CASANARE
Contraloría Departamental logró que se gestionaran recursos para culminar obra en Paz de Ariporo
Un hallazgo de más de 2.525 millones de pesos, con incidencia disciplinaria y fiscal, identificado en una auditoría realizada por el equipo de la Contraloría Departamental de Casanare, fue el primer paso, para buscar una alternativa que permitirá culminar la obra inconclusa de la Plaza de Mercado de Paz de Ariporo.
En la auditoría se observó que el contrato No.002 del 01 de agosto de 2019 con objeto de “Primera etapa de la adecuación y remodelación de las instalaciones de la plaza de mercado municipal de Paz de Ariporo, Casanare”, no era funcional, debido a las falencias en la planeación y estructuración del proyecto.
En el informe final de la auditoría, se instó a la administración municipal a tomar las acciones pertinentes en aras de concluir la plaza de mercado, cumplir con la finalidad de la contratación estatal y evitar que este bien público sea indefinidamente una obra inconclusa.
Comité de moralización
Tras la grave situación, la contralora Departamental de Casanare, Yanneth Constanza Holguín, puso en conocimiento del Comité Regional de Moralización esta situación, con el fin de hacer seguimiento a este asunto y evitar que la plaza de mercado continuara sin prestar el servicio a la comunidad.
El 9 de julio, se desplazaron a Paz de Ariporo, el Procurador Regional, la Directora Seccional de Fiscalía de Casanare, la Gerencia de la Contraloría General de la República y la Contralora Departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez.
Al final de la reunión, el Comité Regional de Moralización, exhortó a la alcaldesa Eunice Escobar, a desplegar todas las acciones que correspondan a terminar la primera etapa de la adecuación y remodelación de las instalaciones de la Plaza de mercado; a adelantar la construcción de la etapa final, garantizando de esta forma la puesta en funcionamiento de la obra en beneficio de la comunidad de Paz de Ariporo.
Para sellar este compromiso en beneficio de los pazdeariporeños, el día 05 de agosto de 2021, se optó por firmar un acuerdo de voluntades entre el municipio de Paz de Ariporo y la Contraloría Departamental de Casanare, para que en el marco de las competencias de cada una de estas entidades, se lograra concluir un elefante blanco, y de esta forma, se cumpla con la finalidad de la contratación estatal.
La alcaldesa de Paz de Ariporo Eunice Escobar, agradeció el seguimiento que hizo tanto la Contraloría Departamental de Casanare como las otras entidades que hacen parte del Comité de Moralización, debido a que fue la base, para presentar el proyecto al DPS y que a la postre fue aprobado para terminar las dos fases que se requieren, para poner en funcionamiento la Plaza de Mercado de su municipio.
“En el DPS nos aprobaron 3.900 que no solo beneficiarán a los campesinos que venden sus productos sino a toda la comunidad, porque la Plaza de Mercado es el corazón de Paz de Ariporo y todos tenemos que ver con ese sitio. Esta es una obra que requería el municipio por su crecimiento permanente”, afirmó la mandataria.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
