CASANARE
Contraloría detectó hallazgos fiscales en proyectos de regalías en Casanare
La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.
Según la Contraloría, cuatro de estos hallazgos, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.
Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.
Del total de hallazgos fiscales que determinó la Contraloría General de la República, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).
Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare
La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento.
Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.
Los casos a destacar son:
Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.
Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.
Dice la Contraloría, que hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.
Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.
Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.
Segundo Caso
Detrimento patrimonial por $4.371 millones en un proyecto de tecnología e innovación dirigido al sector educativo, por valor de $21.963 millones, el cual beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.
Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.
Tercer caso
Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.
Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.
Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.
Cuarto caso
Hallazgo de $891 millones en el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.
La obra tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $ 1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %. Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281
En Aguazul
El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Cupiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual se celebró un contrato con el Consorcio PTAR Casanare por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.
Se pudo constatar que los ítems y actividades del mencionado Contrato tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.
Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.
Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.
Dice la Contraloría, que esto demuestra una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.
Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.
Hallazgos fiscales como resultado de denuncias ciudadanas
Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:
Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que solo hasta este año se terminó, en el momento de la visita de la Contraloria no había sido terminado y no prestaba servicio.
La Contraloría pudo constatar que dicho proyecto no presentaba acta de liquidación y/o entrega de las obras, no se había terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.
Señala la Contraloría, que esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.
Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación. Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en un predio privado.
Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.
Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales. Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.
Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Tribunal ordena a la Alcaldía de Yopal cobrar estampillas omitidas en convenios con ASOSUPRO
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.
Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.
El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.
Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.
El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.
CASANARE
Senador Alirio Barrera denuncia que grupos políticos “lo quieren encochinar” a el y su familia
El senador Alirio Barrera denunció públicamente lo que calificó como una “persecución política y judicial” en su contra y la de su familia, que —según él— busca “encochinar su nombre” y afectar su imagen en medio de la coyuntura electoral en Casanare. Barrera aseguró que detrás de estos hechos estarían algunos funcionarios de organismos como la SIJIN y el CTI, presuntamente al servicio de intereses políticos de sectores contrarios.
El congresista recordó que hace tres años su yerno fue capturado de manera irregular, en un hecho que calificó como un “espectáculo mediático”, pues horas después fue dejado en libertad al comprobarse que se trató de un error. “Lo hicieron ver como un delincuente, le destruyeron la vida y luego simplemente dijeron que había sido un error”, expresó Barrera, quien afirmó que el proceso fue archivado por la Fiscalía en Bogotá.
Según el senador, la semana anterior se repitió una situación similar cuando su yerno fue nuevamente detenido en un centro comercial de Yopal sin orden judicial ni denuncia en su contra. “Lo capturaron delante de su esposa, su hija y sus hermanos, sin ninguna orden de captura o conducción, para después decir otra vez que se trató de una confusión. Eso es inaceptable”, señaló, advirtiendo que el procedimiento fue irregular y que incluso ingresaron a una propiedad privada como es el Centro Comercial sin autorización.
Barrera aseguró que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia política para desprestigiar a su familia. “Nos tienen vigilados, nos siguen con drones que llegan a la casa, nos interceptan los teléfonos y nos infiltran con personal de seguridad. Es una persecución sistemática”, afirmó, señalando que algunos funcionarios estarían actuando bajo órdenes de sectores políticos que buscan afectar las aspiraciones suyas y de su esposa, Marisela Duarte, en el escenario regional.
El senador anunció que presentará las pruebas recolectadas ante el Congreso de la República y en instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Fiscalías y de la Policía Nacional para investigar lo que considera un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales de su familia.
“Respeto a las instituciones, pero hay funcionarios que se están prestando para hacer favores políticos. Ya lo hicieron antes de unas elecciones y ahora lo vuelven a hacer. No pueden seguir usando la justicia para ganar campañas”, puntualizó el senador Barrera, quien pidió garantías para ejercer su actividad política sin persecuciones ni hostigamientos.
CASANARE
Gestión de Zorro y Archila logró $40 mil millones para que “despegue” el Aeropuerto El Alcaraván
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.
Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.
El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.
