Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.

Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.

Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.

Fuente: El Diario del Llano

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.

La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.

Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.

Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.

Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.

Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.

Fuente: El Diario del Llano