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Contraloría detectó hallazgos fiscales en proyectos de regalías en Casanare

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La Contraloría General de la República detectó 8 presuntos hallazgos fiscales por valor total de $24.541 millones de pesos, en proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Casanare y algunos municipios de este departamento.

Según la Contraloría, cuatro de estos hallazgos, que totalizan $12.867 millones, corresponden a obras ejecutadas por la Gobernación de Casanare.

Mientras tanto, en el Municipio Aguazul se determinó un hallazgo fiscal de $3.384 millones, relacionados con la construcción de una planta veredal de tratamiento de aguas residuales donde, entre otras irregularidades, se hicieron pagos por valores superiores a los ejecutados.

Del total de hallazgos fiscales que determinó la Contraloría General de la República, $8.290 millones son resultado de denuncias ciudadanas: uno en el municipio de Orocué (por $5.719 millones) y otro en el municipio de Maní (por $2.570 millones).

Cuatro hallazgos en la Gobernación de Casanare

La Gobernación de Casanare fue designada como ejecutora de varios proyectos que tenían como objetivo impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes del departamento.

Sin embargo, debido a malos manejos en la gestión, planeación y ejecución de los proyectos, dichos objetivos no han sido cumplidos y, por el contrario, han generado daño al patrimonio por un valor de $12.867 millones.

Los casos a destacar son:

Hallazgo fiscal por $ 5.508 millones por sobrecostos en el proyecto “Ampliación de la vía y pavimentación en carpeta asfáltica Sabanalarga – La Ye – Porvenir, municipio de Sabanalarga, (22.3 KM)”, por valor de $31.212 millones, la Contraloría General de la República realizó análisis y seguimiento a cada una de las etapas contractuales y a la información suministrada por la entidad en lo correspondiente al análisis de precios unitarios de la propuesta del contratista de obra, Consorcio Vías del Llano.

Se evidencia falta de rigurosidad y soporte técnico de tales precios, así como ligereza en su elaboración, encontrando errores en la estructuración técnica de los mismos, incongruencias en las unidades asignadas y falta de detalle en el análisis dimensional en función de las unidades de medida y pago solicitada, además del reconocimiento de pagos adicionales.

Dice la Contraloría, que hubo una deficiente estructuración técnica de los ítems observados, así como inobservancia por parte de la entidad auditada en la fase precontractual y de la interventoría y supervisión de la misma, en la ejecución del proyecto. Esto se dio al aprobar los análisis de precios unitarios sin haber presentado observaciones al respecto.

Dicha gestión, calificada como antieconómica e ineficaz, y que compromete al contratista de la obra y de la interventoría, por uso ineficiente de los recursos, se traduce en la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.508 millones.

Esta suma corresponde al cálculo de cantidades de las actividades observadas multiplicadas por el valor recalculado que se obtuvo producto de los ajustes realizados.

Segundo Caso

Detrimento patrimonial por $4.371 millones en un proyecto de tecnología e innovación dirigido al sector educativo, por valor de $21.963 millones, el cual beneficiaría a 26.000 personas, la Contraloría General de la República pudo constatar, tras un proceso auditor, que presenta fallas en la planeación, supervisión e interventoría, a causa del desconocimiento de funciones y obligaciones contractuales legales.

Por la vulneración al principio de planeación, el pago por prestaciones no ejecutadas e incumplimiento del objeto contractual, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al convenio especial de cooperación No. 020 del 2013 y al contrato de interventoría No. 1692 del 2014, que asciende a $4.371 millones.

Tercer caso

Hallazgo de $1.813 millones en obra realizada en el municipio de San Luis de Palenque: se advierten deficientes y graves falencias en los diseños estructurales y la realización de ítems o actividades que agotaron el valor del contrato permitiendo incumplimiento del objeto contractual.

Para el proyecto “Construcción de obras de mitigación y protección fluvial sobre el río Pauto en el barrio Guasimal y vereda Santa Ana (colegio), municipio de San Luis de Palenque”, por valor de $1.895 millones, se pudo constatar que el proyecto presenta deficiencias y graves fallas en la etapa precontractual y contractual.

Se evidenció una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar la realidad de la inestabilidad de zona y los riesgos de reestructuración que se podía presentar. Debido a esto, se configura un hallazgo fiscal por valor de $1.813 millones.

Cuarto caso

Hallazgo de $891 millones en el proyecto “Mejoramiento a nivel de pavimento de la vía de acceso a la vereda Turua – municipio de Aguazul”, obra ejecutada en avanzado estado de deterioro e incorrecto manejo de anticipo del proyecto.

La obra tenía un valor total de $2.165 millones, se pudo constatar que los ítems y actividades ejecutados hasta ese momento se traducen en un avance de obra equivalente a solo un 38%, mientras que los dineros pagados a la fecha ascienden a $ 1.748 millones, o sea un porcentaje del 80,64 %. Queda así saldo por pagar de $419 millones (el 19,36%), lo cual evidencia que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.

En razón a este mal manejo del anticipo y pago de prestaciones no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa, se configura un detrimento patrimonial con incidencia disciplinaria por un valor de $891.389.281

En Aguazul

El municipio de Aguazul fue designado como ejecutor del proyecto “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la vereda Cupiagua”, por un valor total de $4.592 millones correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual se celebró un contrato con el Consorcio PTAR Casanare por valor de $4.184 millones, un contrato de interventoría con el Consorcio Intersaneamiento por valor de $333 millones, y otro contrato de apoyo a la supervisión por valor superior a los $73 millones.

Se pudo constatar que los ítems y actividades del mencionado Contrato tienen un porcentaje de ejecución equivalente a un 50%, mientras que los dineros pagados equivalen a un porcentaje del 73,68% del valor total de la obra, quedando un saldo por pagar de $1.208 millones equivalente a un 26,32%, evidenciando que se han hecho pagos por valores superiores a los ejecutados.

Así mismo, la Alcaldía aceptó, certificó y/o aprobó como recibidos a satisfacción y, además, aprobó, avaló y/u ordenó el pago del valor total de obras no realizadas, o realizadas parcialmente o en condiciones defectuosas o insuficientes o, en general, sin el cumplimiento real de lo efectivamente contratado.

Se evidencia también que la ejecución de la obra ha presentado varios inconvenientes a la espera de permisos y autorizaciones que han dejado como resultado varias suspensiones y prorrogas del contrato, evidenciado así una muestra fehaciente de la debilidad presentada en la etapa precontractual y contractual del proyecto.

Dice la Contraloría, que esto demuestra una violación directa al principio de planeación y, adicionalmente, flaqueza en los estudios previos realizados para determinar que los permisos ambientales expedidos por Corporinoquia no se ajustan a los requerimientos técnicos del proyecto y que tampoco se cuenta con permiso de uso de vía nacional expedido por el INVIAS.

Por la falta de exigibilidad, falta de imposición y adopción de medidas conminatorias para el logro oportuno y efectivo del proyecto, se configura un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria por el valor total pagado al proyecto, cuya suma asciende a $3.384.026.892.

Hallazgos fiscales como resultado de denuncias ciudadanas

Gracias a la participación ciudadana y veedores del departamento que luchan contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión pública, se atendieron denuncias, y, como resultado en la auditoria se establecieron hallazgos fiscales por valor de $8.290 millones, así:

Municipio de Orocué: Hallazgo fiscal por $5.719 millones por construcción del Centro Multiprural Las Malokas, que solo hasta este año se terminó, en el momento de la visita de la Contraloria no había sido terminado y no prestaba servicio.

La Contraloría pudo constatar que dicho proyecto no presentaba acta de liquidación y/o entrega de las obras, no se había terminado y no existe una estrategia de mantenimiento, operación y funcionamiento.

Señala la Contraloría, que esto se traduce en un presunto daño patrimonial, configurándose así un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, por un valor de $5.719.944.475 que corresponden a pagos realizados a los contratos 744 de 2015 y 748 de 2015.

Municipio de Maní: Hallazgo fiscal por $2.570 millones por construcción de obra pública en predio privado y falta de planeación. Para el proyecto “Construcción de redes de energía eléctrica de media, baja tensión y repotenciación Subestación Belgrado para las veredas Belgrado, Las Brisas, El Socorro y San Joaquín de Garibay, área rural municipio de Maní”, la Contraloría General de la República pudo constatar un daño al patrimonio por valor de $2.570 millones, que se produce por la construcción de una obra pública en un predio privado.

Se evidenciaron deficiencias en la planeación al requerirse ajustes que implicaron suscribir un acta de modificación de cantidades de obra, debido a las falencias en los estudios y diseños, al omitirse aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación.

Así mismo, se encontraron fallas en las labores de supervisión e interventoría en el control y seguimiento respecto del proyecto, y deficiencias e insuficiencias técnicas graves desconociendo de esta forma sus funciones y obligaciones contractuales y legales. Se omitieron aspectos relacionados con la infraestructura y equipos necesarios para la adecuada operación de la red eléctrica, requiriendo inclusión de ítems no previstos en el contrato, cuyo costo ascendió a $53´259.696.

Adicionalmente se evidenciaron debilidades en el seguimiento al proyecto, teniendo en cuenta que se permitió su ejecución sin contar con los permisos de servidumbre requeridos, lo cual afecta la operación de la red eléctrica construida.

Fuente: Contraloría General de la República

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Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”

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“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.

Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.

León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.

Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.

Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.

El reconocimiento

Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.

Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.

Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.

Las víctimas alzaron su voz

Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.

El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.

A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.

Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.

A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.

En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.

¿Qué sigue?

Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.

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Yopal será el punto de partida de ‘Conecta País de la Belleza’, iniciativa del MinTic

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Este viernes 20 de marzo, la ciudad de Yopal será el escenario de la primera activación de Conecta País de la Belleza, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Canal Trece que recorrerá distintas regiones del país para visibilizar historias de innovación, emprendimiento cultural y desarrollo territorial.

El evento, que se realizará en el Coliseo Cubierto Casiquiare, marcará el inicio oficial del proyecto y reunirá a comunidades locales, emprendedores, creadores de contenido y actores del ecosistema digital en una jornada que combinará tecnología, cultura y formación digital.

Durante la jornada se desarrollarán muestras de emprendimiento cultural local, talleres, activaciones tecnológicas y espacios de formación, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales en la región y promover el talento de los territorios.

Además, en el marco del evento se realizará la entrega de computadores destinados a fortalecer las escuelas locales, en articulación con Computadores para Educar y como parte de las acciones del Ministerio TIC para impulsar el acceso a la tecnología y la educación digital en las regiones.

La activación contará con la participación del Viceministro de Transformación Digital Andrés López, así como de creadores e influenciadores digitales que compartirán experiencias con los asistentes sobre creación de contenido, comunidades digitales y oportunidades en el ecosistema digital.

Entre los invitados estarán Juliana Seligmann, Marco Lasso y Dominic Wolf, quienes participarán en actividades de interacción con el público y conversaciones sobre el impacto de las plataformas digitales en la difusión de historias y proyectos locales.

Asimismo, los creadores Diego Andariego y Gio @estratomedio liderarán clases magistrales sobre desarrollo de contenido digital y construcción de comunidades en línea, dirigidas a jóvenes, emprendedores y creadores interesados en fortalecer su presencia en plataformas digitales.

“Conecta País busca mostrar cómo la tecnología, la creatividad y la cultura están transformando los territorios. Queremos visibilizar historias reales de comunidades y creadores que están impulsando el desarrollo digital del país”, señaló vocería MinTIC.

Conecta País de la Belleza es una iniciativa que recorrerá distintas regiones de Colombia para documentar historias de comunidades, emprendimientos e iniciativas locales vinculadas con innovación, cultura y turismo.

A través de una serie audiovisual, activaciones territoriales y la Ruta TIC, el proyecto busca fortalecer la creación y circulación de contenidos digitales desde los territorios, promover el emprendimiento cultural y fomentar el turismo en las regiones mediante la visibilización de sus historias y proyectos locales.

La activación en Yopal marca el inicio de esta estrategia nacional que conectará tecnología, cultura y territorio, ampliando las oportunidades para que las historias de las regiones lleguen a audiencias en todo el país.

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Casanare se prepara para elecciones comunales de dignatarios en abril de 2026

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La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha intensificado el acompañamiento a los organismos de acción comunal, de cara a las elecciones de dignatarios programadas para el 26 de abril de 2026.

Un punto central de este proceso es la conformación del Tribunal de Garantías, una instancia fundamental encargada de asegurar la transparencia, legalidad e igualdad entre todos los candidatos. Este tribunal debe ser elegido a más tardar el 26 de marzo, es decir, 30 días antes de la jornada electoral.

¿Qué hace el Tribunal de Garantías Electorales?

El tribunal tendrá la función de supervisar todo el proceso, desde la inscripción de candidatos hasta el momento de la votación. Para su elección, cada organismo comunal debe revisar sus estatutos, realizar una convocatoria formal y verificar que los integrantes cumplan requisitos como ser afiliados activos, no ser candidatos y no tener intereses directos en el proceso.

Estará conformado por tres miembros principales y tres suplentes, quienes desempeñarán sus funciones por un periodo de tres meses. Durante su conformación, también se definirán aspectos clave como los cargos a elegir, el sistema de votación, el mecanismo de postulación, la resolución de empates y el lugar de la jornada electoral, dejando todo registrado en un acta que certifica su legalidad.

El proceso electoral comunal se desarrollará en tres etapas bien definidas: una fase preelectoral, que incluye la depuración de afiliados y la elección del tribunal; la jornada de votación propiamente dicha, el 26 de abril; y una fase posterior, en la que las organizaciones deberán radicar la documentación correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Comunitario dentro de los 20 días siguientes a los comicios.

Jessica Avella Blanco, directora de Desarrollo Comunitario, enfatizó la importancia de este acompañamiento: “Estamos acompañando a las Juntas de Acción Comunal para que este proceso se realice con total transparencia. La elección oportuna del Tribunal de Garantías es clave para generar confianza y asegurar que se cumpla la ley en cada etapa”. La Gobernación de Casanare reitera el llamado a los organismos comunales a cumplir con cada fase y consultar los requisitos disponibles en los canales oficiales.

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