CASANARE
Contraloría detectó hallazgos fiscales en proyectos de regalías en Casanare
La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.
Según la Contraloría, cuatro de estos hallazgos, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.
Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.
Del total de hallazgos fiscales que determinó la Contraloría General de la República, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).
Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare
La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento.
Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.
Los casos a destacar son:
Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.
Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.
Dice la Contraloría, que hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.
Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.
Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.
Segundo Caso
Detrimento patrimonial por $4.371 millones en un proyecto de tecnología e innovación dirigido al sector educativo, por valor de $21.963 millones, el cual beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.
Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.
Tercer caso
Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.
Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.
Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.
Cuarto caso
Hallazgo de $891 millones en el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.
La obra tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $ 1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %. Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281
En Aguazul
El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Cupiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual se celebró un contrato con el Consorcio PTAR Casanare por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.
Se pudo constatar que los ítems y actividades del mencionado Contrato tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Dice la Contraloría, que esto demuestra una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.
Hallazgos fiscales como resultado de denuncias ciudadanas
Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:
Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que solo hasta este año se terminó, en el momento de la visita de la Contraloria no había sido terminado y no prestaba servicio.
La Contraloría pudo constatar que dicho proyecto no presentaba acta de liquidación y/o entrega de las obras, no se había terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.
Señala la Contraloría, que esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.
Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación. Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en un predio privado.
Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.
Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales. Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.
Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.
Fuente: Contraloría General de la República
Una violenta incursión armada registrada la tarde del martes en una finca de la vereda Marroquín, corregimiento El Morro, zona rural de Yopal, dejó como saldo una persona muerta, otra gravemente herida y el hurto de varios elementos de valor. De acuerdo con las primeras versiones, cinco sujetos llegaron hasta el predio del señor Fermín Gutiérrez, conocido en la zona como “Descachado”, donde intimidaron a los presentes y desataron momentos de terror.
Según la información, los delincuentes amarraron a la esposa del propietario y atacaron a Gutiérrez, quien sufrió graves lesiones en una de sus manos al intentar oponerse al hurto. Cuando se retiraban del lugar fue asesinado José Domingo Torres, quien llegó a la vivienda. Los responsables huyeron en un automóvil Aveo gris y en una motocicleta hurtada de la misma finca.
La esposa de don Fermín logró desatarse y dar aviso a sus vecinos, quienes rápidamente difundieron mensajes de alarma por redes sociales, lo que permitió tender un cerco a los delincuentes, que se extendió por sectores veredales y hasta la vía alterna que comunica a Tauramena con Monterrey, donde el vehículo fue ubicado. En medio de la persecución se registró un intercambio de disparos y fueron capturadas dos personas, además de la aprehensión de un menor de edad, presuntamente vinculado al caso.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales y la recolección de los elementos materiales probatorios hallados Las autoridades continúan con la búsqueda de otros posibles implicados y avanzan en el esclarecimiento de este hecho que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en la zona rural del sur de Casanare.
La Alcaldía de Yopal y la ESE Salud Yopal entregaron oficialmente el Puesto de Atención Primaria en Salud (PAPS) en el corregimiento de Tacarimena. Esta acción marca el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo, que preveía la habilitación de cuatro infraestructuras de salud en el sector rural durante el actual cuatrienio.
El PAPS, que estuvo sin intervención por más de 20 años, fue sometido a una adecuación integral. Las mejoras incluyeron reparaciones estructurales, mantenimiento de cubiertas, reemplazo de puertas y ventanas, así como la actualización de los sistemas eléctrico e hidrosanitario, lo que permitió su reapertura para la prestación de servicios esenciales.
Con la puesta en marcha de este puesto de salud, aproximadamente 400 habitantes del centro poblado y de ocho veredas aledañas tendrán acceso a servicios de atención médica, odontológica y de enfermería directamente en su territorio. Además, se programarán brigadas con especialistas, lo que reducirá significativamente los desplazamientos al casco urbano y aliviará la carga de los servicios de mayor complejidad.
Durante la ceremonia de entrega, se anunció que la ESE Salud Yopal ha obtenido la acreditación en salud, posicionándose en el puesto 65 entre más de 7.000 entidades de este tipo a nivel nacional, según el sistema de evaluación. Este reconocimiento subraya el compromiso de la entidad con los estándares de calidad en la prestación de sus servicios.
El PAPS de Tacarimena es la cuarta infraestructura rural habilitada, sumándose a las ya existentes en La Chaparrera, Quebradaseca y El Morro. La administración municipal tiene previsto llevar a cabo nuevas intervenciones en Punto Nuevo y construir nuevos puestos de salud en El Taladro y Mata de Limón, como parte de su estrategia para fortalecer la red pública de salud en las zonas rurales.
CASANARE
Lo citaron y le llegó la muerte, asesinan un hombre en la Marginal del Llano, frente al nuevo Terminal de Yopal
Un hombre identificado como Danny Arley Méndez Gutiérrez, conocido con el alias de “Gato”, fue asesinado la noche de este lunes 23 de febrero en zona rural de Yopal. El ataque ocurrió hacia las 9:10 p.m. en la vereda Upamena, sobre la vía Marginal del Llano que comunica Yopal con Aguazul, frente al sector donde se construye el nuevo Terminal de Transportes.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima llegó al lugar en una motocicleta de placas FDU63H en compañía de su pareja sentimental, luego de haber sido citado presuntamente por una mujer. Al arribar al sitio, fue abordado por dos sujetos que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron a pie hacia una zona boscosa cercana.
Había sido condenado por homicidio
Según fuentes oficiales, Méndez Gutiérrez registraba antecedentes judiciales en calidad de investigado por delitos como hurto calificado, lesiones personales y había sido condenado por homicidio. Además, había estado privado de la libertad durante 10 años por el homicidio el 01 de diciembre de 2012 del comerciante Juan Manuel Patiño, propietario de la empresa Figurados del Casanare durante un atraco, y se encontraba actualmente en libertad condicional.
Según labores de inteligencia, Méndez Gutiérrez se dedicaba al expendido de estupefacientes, y era una de las personas que coordinaba el ingreso de estupefacientes al centro carcelario La Guafilla, mediante la modalidad de lanzado desde la parte externa a los patios.
Las autoridades adelantan labores investigativas para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.
