CASANARE
Contraloría Departamental logró que se gestionaran recursos para culminar obra en Paz de Ariporo
Un hallazgo de más de 2.525 millones de pesos, con incidencia disciplinaria y fiscal, identificado en una auditoría realizada por el equipo de la Contraloría Departamental de Casanare, fue el primer paso, para buscar una alternativa que permitirá culminar la obra inconclusa de la Plaza de Mercado de Paz de Ariporo.
En la auditoría se observó que el contrato No.002 del 01 de agosto de 2019 con objeto de “Primera etapa de la adecuación y remodelación de las instalaciones de la plaza de mercado municipal de Paz de Ariporo, Casanare”, no era funcional, debido a las falencias en la planeación y estructuración del proyecto.
En el informe final de la auditoría, se instó a la administración municipal a tomar las acciones pertinentes en aras de concluir la plaza de mercado, cumplir con la finalidad de la contratación estatal y evitar que este bien público sea indefinidamente una obra inconclusa.
Comité de moralización
Tras la grave situación, la contralora Departamental de Casanare, Yanneth Constanza Holguín, puso en conocimiento del Comité Regional de Moralización esta situación, con el fin de hacer seguimiento a este asunto y evitar que la plaza de mercado continuara sin prestar el servicio a la comunidad.
El 9 de julio, se desplazaron a Paz de Ariporo, el Procurador Regional, la Directora Seccional de Fiscalía de Casanare, la Gerencia de la Contraloría General de la República y la Contralora Departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez.
Al final de la reunión, el Comité Regional de Moralización, exhortó a la alcaldesa Eunice Escobar, a desplegar todas las acciones que correspondan a terminar la primera etapa de la adecuación y remodelación de las instalaciones de la Plaza de mercado; a adelantar la construcción de la etapa final, garantizando de esta forma la puesta en funcionamiento de la obra en beneficio de la comunidad de Paz de Ariporo.
Para sellar este compromiso en beneficio de los pazdeariporeños, el día 05 de agosto de 2021, se optó por firmar un acuerdo de voluntades entre el municipio de Paz de Ariporo y la Contraloría Departamental de Casanare, para que en el marco de las competencias de cada una de estas entidades, se lograra concluir un elefante blanco, y de esta forma, se cumpla con la finalidad de la contratación estatal.
La alcaldesa de Paz de Ariporo Eunice Escobar, agradeció el seguimiento que hizo tanto la Contraloría Departamental de Casanare como las otras entidades que hacen parte del Comité de Moralización, debido a que fue la base, para presentar el proyecto al DPS y que a la postre fue aprobado para terminar las dos fases que se requieren, para poner en funcionamiento la Plaza de Mercado de su municipio.
“En el DPS nos aprobaron 3.900 que no solo beneficiarán a los campesinos que venden sus productos sino a toda la comunidad, porque la Plaza de Mercado es el corazón de Paz de Ariporo y todos tenemos que ver con ese sitio. Esta es una obra que requería el municipio por su crecimiento permanente”, afirmó la mandataria.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
