CASANARE
Contraloría detectó hallazgos fiscales en proyectos de regalías en Casanare
La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.
Según la Contraloría, cuatro de estos hallazgos, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.
Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.
Del total de hallazgos fiscales que determinó la Contraloría General de la República, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).
Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare
La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento.
Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.
Los casos a destacar son:
Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.
Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.
Dice la Contraloría, que hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.
Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.
Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.
Segundo Caso
Detrimento patrimonial por $4.371 millones en un proyecto de tecnología e innovación dirigido al sector educativo, por valor de $21.963 millones, el cual beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.
Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.
Tercer caso
Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.
Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.
Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.
Cuarto caso
Hallazgo de $891 millones en el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.
La obra tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $ 1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %. Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281
En Aguazul
El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Cupiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual se celebró un contrato con el Consorcio PTAR Casanare por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.
Se pudo constatar que los ítems y actividades del mencionado Contrato tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Dice la Contraloría, que esto demuestra una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.
Hallazgos fiscales como resultado de denuncias ciudadanas
Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:
Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que solo hasta este año se terminó, en el momento de la visita de la Contraloria no había sido terminado y no prestaba servicio.
La Contraloría pudo constatar que dicho proyecto no presentaba acta de liquidación y/o entrega de las obras, no se había terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.
Señala la Contraloría, que esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.
Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación. Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en un predio privado.
Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.
Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales. Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.
Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.
Fuente: Contraloría General de la República
Un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un violento hurto registrado hacia las 4:00 de la tarde de este jueves 27 de noviembre en la calle 47 con carrera 4, en la zona industrial de Yopal.
La víctima recibió tres impactos con arma traumática, dos de ellos en la cabeza, cuando fue interceptada por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta NS de color rojo, quienes según videos de cámaras de seguridad llegaron al sitio después que la víctima parqueara su vehículo y procediera a descender del mismo.
De acuerdo con las primeras versiones, el ciudadano acababa de retirar cerca de 50 millones de pesos de una entidad bancaria cuando fue abordado por los asaltantes. Al oponer resistencia, los delincuentes le dispararon para despojarlo del dinero.
Tras el ataque, la víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Las autoridades asumieron la investigación del caso para dar con el paradero de los responsables.
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Planeación, llevará a cabo este sábado 29 de noviembre la primera Jornada de Sensibilización y Legalidad, un espacio dirigido a toda la ciudadanía para orientar, informar y prevenir riesgos asociados a la compra de lotes, construcción sin licencias y proyectos urbanísticos que no cuentan con los requisitos establecidos por la ley.
La jornada se desarrollará en el Centro Comercial Unicentro Yopal, a partir de la 1:00 de la tarde, y contará con la participación de diversas entidades con competencia en control urbano, rural y ambiental, entre ellas, las Secretarías de Planeación y de Gobierno, INDEV, Curadurías Urbanas 1 y 2, Policía Nacional, autoridades administrativas de Policía (urbana y rural), EAAAY, Personería Municipal, Fiscalía General de la Nación y los 11 corregidores del municipio.
El propósito central de esta iniciativa es brindar a la comunidad herramientas claras para identificar si un lote, una construcción o un proyecto cuenta con permisos y licencias; resolver inquietudes sobre uso del suelo, licenciamiento, asentamientos ilegales, suelo rural y urbano, planes parciales y normativas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Además, busca prevenir que más familias sean víctimas de estafas o inversiones en proyectos irregulares.
La Secretaría de Planeación ha reiterado que muchos de los conflictos actuales en Yopal se originan por construcciones sin autorización, ventas fraudulentas o proyectos que no cumplen con la normatividad, lo que afecta no solo a las familias, sino también a la seguridad y planificación de la ciudad. Por ello, este ejercicio pedagógico se convierte en un mecanismo fundamental de protección ciudadana.
La Secretaría de Infraestructura de Yopal llegó al centro poblado La Chaparrera para implementar la rehabilitación en 3 kilómetros de vías del casco urbano, con lo cual se busca mejorar las condiciones de movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes que diariamente transitan por estos corredores.
Los trabajos iniciaron con labores de reconformación del terreno, extendido y compactación de material, procesos esenciales para garantizar una estructura vial más resistente y en mejores condiciones, que soporten el tráfico vehicular que diariamente se moviliza por la zona.
Con estas acciones, se beneficiarán directamente las familias de los barrios Corocito, Brisas del Tocaría, La Libertad, entre otros sectores que durante años han enfrentado dificultades por el deterioro de las vías.
“Una vez finalicemos esta intervención, la comunidad podrá movilizarse de una manera más fluida, reduciendo los tiempos de desplazamiento hacia instituciones educativas, comercios y zonas productivas” sostuvo Adriana Hernández, secretaria de Infraestructura.
Cabe destacar que, esta iniciativa responde a un trabajo articulado con la comunidad y a la priorización de puntos críticos que requerían atención inmediata. Estas labores también contribuyen al impulso del desarrollo del centro poblado, debido a que facilitarán la entrada y salida de productos y el acceso a servicios institucionales en este corregimiento.
