CASANARE
Contraloría detectó hallazgos fiscales por $72 mil millones en proyectos de regalías en Casanare
La Contraloría General de la República identificó 10 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $72 mil millones de pesos, en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento de Casanare.
Dos de estos hallazgos, por $18.028 millones de pesos, se presentaron por falencias en la ejecución de los proyectos de “Pavimentación de la vía Yopal – El Algarrobo-Orocué – Sector La Turupa – Quebrada Seca” y “Rehabilitación de COMUNICADO DE PRENSA la vía Tocaría – Orocué, tramo La Nevera – Guanapalo etapa 1”, ejecutados por la Gobernación de Casanare. En ambos casos, la CGR encontró que se pagaron mayores valores al contratista por las actividades de sobreacarreo y transporte de materiales.
En cuanto a la Alcaldía de Orocué, el proyecto de “Mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el Caño San Miguel hasta el puente sobre el Caño Duya”, presenta dos hallazgos fiscales por mayores valores pagados al contratista, por un total de $12.527 millones.
Adicionalmente, el proyecto de “Construcción de la pavimentación de la vía Barquereña – Orocué”, presenta un hallazgo fiscal de $4.958 millones, por errores de cálculo en la estructura de los análisis de precios unitarios (APU’s) de la propuesta económica del contratista, que llevó a un pago superior en el transporte de material pétreo.
Hallazgos en Paz de Ariporo y Yopal
Por otro lado, como se anticipó con motivo de la reciente visita del Contralor Felipe Córdoba al departamento de Casanare, en el caso del proyecto “Construcción, adecuación, suministro e instalación de mobiliario en el Palacio Municipal de Paz de Ariporo”, se generó un hallazgo fiscal por un total de $7.497 millones, debido al daño inminente en la infraestructura por incumplimiento en los estudios previos y por la deficiente calidad de materiales empleados en el contrato de obra, por lo que la estructura se encuentra en riesgo de colapso.
Así mismo, el municipio de Paz de Ariporo fue el ejecutor del proyecto de “Construcción primera etapa del patinódromo”, que presentó un hallazgo por $316 millones de pesos, por falencias relacionadas con el mantenimiento y estabilidad de la obra, lo que ha llevado al deterioro de la superficie, y por no contar con certificado de la Federación Colombiana de Patinaje, documento necesario para verificar que la pista cumpla con los parámetros requeridos para su utilidad.
Mientras tanto, en Yopal se encontró un hallazgo relacionado con el proyecto de “Construcción del sistema de acueducto de la vereda Picón Arenal”, ejecutado por la Alcaldía, por un total de $3.095 millones de pesos con el propósito de ampliar la cobertura de agua potable para los habitantes de este sector.
Sin embargo, la CGR encontró que la obra no se encuentra funcionando ni satisface la necesidad que motivó el proyecto, pues no existe empresa prestadora del servicio que opere el sistema de acueducto.
Hallazgos fiscales por denuncias ciudadanas
Finalmente, gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento de Casanare que luchan contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron tres denuncias en los municipios de Monterrey, Recetor y Hato Corozal, que resultaron en dos hallazgos fiscales por valor de $ 21.983 millones, por dos proyectos:
La “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas” y la “Construcción e interventoría al pavimento de las vías San Benito Recetor Chámeza”.
Se obtuvo, además, un beneficio de auditoría por $135 millones por el proyecto de “Construcción y puesta en funcionamiento de 200 sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales del municipio de Hato Corozal”, ejecutado por la Alcaldía.
Cobertura de la Actuación y total de hallazgos
La Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Casanare, ejecutados por la Gobernación de Casanare y los municipios de Yopal, Orocué, Paz de Ariporo, Monterrey y Recetor.
En total se analizaron 11 proyectos por valor de $ 194.720 millones, que fueron financiados en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías. Los proyectos de la muestra pertenecen a los subsectores de Transporte, Educación, Cultura, Vivienda, Agricultura e Inclusión Social. Como resultado del proceso auditor, se configuraron 9 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y 10 hallazgos fiscales por más de $72 mil millones de pesos.
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
