANARE
Corte Suprema deja en firme condena a exgobernador de Casanare por irregularidades en contratación
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exgobernador del departamento de Casanare Whitman Herney Porras por irregularidades en contratación, dejándola en 6 años y 5 meses de cárcel, 3 años menos del monto inicial.
La Corte, en sede de impugnación especial, reafirmó la responsabilidad del exgobernador, quien pedía una rebaja debido a que antes del proceso en el que fue condenado no registraba antecedentes penales. La Sala tuvo en cuenta que se allanó a los cargos, lo cual le representó un descuento en la pena.
En materia de análisis de la responsabilidad del exgobernador, la Sala adhirió a los argumentos de primera instancia, en donde se halló culpable a Porras de haber pactado con el representante legal de la Universidad de Pamplona para entregar directamente dos contratos valorados en más de 36.000 millones de pesos (que incluían dotación para bibliotecas y aulas de informática y virtuales).
“Es claro que el comportamiento de Whitman Herney Porras Pérez ocasionó una grave afrenta al bien jurídico tutelado, al haber pactado de manera engañosa y fraudulenta con el entonces representante legal de la Universidad de Pamplona la suscripción de los contratos cuestionados, con el único propósito de asignarlos a ese ente educativo así tuviera que trasgredir en una forma tan evidente la Ley de Contratación Estatal”, se lee en la decisión.
La Corte Suprema además cuestionó que el exmandatario adicional a haber realizado tal “pacto”, hubiera procedido conociendo que por la cuantía del contrato no podía hacer cosa distinta que abrir una licitación pública.
Fuente: Con información de la W Radio
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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