CASANARE
Migrantes venezolanos que estén en Yopal deben tener documentos en regla
Un operativo de control a migrantes en zona aledaña al intercambiador vial, adelantaron la tarde del lunes la Alcaldía de Yopal, junto con la Policía Nacional (grupo especializado de Policía de Infancia y Adolescencia), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia, para revisar la situación de permanencia o salida del país de estas personas.
El secretario de Gobierno Municipal, Éliver Moreno Pacheco, indicó que como resultado de este operativo se identificaron 22 adultos de origen venezolano y 3 menores de edad verificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, que se encontraban en compañía de sus padres.
Además, el ICBF verificó el estado de los menores, socializó y advirtió que en la Jurisdicción Nacional está prohibido usar los menores de edad para la mendicidad, y no está permitido la presencia de niños en los semáforos trabajando, puesto que se pone en riesgo el bienestar físico y mental de los menores.
Migración Colombia reportó que de los 22 ciudadanos extranjeros intervenidos, 20 ingresaron irregularmente al país, quienes firmaron acta de retorno voluntario, 7 de ellos tenían pasaporte por lo cual se devuelven a registrar su ingreso, para poder acceder a la Oferta Institucional que está facilitando el gobierno colombiano.
Dos de estos ciudadanos extranjeros tenían sus documentos en regla, estaban registrados en el Censo de Migrantes Venezolanos y tenían Permiso de Especial de Permanencia.
El secretario de Gobierno indicó que los ciudadanos venezolanos que firmaron el acta de retorno voluntario a su país tendrán que hacerlo, pues de lo contrario si vuelven a ser encontrados en el municipio serán deportados por Migración Colombia. “Ellos deben saber que deben actuar dentro de nuestro país en el marco de la Ley, aún cuando tengan los documentos en regla para estar en el territorio y poder trabajar, tienen que someterse al imperio de la Ley en nuestro municipio”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Movilidad de Yopal continúa fortaleciendo sus operativos de control en diversas zonas de la ciudad, enfocándose en garantizar una movilidad fluida y espacios públicos más seguros para todos los ciudadanos.
Estos patrullajes, realizados en estrecha colaboración con la Policía Nacional, incluyen la verificación de documentos de motocicletas y automóviles. El objetivo principal es reforzar el control sobre aquellas conductas que comprometen la seguridad vial, además de permitir la identificación de vehículos reportados como hurtados.
Los esfuerzos se concentran particularmente en parques, donde se han detectado situaciones como el consumo de sustancias y el estacionamiento indebido de vehículos con modificaciones ruidosas, que alteran la paz y el esparcimiento de la comunidad. Se busca así que los habitantes de Yopal puedan disfrutar plenamente de estos espacios públicos sin interrupciones ni molestias.
La Administración Municipal extiende una invitación a todos los ciudadanos para que colaboren activamente en el mantenimiento del orden y la seguridad. Es fundamental abstenerse del consumo de sustancias en áreas públicas y asegurar que la documentación de sus vehículos se encuentre siempre al día, contribuyendo así a la construcción de una movilidad más segura y tranquila para Yopal.
El presidente del sindicato Sintraemsdes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza, advirtió que la situación financiera, administrativa y operativa de la entidad es “crítica” y aseguró que, tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, “ninguna de las causales por las cuales fue intervenida la empresa ha sido superada”. Según señaló, la intervención iniciada el 4 de octubre de 2023 no ha generado correctivos reales y, por el contrario, ha profundizado las dificultades.
Isaza explicó que durante el periodo de intervención se han adquirido créditos por cerca de $20 mil millones, compromisos que —aseguró— la empresa no podrá pagar. Indicó que a partir de octubre de 2026 la EAAAY deberá comenzar a cancelar dos mutuos con la Superservicios, con cuotas superiores a los $500 millones mensuales, una obligación que calificó como “imposible de asumir”, dado que actualmente la empresa no alcanza a cubrir sus propios costos de operación. “La misma Superintendencia que nos intervino por estar en crisis es la que nos endeuda y luego pretende cobrarnos”, cuestionó.
Cinco agentes interventores en 2 años
El dirigente sindical también manifestó preocupación por la inestabilidad en los agentes especiales designados por la Superservicios, pues en dos años han pasado cinco interventores, situación que —dijo— ha impedido la ejecución de un plan serio de recuperación. Sumado a ello, recordó que problemas estructurales como el relleno sanitario, que posee menos de un año de vida útil, así como los altos índices de agua no contabilizada, siguen sin resolverse. “La intervención no ha servido para nada; estamos igual o peor que antes”, afirmó.
Frente a los rumores sobre una posible devolución de la empresa al municipio, Isaza aclaró que, jurídicamente, esto no es viable mientras no se superen las causales de intervención. Señaló que lo más probable es que la medida sea ampliada más allá de febrero de 2026, fecha en que concluye la actual resolución, y advirtió que el sindicato espera que sea una extensión con fines de administración y no de liquidación.
“Lo público debe seguir siendo administrado por lo público. No podemos permitir que la crisis termine siendo la excusa para entregar la empresa a un privado”, puntualizó.
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