META
Continúa la lucha contra depredadores sexuales de menores en el Meta
La Fiscalía a través de los investigadores del CTI del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas, adelantaron operativos en contra de tres hombres, quienes fueron judicializados por ser los presuntos responsables de cometer delitos sexuales contra menores de edad en el departamento del Meta.
Capturado abusador
En el primero de los casos, Luis Eduardo Guayara fue capturado en la vereda San José de las palmas, zona rural de Acacías (Meta), ya que pesaba una orden en su contra emitida por un juzgado de ese municipio, diligencia que hicieron efectiva servidores del CTI con el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional.
La denuncia de este caso se conoció por medio de la madre de la víctima, una menor de 12 años, a quien, presuntamente, el capturado la habría sometido a vejámenes sexuales, por lo que el Fiscal le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, no se allanó a los cargos endilgados, no obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y lo envió a la cárcel donde deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.
Hombre habría abusado de su hermanastra durante dos años
Se trata de un caso que conocieron las autoridades, y que indica que el capturado habría aprovechado su posición dominante sobre su hermanastra de 6 años, para someterla durante dos años a acciones de connotación sexual, en una vereda del municipio de Restrepo (Meta).
La abuela paterna fue la que denunció el caso que permitió dar con el paradero del presunto agresor, el cual fue capturado y llevado ante un juez con función de control de garantías, quien, valorando las pruebas presentadas por el Fiscal, acogió sus pretensiones y legalizó su captura y lo envió a la cárcel. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años endilgados en su contra.
Padrastro de dos niñas, al parecer las sometió a abusos sexuales.
Este caso fue denunciado por la progenitora de las niñas, por lo que un Fiscal del Caivas adelantó las acciones pertinentes para imputar al padrastro de las víctimas, presunto agresor sexual de las menores de 8 y 11 años.
Las investigaciones lograron establecer que las agresiones y vejámenes a los que eran sometidas, sucedieron durante tres años entre el 2020 y el 2022, en los municipios de Castilla La Nueva y Granada (Meta), cuando el capturado aprovechaba que se quedaba solo en la casa con las menores, mientras que la progenitora de ellas trabajaba.
Su captura se produjo en el departamento de Boyacá por uniformados de Policía de carreteras, quienes, al solicitar sus antecedentes, se percataron que tenía una orden de captura en su contra como presunto responsable de cometer delitos sexuales.
El ente acusador lo presentó ante el juez de control de garantías, y le imputó los delitos de acceso carnal violento – acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años, cargos que no aceptó. El sujeto fue enviado a prisión.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
