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Contaminación en Villavicencio disminuyó 50% desde que inició el aislamiento
La medición se llevó a cabo en las tres estaciones de monitoreo de tecnología automática que conforman el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Villavicencio, localizadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP en el barrio La Esmeralda, el Parque de la Vida Cofrem y la Estación de Servicio del barrio Catumare, donde se monitorean las condiciones atmosféricas del suelo urbano del municipio.
Los contaminantes evaluados fueron Material Particulado (PM) y Ozono (03), el primero, permite evaluar las partículas respirables menores o iguales a 10 µm (micrómetros), elementos que por el diámetro logran ingresar hasta las vías respiratorias, lo cual genera efectos adversos a la salud; el segundo, determina el nivel de óxidos de nitrógeno y varios hidrocarburos en el ambiente asociados a enfermedades como constricción de pecho e irritación de las mucosas.
Como resultado del monitoreo se logró establecer una disminución aproximada del 50% de Material Particulado desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio. Para los primeros días de marzo las concentraciones reportadas en las estaciones de La Esmeralda, Cofrem y Catumare alcanzaron los 43, 40 y 54 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) respectivamente; comparado con los datos promedio registrados en los primeros días del mes de abril, que lograron valores de 21, 27 y 26 µg/m3 en los puntos monitoreados.
Además, el análisis determinó una reducción del 30% en la emisión de la concentración de Ozono, situación que se atribuye principalmente a la disminución de la radiación solar y a la restricción de circulación vehicular a raíz de las medidas para contener la propagación del COVID-19. Hasta el último día del estudio, las concentraciones de Ozono alcanzaron en promedio los 41 µg/m3 en comparación a la medición del mes anterior, que registró valores cercanos a los 56 µg/m3.
Finalmente el estudio logró establecer que Villavicencio sigue cumpliendo con los límites de calidad del aire ambiente, al presentar un Índice de Calidad del Aire (ICA) que se encuentra en el rango de 0-50, lo que determina un estado de calidad del aire bueno y un riesgo bajo para la salud de las personas.
Fuente: Cormacarena
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
