CASANARE
Continúa el robo de ganado en Hato Corozal
El caso más reciente se registró el pasado viernes 11 de enero en la noche, donde los delincuentes carnearon una novilla de propiedad del señor Paulino Méndez –hombre que se encuentra en una clínica después de que fuera baleado por la espalda el pasado 24 de diciembre-.
El carneo se cometió en la vereda El Cedral, a un kilómetro aproximadamente del casco urbano, donde los delincuentes no dejaron sino el cuero y la cabeza del semoviente. Hato Corozal, según la estadística de la Fiscalía, es el segundo municipio donde más roban ganado en Casanare.
De los delincuentes, como de la carne del animal no se sabe nada, panorama igual a los otros 29 casos reportados durante el 2018.
Contexto de la venta de carne en el municipio
Pese a que Hato Corozal vacuna más de 250mil cabezas de ganado por ciclo, convirtiéndolo en el segundo hato ganadero más importante de la región, en el municipio no existe planta de beneficio animal (categoría autoconsumo), por lo que los expendedores de carne deben llevar el ganado hasta el municipio de Paz de Ariporo, en donde funciona una planta a medias.
Allí la sacrifican y regresan la carne al municipio de Hato Corozal para su respectivo expendio, esa tarea se realiza los jueves y domingos, por lo que hay carne fresca los viernes y lunes. El consumidor final ha venido asumiendo el alto costo que esto significa.
El control de surtido y verificación de la calidad de carne que se vende en el municipio no la realizaría el INVIMA sino la Policía Nacional, a quienes recientemente denunciaron ante la Fiscalía por posible caso de corrupción y extralimitación de funciones en este tema.
Al parecer, y según la denuncia, serían permisivos con el sacrificio de ganado de carácter informal (en potreros o casas), haciendo más difícil el trabajo de controlar el carneo, pues se facilita para que estas carnes puedan terminar en expendios (famas) del municipio o en ventas puerta a puerta.
Algunos expendedores de carne manifiestan que ellos son muy legales y que no se prestarian para tal delito. Los ganaderos solo esperan que las autoridades procedan y hagan cumplir la más reciente Ley contra el delito del abigeato.
Fuente: CapibaraMundoNoticias – Deyler Escalante
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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