CASANARE
Contraloría Departamental y Registraduría Nacional, establecen convenio operacional
Se trata de poder acceder a la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de verificar el estado de sobrevivencia de los adultos mayores y otros beneficiarios de los programas de protección social, donde los gobiernos Nacional, Departamental y Municipales invierten recursos económicos.
Así lo confirmó la Contralora Yaneth Constanza Holguín Suárez, anunciando que en desarrollo de la misión de la Contraloría, suscribió un convenio de interoperabilidad con la Registraduría Nacional del Estado Civil para consultar y acceder a las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación y al Sistema de Información de Registro Civil, con el fin de garantizar la veracidad y oportunidad de la información en los programas de protección social establecidos por el Estado en sus diferentes niveles.
De acuerdo con lo señalado por la Contralora, esta herramienta facilitará la verificación de la información especialmente en el seguimiento de los contratos de adulto mayor, en el entendido, que se puede verificar si un número único de identificación personal, está vigente o cancelado por muerte.
Con este convenio suscrito entre la Contraloría Departamental de Casanare, se puede en u lapso corto de tiempo establecer la fecha de cancelación del registro civil, la identificación e individualización plena de los sujetos procesales y la individualización de los ascendientes de personas fallecidas.
Por otro lado, agregó la contralora Holguín Suárez, se puede establecer los números de las cédulas de ciudadanías vigentes o canceladas y la fecha de cancelación. De esta manera se evitaría que puedan aparecer personas fallecidas recibiendo los beneficios otorgados por el gobierno en los programas de protección social.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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