META
Continúa la lucha contra depredadores sexuales de menores en el Meta
La Fiscalía a través de los investigadores del CTI del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caivas, adelantaron operativos en contra de tres hombres, quienes fueron judicializados por ser los presuntos responsables de cometer delitos sexuales contra menores de edad en el departamento del Meta.
Capturado abusador
En el primero de los casos, Luis Eduardo Guayara fue capturado en la vereda San José de las palmas, zona rural de Acacías (Meta), ya que pesaba una orden en su contra emitida por un juzgado de ese municipio, diligencia que hicieron efectiva servidores del CTI con el apoyo de la Sijín de la Policía Nacional.
La denuncia de este caso se conoció por medio de la madre de la víctima, una menor de 12 años, a quien, presuntamente, el capturado la habría sometido a vejámenes sexuales, por lo que el Fiscal le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, no se allanó a los cargos endilgados, no obstante, el juez acogió la solicitud del ente acusador y lo envió a la cárcel donde deberá enfrentar el proceso judicial en su contra.
Hombre habría abusado de su hermanastra durante dos años
Se trata de un caso que conocieron las autoridades, y que indica que el capturado habría aprovechado su posición dominante sobre su hermanastra de 6 años, para someterla durante dos años a acciones de connotación sexual, en una vereda del municipio de Restrepo (Meta).
La abuela paterna fue la que denunció el caso que permitió dar con el paradero del presunto agresor, el cual fue capturado y llevado ante un juez con función de control de garantías, quien, valorando las pruebas presentadas por el Fiscal, acogió sus pretensiones y legalizó su captura y lo envió a la cárcel. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años endilgados en su contra.
Padrastro de dos niñas, al parecer las sometió a abusos sexuales.
Este caso fue denunciado por la progenitora de las niñas, por lo que un Fiscal del Caivas adelantó las acciones pertinentes para imputar al padrastro de las víctimas, presunto agresor sexual de las menores de 8 y 11 años.
Las investigaciones lograron establecer que las agresiones y vejámenes a los que eran sometidas, sucedieron durante tres años entre el 2020 y el 2022, en los municipios de Castilla La Nueva y Granada (Meta), cuando el capturado aprovechaba que se quedaba solo en la casa con las menores, mientras que la progenitora de ellas trabajaba.
Su captura se produjo en el departamento de Boyacá por uniformados de Policía de carreteras, quienes, al solicitar sus antecedentes, se percataron que tenía una orden de captura en su contra como presunto responsable de cometer delitos sexuales.
El ente acusador lo presentó ante el juez de control de garantías, y le imputó los delitos de acceso carnal violento – acceso carnal abusivo y acto sexual con menor de 14 años, cargos que no aceptó. El sujeto fue enviado a prisión.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
