CASANARE
Contraloría General dice conocer varias denuncias sobre contrato de la nueva PTAR de Yopal
De acuerdo con las denuncias y publicaciones de las últimas horas respecto de presuntas irregularidades en la suscripción del Contrato de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo (EAAAY); suscrito entre esta y la empresa Ingeniería Y Construcciones Técnicas S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S., la Contraloría General de la República se refirió oficialmente al caso.
De acuerdo a la entidad, desde principios del mes de octubre de 2022, inició análisis de información derivada de denuncias ciudadanas de la situación de dos contratos suscritos por la EAAAY:
- Contrato No. 811.14.01.00147.22 de 2022 Referente a la construcción de una plata de aprovechamiento de residuos sólidos y su operación por un periodo de 25 años.
- Contrato No. 811.14.01.00148.22 de 2022 Referente a la construcción de una planta de tratamiento de agua residual y la operación del sistema durante 30 años.
Dentro del análisis de esta información relevante, la CGR pudo establecer que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare – el día 27 de Octubre de 2022, con ocasión de una Acción Popular interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiente y Agraria, decretó “(…) medida cautelar de urgencia la suspensión del trámite de legalización, perfeccionamiento y/o ejecución del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 00148.22, suscrito por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY E.I.C.E. E.S.P. – y la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S, así como todos sus efectos, hasta que se tome una decisión de fondo en el proceso de la referencia”.
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Consecuencia de lo anterior, el 12 de diciembre de 2022, mediante Resolución, la Contraloría General de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare. Esta resolución habilitó a la CGR para ejercer control fiscal sobre los contratos mencionados.
Se hace seguimiento permanente
La Intervención Funcional mencionada da origen a un seguimiento permanente en el marco de las funciones de control concomitante y preventivo de la CGR, que está siendo ejecutado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
El día 26 de enero de 2023 se instaló el seguimiento permanente a estos contratos, el cual se encuentra en etapa de ejecución.
Adicionalmente, la Contraloría Departamental de Casanare, trasladó a este Ente de Control 9 denuncias el día 27 de enero de 2023.
En el marco de la atención de estas denuncias por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, se dio Respuesta de Trámite, el 15 de febrero de 2023, a cada uno de los peticionarios indicando que la respuesta de fondo está prevista para ser comunicada a más tardar el 9 de junio de 2023.
En desarrollo de la intervención funcional de oficio, la Contraloría ha podido establecer que a la fecha no han sido desembolsados recursos públicos dentro de los contratos descritos.
Finalmente, la Contraloría General de la República, indicó que el marco de sus competencias, han estado encaminadas a identificar y analizar los riesgos al patrimonio público, derivado de la suscripción de los contratos mencionados, para lo cual se tendrá en cuenta toda información y evidencia que se recaude en el curso del seguimiento permanente que actualmente ejecuta esta entidad.
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
