META
Continúa la lucha contra depredadores sexuales de menores en el Meta
La Fiscalía a través de los investigadores del CTI del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas, adelantaron operativos en contra de tres hombres, quienes fueron judicializados por ser los presuntos responsables de cometer delitos sexuales contra menores de edad en el departamento del Meta.
Capturado abusador
En el primero de los casos, Luis Eduardo Guayara fue capturado en la vereda San José de las palmas, zona rural de Acacías (Meta), ya que pesaba una orden en su contra emitida por un juzgado de ese municipio, diligencia que hicieron efectiva servidores del CTI con el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional.
La denuncia de este caso se conoció por medio de la madre de la víctima, una menor de 12 años, a quien, presuntamente, el capturado la habría sometido a vejámenes sexuales, por lo que el Fiscal le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, no se allanó a los cargos endilgados, no obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y lo envió a la cárcel donde deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.
Hombre habría abusado de su hermanastra durante dos años
Se trata de un caso que conocieron las autoridades, y que indica que el capturado habría aprovechado su posición dominante sobre su hermanastra de 6 años, para someterla durante dos años a acciones de connotación sexual, en una vereda del municipio de Restrepo (Meta).
La abuela paterna fue la que denunció el caso que permitió dar con el paradero del presunto agresor, el cual fue capturado y llevado ante un juez con función de control de garantías, quien, valorando las pruebas presentadas por el Fiscal, acogió sus pretensiones y legalizó su captura y lo envió a la cárcel. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años endilgados en su contra.
Padrastro de dos niñas, al parecer las sometió a abusos sexuales.
Este caso fue denunciado por la progenitora de las niñas, por lo que un Fiscal del Caivas adelantó las acciones pertinentes para imputar al padrastro de las víctimas, presunto agresor sexual de las menores de 8 y 11 años.
Las investigaciones lograron establecer que las agresiones y vejámenes a los que eran sometidas, sucedieron durante tres años entre el 2020 y el 2022, en los municipios de Castilla La Nueva y Granada (Meta), cuando el capturado aprovechaba que se quedaba solo en la casa con las menores, mientras que la progenitora de ellas trabajaba.
Su captura se produjo en el departamento de Boyacá por uniformados de Policía de carreteras, quienes, al solicitar sus antecedentes, se percataron que tenía una orden de captura en su contra como presunto responsable de cometer delitos sexuales.
El ente acusador lo presentó ante el juez de control de garantías, y le imputó los delitos de acceso carnal violento – acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años, cargos que no aceptó. El sujeto fue enviado a prisión.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
