META
Contaminación en Villavicencio disminuyó 50% desde que inició el aislamiento
La medición se llevó a cabo en las tres estaciones de monitoreo de tecnología automática que conforman el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Villavicencio, localizadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP en el barrio La Esmeralda, el Parque de la Vida Cofrem y la Estación de Servicio del barrio Catumare, donde se monitorean las condiciones atmosféricas del suelo urbano del municipio.
Los contaminantes evaluados fueron Material Particulado (PM) y Ozono (03), el primero, permite evaluar las partículas respirables menores o iguales a 10 µm (micrómetros), elementos que por el diámetro logran ingresar hasta las vías respiratorias, lo cual genera efectos adversos a la salud; el segundo, determina el nivel de óxidos de nitrógeno y varios hidrocarburos en el ambiente asociados a enfermedades como constricción de pecho e irritación de las mucosas.
Como resultado del monitoreo se logró establecer una disminución aproximada del 50% de Material Particulado desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio. Para los primeros días de marzo las concentraciones reportadas en las estaciones de La Esmeralda, Cofrem y Catumare alcanzaron los 43, 40 y 54 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) respectivamente; comparado con los datos promedio registrados en los primeros días del mes de abril, que lograron valores de 21, 27 y 26 µg/m3 en los puntos monitoreados.
Además, el análisis determinó una reducción del 30% en la emisión de la concentración de Ozono, situación que se atribuye principalmente a la disminución de la radiación solar y a la restricción de circulación vehicular a raíz de las medidas para contener la propagación del COVID-19. Hasta el último día del estudio, las concentraciones de Ozono alcanzaron en promedio los 41 µg/m3 en comparación a la medición del mes anterior, que registró valores cercanos a los 56 µg/m3.
Finalmente el estudio logró establecer que Villavicencio sigue cumpliendo con los límites de calidad del aire ambiente, al presentar un Índice de Calidad del Aire (ICA) que se encuentra en el rango de 0-50, lo que determina un estado de calidad del aire bueno y un riesgo bajo para la salud de las personas.
Fuente: Cormacarena
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
