CASANARE
Contraloría detectó hallazgos fiscales en proyectos de regalías en Casanare
La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.
Según la Contraloría, cuatro de estos hallazgos, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.
Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.
Del total de hallazgos fiscales que determinó la Contraloría General de la República, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).
Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare
La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento.
Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.
Los casos a destacar son:
Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.
Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.
Dice la Contraloría, que hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.
Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.
Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.
Segundo Caso
Detrimento patrimonial por $4.371 millones en un proyecto de tecnología e innovación dirigido al sector educativo, por valor de $21.963 millones, el cual beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.
Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.
Tercer caso
Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.
Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.
Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.
Cuarto caso
Hallazgo de $891 millones en el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.
La obra tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $ 1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %. Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281
En Aguazul
El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Cupiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual se celebró un contrato con el Consorcio PTAR Casanare por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.
Se pudo constatar que los ítems y actividades del mencionado Contrato tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Dice la Contraloría, que esto demuestra una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.
Hallazgos fiscales como resultado de denuncias ciudadanas
Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:
Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que solo hasta este año se terminó, en el momento de la visita de la Contraloria no había sido terminado y no prestaba servicio.
La Contraloría pudo constatar que dicho proyecto no presentaba acta de liquidación y/o entrega de las obras, no se había terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.
Señala la Contraloría, que esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.
Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación. Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en un predio privado.
Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.
Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales. Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.
Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
El 26 de enero inician clases los colegios oficiales de Yopal, asegurada toda la canasta educativa
Yopal inició su calendario escolar 2026 con más de 26.500 estudiantes matriculados, quienes contarán con el respaldo de personal administrativo, de servicios generales, vigilancia, internet, granjeros, profesionales de educación inclusiva y docentes orientadores. Este despliegue busca garantizar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en las aulas.
El balance, con corte al 8 de enero, reveló que 26.598 estudiantes ya forman parte del sistema educativo oficial de Yopal, atendidos por 1.243 docentes de aula, además de coordinadores y un equipo interdisciplinario. Una de las novedades es el significativo aumento de orientadores escolares, que pasó de 24 en 2025 a 37 en 2026, fortaleciendo la atención en convivencia, salud mental y acompañamiento a estudiantes y sus familias.
Este refuerzo en el apoyo psicosocial responde a las crecientes necesidades dentro de los entornos educativos, donde los colegios enfrentan retos relacionados con el bienestar emocional y la permanencia escolar. Adicionalmente, el calendario escolar arranca con un equipo especializado de 24 profesionales para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo intérpretes de lengua de señas, tiflólogos, mediadores para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y apoyo a talentos excepcionales.
Vigilancia asegurada
En cuanto a la seguridad escolar, el municipio ha destinado una inversión superior a los $5.300 millones de pesos para asegurar la vigilancia en todas las instituciones educativas oficiales. Este esfuerzo se complementa con un trabajo articulado junto a la Policía Nacional, enfocándose en las entradas, salidas y entornos de los centros educativos.
Pese al inicio del calendario académico, el proceso de matrículas para el 2026 sigue abierto en la mayoría de las instituciones de Yopal, con un llamado claro a los padres para que inscriban a sus hijos y eviten que queden fuera del sistema educativo. El secretario de Educación, David Díaz, ya ha visitado varios colegios para dar la bienvenida al nuevo ciclo y reconocer el compromiso de la comunidad educativa, mientras los docentes se preparan para el inicio de clases el 26 de enero.
El ingeniero ambiental Wilson Eduardo Porras Estrada ha sido designado como el nuevo director de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare. La designación fue realizada por el gobernador César Ortiz Zorro, quien confió en su trayectoria y experiencia para liderar esta área fundamental para el departamento.
Porras Estrada, oriundo de Yopal, es egresado de Unisangil y cuenta con más de 12 años de experiencia laboral en los sectores público y privado. Su formación y trayectoria lo perfilan como un profesional idóneo para asumir los retos que implica la prevención y atención de desastres en la región.
En el sector público, ha colaborado con la Alcaldía de Yopal, Corporinoquia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En esta última entidad, participó en la atención de la emergencia por COVID-19, la reconstrucción de Mocoa y la respuesta al huracán IOTA en San Andrés Islas, acumulando una valiosa experiencia.
Durante los años 2024 y 2025, el ingeniero Porras Estrada se desempeñó en el área de proyectos de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que le otorga un conocimiento profundo de la entidad que ahora dirige.
Al asumir su cargo, Porras Estrada expresó: “Asumo la misión encomendada por parte del señor gobernador, de liderar la Gestión del Riesgo en nuestro departamento, con una gran responsabilidad y el compromiso de continuar en territorio construyendo soluciones de mano de las comunidades, tal como lo hizo de manera eficiente el ingeniero Guillermo Velandia, con quien he tenido la fortuna de trabajar y aprender”.
Por su parte, el gobernador César Ortiz Zorro extendió un agradecimiento al ingeniero Guillermo Velandia Granados por su labor al frente de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres durante dos años, destacando su compromiso con las comunidades más apartadas del departamento.
CASANARE
Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada
El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.
De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.
El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.
Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.
