CASANARE
Consorcio constructor de vía hacia Montañas del Totumo se pronunció por bloqueos
El consorcio vía de paz de Ariporo conformado por las empresas CAICOL, MAGNIFICAT, AJG E HIVA INGENIERÍA, se permiten hacer claridad sobre la situación que se ha venido presentando a raíz de los bloqueos en la obra de pavimentación de la vía Paz de Ariporo – Montañas del Totumo y que ha generado traumatismos al desarrollo del contrato de obra.
PRIMERO: El consorcio vías de paz de Ariporo obtuvo la adjudicación de este contrato en un proceso licitatorio transparente, frente a por los menos otros 10 oferentes. Esto demuestra que los consorciados contamos con la experiencia e idoneidad para la ejecución de esta obra que ha esperado por mas de diez años la comunidad de montañas del totumo y verederas circunvecinas.
Dicho sea de paso, en marco del proceso licitatorio, algunas de las empresas presentaron información falsa, situación que en su momento fue puesta en conocimiento de la administración municipal y del comité evaluador.
SEGUNDO: El consorcio vías de paz de Ariporo ha sido respetuoso de los acuerdos con la comunidad, en el entendido que estas obras generan desarrollo y reactivación económica para las zonas de influencia de la obra, en este orden de ideas, y en la medida de nuestras posibilidades, se ha realizado la contratación de profesionales, mano de obra no calificada, bienes, suministros y servicios con personal y proveedores locales.
TERCERO: En lo referente al caso concreto de las volquetas que laboran en nuestra operación, más de 100 vehículos son del municipio, afiliados a las asociaciones que hacen presencia en el sector y con cuyos voceros llegamos a acuerdos desde hace varios meses, acuerdos que han querido modificar a su conveniencia y antojo, y razón de fondo de los bloqueos que sean venido presentando.
Nos ceñimos a los acuerdos iniciales, respetamos la palabra empeñada y les cumplimos los compromisos, pero no podemos permitir que sigan recurriendo a las vías de hecho para perjudicar nuestras labores y de paso perjudicar a la comunidad de Montañas de Totumo que espera con ansias la terminación de las obras para contar con vías que les permitan movilizarse y movilizar sus productos para comercializarlos.
Cabe aclarar que los representantes de las 9 empresas que controlan el Tema del transporte en paz de Ariporo, fueron enfáticos y reiterativos en impedir el ingreso de cualquier otro vehículo que no esté afiliado con ellos, incluso si estos vehículos pertenecen a pobladores del municipio y/o de las veredas que hacen parte del área de influencia del proyecto, que también tienen la necesidad y quisieran tener la oportunidad de que los dejen participar en el proyecto, lo que demuestra que el interés es particular y busca beneficiar a unos pocos, más no a los pobladores del municipio.
Los invitamos a revisar la cantidad de vehículos que pertenecen a unos pocos dueños dentro de los voceros del gremio de transportadores, acá la participación que se reclama en nombre del pueblo, en realidad es un beneficio direccionado para unos pocos dueños, y se utiliza la desinformación y la manipulación de la comunidad e incluso de los propios conductores para presionar al consorcio y que accedamos a sus pretensiones, con el único objetivo de que unos pocos logren llenar sus bolsillos, peor aún, sin importarles que el resto de la comunidad paz de ariporeña se vea perjudicada y afectada.
Vemos con asombro como estos personajes, que están detrás del saboteo continuo a la ejecución de la obra, ponen por encima sus intereses particulares, sin pensar en l necesidad de una comunidad que clama a gritos la pavimentación de la vía para mejorar su calidad de vida, mientras que políticos y transportadores desde la comodidad de sus casas y quizás sin tener que sentir el rigor de transitar una vía sin pavimentar todos los días, lo único que hacen es buscar satisfacer sus intereses económicos y electorales.
CUARTO: Nuestros voceros se han reunido en varias ocasiones con los representantes de las asociaciones de transportadores, sin entrar en detalle, queremos dar a conocer públicamente que nuestro consorcio está pagando la carga de material de la obra POR ENCIMA del valor consignado en el contrato para el pago del servicio de transporte, valor adicional que estaba siendo asumido, por el momento, directamente por el consorcio.
Incluso en los pagos a los transportadores estamos haciendo los pagos en un plazo inferior a una semana, desde el momento de la radicación de la factura, cotejo de información y posterior giro electrónico, mientras que otras empresas, incluso operadoras petroleras, pagan a 30 y hasta 60 días después de la radicación de la factura.
QUINTO: Respecto a las volquetas, propiedad del consorcio que entrarán a trabajar en las operaciones de la obra, la comunidad debe tener claridad que estos vehículos hacen parte de la flota de trabajo del consorcio, las cuales están incluidas dentro del contrato firmado con la administración municipal, de no vincularlas estaríamos incumpliendo los términos del contrato.
Adicionalmente, hacemos claridad que aportamos solo 10 volquetas, pero los conductores fueron contratados en el municipio, con lo que se generan 10 nuevos empleos directos, también es claro que estas 10 volquetas no disminuirán en nada las cuotas de participación y las empresas podrán seguir trabajando con la misma cantidad de volquetas suministradas hasta ahora, ya que en repetidas ocasiones se les ha solicitado aumentar a 80 vehículos la flota y nunca nos han enviado más de 55 carros, con lo que tenemos un déficit de 25 vehículos, de acuerdo a nuestra programación de suministro de material.
SEXTO: Como contratistas hemos sido respetuosos de los voceros y de la comunidad, hemos sido responsables con los pagos e incluso hemos hechos concesiones a las cuales no estamos obligados en el marco del contrato, pues nuestros únicos intereses son la ejecución de una obra pública, con calidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de paz de Ariporo que se verán beneficiados con la pavimentación de esta vía, así que no vamos a ceder a presiones de personas con interesas ajenos a la obra, personas con afán económico o politiquero que usan a la comunidad como carne de cañón, engañándola para su propio beneficio.
Rechazamos las amenazas y el constreñimiento del que venimos siendo objeto por parte de los manifestantes, que en últimas están siendo usados por quienes realmente están interesados en torpedear nuestras obras operando tras bambalinas.
Estas constantes amenazas sólo generan zozobra en nuestro personal al punto que varios profesionales han presentado sus renuncias por temor a agresiones o represalias en su contra.
Finalmente hacemos un llamado a la administración municipal, a la secretaria de gobierno, a la personería municipal y a los organismos de seguridad para que intervengan, pues hasta el momento han sido testigos de piedra en este conflicto que lo único que ha generado es retrasos en tan importante obra para uno de los sectores rurales más importantes del municipio, a la señora alcaldesa, la invitamos a dialogar con la comunidad, a explicarle a los manifestantes los alcances del proyecto y convertirse en garante del correcto desarrollo de la obra.
Ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento a cabalidad de las obras pactadas en el marco del contrato. Rechazamos el uso de las vías de hecho, bloqueos y demás manifestaciones de presión e instamos a los voceros de los transportadores a hablar de manera trasparente, y a la alcaldía de paz de Ariporo a asumir su responsabilidad como garante del orden publico y de las condiciones para el correcto desarrollo de las obras.
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
