CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare, un año de proyección
A pesar de las restricciones provocadas por la pandemia de Covid 19, la Contraloría Departamental de Casanare logró ejecutar en un cien por ciento la estrategia diseñada por la titular de este ente de control fiscal Yaneth Constanza Holguín Suárez.
En este período de tiempo, se concretaron alianzas con diferentes organismos el orden Nacional, Departamental y Municipal, que permitieron empoderar de manera técnica, a las comunidades para el control social y a las veedurías ciudadanas, con un número cercano a los dos mil líderes capacitados, entre los cuales es necesario resaltar la participación de los jóvenes, quienes a través de los consejos municipales de Juventud, recientemente conformados por elección popular asumieron el rol, de participar activamente en el control y vigilancia de los recursos del Estado.
En un reciente informe entregado por el vicecontralor José Alfredo Rojas Pérez, destacó el convenio de interoperabilidad suscrito con la Registraduria Nacional del Estado Civil para consultar y acceder a las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación y del Sistema de Información de Registro Civil, con el fin de garantizar la veracidad y oportunidad de la información en los programas de protección social establecidos por el estado en sus diferentes niveles.
Dijo el alto funcionario de la Contraloría, que este convenio, permite verificar el estado de sobrevivencia de los adultos mayores y otros beneficiarios de los programas de protección social, donde los gobiernos Nacional, Departamental y Municipales invierten recursos económicos.
Esta es una gran herramienta que facilitará la verificación de la información, especialmente en el seguimiento de los contratos de adulto mayor, en el entendido, que se puede verificar si el número único de identificación personal, está vigente o cancelado por muerte.
Destacable igualmente la alianza suscrita con la Cámara de comercio e Casanare dirigido a cimentar la construcción el ejercicio de control fiscal y promocionar la cultura de la protección de los recursos públicos desde los establecimientos educativos.
La alianza que seguramente logró el mayor impacto, es la suscrita con los personeros municipales, para de manera presencial y guardando las medidas diseñadas por las autoridades de salud, se logró llegar a los municipios de Sabanalarga, Támara, Maní, San Luis de Palenque, Pore, Orocué Nunchía donde se lograron capacitar académicamente más de doscientos ciudadanos en las labores del control social y veedurías ciudadanas.
Otra alianza de gran valor social es la que se relaciona con las organizaciones comunitarias. En este sector son los líderes comunales los llamados a ejercer el control social, mediante la utilización de los recursos que les concede la ley.
Las Juntas de Acción Comunal, han tomado una gran importancia para ejercer el control social y la veeduría ciudadana que garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que se inviertan en sus respectivas jurisdicciones, dijo el vicecontralor departamental de Casanare José Alfredo Rojas Pérez, para responder la inquietud presentada por Ignacio Rozo, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Vevea, del municipio de Maní.
Agregó el alto funcionario del organismo de control fiscal que, precisamente la estrategia la Contraloría en su Municipio, diseñada por la contralora Yaneth Constanza Holguín, estuvo dirigida a fomentar la participación ciudadana a través de las JAC, en el control social y veeduría ciudadana, en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Casanare.
En esa permanencia de trabajar de mano con los diferentes sectores ciudadanos, 20 jóvenes de los municipios de Paz de Ariporo, Sácama, Chámeza, Tamara, Orocué y Yopal participaron, en forma virtual, de la capacitación que les ofreció la Contraloría Departamental de Casanare, dentro de la estrategia, La Contraloría en Su Municipio, buscando que las nuevas generaciones de ciudadanos, asuman la responsabilidad de participar como veedores en las decisiones del Estado.
Yaneth Constanza Holguín Suárez, contralora regional y su equipo directivo, se conectaron vía internet con los representantes de las organizaciones juveniles de los municipios señalados antes a fin de entregarles las herramientas legales que les permita organizarse y ser veedores ciudadanos para que de esta forma, logren hacer seguimiento a las inversiones de gobierno en sus respectivos municipios.
Más allá de las alianzas, también es necesario destacar que gracias a denuncias interpuestas por ciudadanos, la contraloría, logró recuperar para el servicio de los ciudadanos el centro de salud de Morichal, obra que amenazaba en convertirse en un elefante blanco, frustrando las esperanzas de más de 5 mil habitantes de 8 veredas del corregimiento, ubicado al oriente del centro poblado de Yopal, ahora está a punto de ponerse en servicio, gracias a la intervención de la Contraloría Departamental de Casanare y el comité de transparencia integrado, además del ente de control fiscal regional, por la Procuraduría General de la Nación, La Fiscalía General de la República y la Contraloría Nacional.
De acuerdo a lo señalado por la Contralora Yaneth Constanza Holguín Suárez, se pretende que una vez dotada la edificación, antes del 28 de diciembre, se iniciará la prestación de servicios de medicina general, odontología, vacunación, toma de citologías y una sala de procedimientos menores entre otros servicios de salud.
Otra obra que amenazaba con quedar abandonada o no terminarse, es decir convertirse en un llamado Elefante Blanco, es la Plaza de Mercado del Municipio de Paz de Ariporo, gracias a las denuncias ciudadanas y la colaboración de la alcaldesa Eunice Escobar Bernal, se lograron conseguir los recursos económicos suficientes que permiten que las instalaciones se entreguen a los comerciantes y ciudadanía, a principios del año entrante.
Otra denuncia ciudadana, fue la que alertaba por posibles hechos que deterioraban las instalaciones del polideportivo, Pier Lora de la Ciudad de Yopal y permitió la intervención de la Contraloría Departamental y en un tempo record, con la participación de la ciudadanía y del Indercas se logró, construir las obras que permiten resguardar los elementos y escenarios deportivos, de las acciones vandálicas y robos.
Tambin es necesario destacar que Contraloría Departamental mantuvo certificación de Calidad otorgado por el ICOTEC, certificado de calidad ISO 9001: 2015 otorgado en el año 2019 a la contraloría Departamental de Casanare.
El organismo certificador, determinó que no existían, no conformidades en el Sistema de Gestión de la Calidad para el año 2021 y que se superaba la acción correctiva del año 2020, por lo que determinó, mantener la certificación.
Al Culminar la auditoria de seguimiento de certificación, se destacó como un balance altamente satisfactorio, según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que determino que luego del ejercicio adelantado en el organismo de control fiscal regional, no fueron identificados hallazgos de no conformidad, además, destaco el ICONTEC, que las oportunidades de mejoras que fueron reportadas oportunamente, servirán para que La Contraloría mejore su desempeño y en las próximas auditorias y logre mantener la certificación ISO 9001:2015.
Para la entidad certificadora, el mayor reto que tiene la Contraloría en el inmediato futuro, es mantener la certificación, lo que significa un trabajo fuerte de sostenimiento, de mejora permanente del sistema, tal como lo reconoció el Icontec que ha realizado auditorias en diferentes contralorías del País y aseguró que, los resultados logrados en Casanare, están a la altura de los mejores organismos de este tipo a nivel nacional.
Finalmente se destaca la rendición de cuentas que hará la Contraloría Departamental de Casanare, en el que se tiene previsto, mediante un completo balance de las actividades desarrolladas en el control Fiscal del departamento y sus 19 municipios, este 29 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.
De acuerdo al informe entregado por el vicecontralor José Alfredo Rojas Pérez, la rendición de cuentas parcial, corresponde al período comprendido entre el primero de enero al 30 de noviembre del presente año, donde se destaca, entre otras muchas ejecutorias, el trabajo realizado en la capacitación de los líderes sociales y veedores ciudadanos, en cumplimiento de la estrategia, La Contraloría en su Municipio.
Este ejercicio se realizará a través de las redes sociales, lo que permitirá la participación de la ciudadanía que encontrará respuesta inmediata a sus inquietudes una vez se cierre la rendición de cuentas, con el equipo de profesionales de la Contraloría que podrá intercambiar opiniones a través de los canales previstos para tal fin.
La audiencia se debe hacer de manera virtual cumpliendo los protocolos de bioseguridad, contiene un completo informe sobre la vigilancia ha realizado la entidad a los recursos económicos que por competencia le pertenecen, el porcentaje de recuperación de recursos, la vigilancia efectuada en materia ambiental y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros aspectos.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.


Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
CASANARE
Secretaría de las TICs en Yopal ofrece curso gratuito de herramientas de Google
La secretaría de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Yopal invita a la comunidad a participar en su curso gratuito “Herramientas de Google”. Esta iniciativa de formación está orientada a fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.
El espacio académico está diseñado para brindar conocimientos prácticos en el uso de aplicaciones esenciales. Los participantes aprenderán a manejar herramientas como Google Keep, Calendar, Meet, Forms, Sites, NotebookLM y la gestión masiva de contactos, fundamentales en diversos ámbitos.
Estas aplicaciones son cruciales para el desarrollo de actividades en los ámbitos educativo, laboral y personal, mejorando significativamente la gestión de la información y la comunicación en entornos virtuales. La estrategia busca cerrar brechas digitales.
El curso dará inicio en el mes de mayo, con sesiones programadas de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se desarrollará en las instalaciones del Punto Vive Digital, y como requisito indispensable, los participantes deberán contar con un computador portátil.
Las personas interesadas pueden realizar su inscripción de manera sencilla a través del enlace: https://forms.gle/LAqwDzK4kwP6LYRdA. Asimismo, para mayor comodidad, el registro también se puede efectuar escaneando el código QR que se encontrará en las piezas informativas oficiales.
La Secretaría TIC extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que aproveche esta valiosa oportunidad de formación. El curso permitirá a los asistentes avanzar en el uso de herramientas digitales y fortalecer sus habilidades frente a los retos del entorno tecnológico actual.

CASANARE
El abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal
Una tutela estratégica, una disputa entre altas cortes y una decisión histórica de la Corte Constitucional (SU-047 de 2026) que le devuelve a las ciudades el control del impuesto de ICA, o en otros términos, redefinen la autonomía fiscal en Colombia. Detrás del caso, estuvo el abogado Gonzalo Ramos Rojas, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, quien convirtió una derrota judicial en el Consejo de Estado, en un precedente nacional fijado por la Corte Constitucional, abriendo una compuerta jurídica para que las demás ciudades capitales lo repliquen en sus territorios.
El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el combustible que permite mover y hacer crecer una ciudad, es en términos sencillos, una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades en Colombia. Gracias a este impuesto, que pagan empresas y comercios por su actividad económica, los municipios pueden financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. En otras palabras, el ICA no es solo un tributo: es una herramienta clave para que las ciudades funcionen y puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos.
En el Derecho, como en la guerra, hay momentos en los que una sola operación cambia el curso de la historia, en este caso, tributaria. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional es uno de esos momentos. Con la expedición de la Ley 2082 de 2021, el Congreso creó la categoría de ciudades capitales permitiéndoles tomar como referencia el régimen tributario de Bogotá.
A partir de lo anterior, el Consejo de Estado, cerró el paso a la autonomía de las ciudades: anuló los acuerdos de Yopal y Cali que buscaban elevar la tarifa del ICA, señalando que no podían superar el modelo de Bogotá.

La estrategia jurídica que redefinió el mapa tributario del ICA en Colombia
Litigar no es solo argumentar: es saber dónde dar la batalla.
Durante años, Colombia ha repetido el mismo discurso: somos un Estado descentralizado. Pero en la práctica, muchas decisiones siguen tomándose —o peor, imponiéndose— desde Bogotá. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional acaba de poner en evidencia esa contradicción.
El caso parecía técnico: la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) en Yopal y Cali, sin embargo, para el apoderado del municipio en el fondo era mucho más que eso. Era responder a una pregunta incómoda: ¿pueden las ciudades capitales decidir sobre sus propios recursos o deben limitarse a copiar el modelo de Bogotá? El Consejo de Estado había respondido, en la práctica, que no podían apartarse.
Lo anterior define el problema jurídico. Porque esa postura no solo desconoce el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 —que permite, no impone, adoptar el régimen de Bogotá—. También reproduce una lógica profundamente centralista: lo que funciona (o se decide) en la capital debe replicarse en el resto del país, sin importar las realidades locales. Pero Colombia no es Bogotá. Yopal no es Bogotá, así lo entendió y así lo defendió el profesional del derecho ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional.
Sus dinámicas económicas, sus necesidades fiscales y sus cargas sociales son distintas. Pretender uniformarlas bajo un mismo esquema tributario no es razonable, es centralismo disfrazado de interpretación legal. La Corte Constitucional entendió el trasfondo político del asunto. Por eso, en la sentencia SU-047, no solo corrigió una decisión judicial, definió algo más importante: reivindicó el principio de autonomía territorial como un elemento real, no simbólico.

Se rompió el cerco tributario: las regiones recuperaron el control de su territorio fiscal.
Las ciudades capitales ahora tienen un precedente constitucional claro, es decir, una decisión que sirve como guía y ejemplo para casos similares, para diseñar sus políticas de impuestos con más libertad y según sus propias necesidades. Eso cambia el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la provincia. Adicionalmente, se deja en evidencia que el centralismo en Colombia no solo es administrativo o político, también es judicial. Sí, judicial. Cuando una alta corte interpreta la ley de manera que restringe la capacidad de las regiones para tomar decisiones sobre sus propios recursos, no está siendo neutral. Está interviniendo en la distribución del poder. Y eso tiene un alto impacto, en inversión social, en el desarrollo regional, y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de los recursos que sus ciudades logren recaudar.
¿Porque esta decisión no cayó del cielo? Fue el resultado de una lectura precisa del conflicto: entender que el problema no era solo tributario, sino estructural. Que lo que estaba en juego no era una tarifa, sino el alcance real de la descentralización en Colombia. El abogado que llevó este caso a la Corte Constitucional no solo litigó, planteó un pulso de poder. Y lo ganó. Eso también dice mucho del momento que vive el país. Porque cada vez es más evidente que las grandes discusiones sobre el modelo territorial ya no se están dando únicamente en el Congreso, sino que se están trasladando a los tribunales. Y allí, caso por caso, se están redefiniendo las reglas.
La SU-047 marca un punto de inflexión. No resuelve todos los problemas, pero sí deja algo claro: el centralismo no es inevitable. Puede ser cuestionado. Puede ser limitado. Y, como acaba de demostrarse, también puede ser derrotado.
El abogado convirtió un problema tributario en un precedente constitucional.
Pero en todo conflicto hay una verdad inmodificable: no basta con ganar terreno, sino que hay que saber sostenerlo. Este éxito jurídico permitirá ingresos anuales, de al menos, quince mil millones de pesos (15.000.000.000), ahora, dependerá de ellos, que se inviertan estratégicamente en la ciudad y que lleguen a todos los ciudadanos. Esa es la nueva apuesta, que los impuestos sigan teniendo un retorno para los ciudadanos, y es la inversión en sus comunas, veredas y barrios.
No fue solo una sentencia donde la Corte Constitucional le da la razón al Abogado como apoderado del municipio de Yopal: fue una batalla por el control de los recursos de las ciudades.
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