CASANARE
Consorcio constructor de vía hacia Montañas del Totumo se pronunció por bloqueos
El consorcio vía de paz de Ariporo conformado por las empresas CAICOL, MAGNIFICAT, AJG E HIVA INGENIERÍA, se permiten hacer claridad sobre la situación que se ha venido presentando a raíz de los bloqueos en la obra de pavimentación de la vía Paz de Ariporo – Montañas del Totumo y que ha generado traumatismos al desarrollo del contrato de obra.
PRIMERO: El consorcio vías de paz de Ariporo obtuvo la adjudicación de este contrato en un proceso licitatorio transparente, frente a por los menos otros 10 oferentes. Esto demuestra que los consorciados contamos con la experiencia e idoneidad para la ejecución de esta obra que ha esperado por mas de diez años la comunidad de montañas del totumo y verederas circunvecinas.
Dicho sea de paso, en marco del proceso licitatorio, algunas de las empresas presentaron información falsa, situación que en su momento fue puesta en conocimiento de la administración municipal y del comité evaluador.
SEGUNDO: El consorcio vías de paz de Ariporo ha sido respetuoso de los acuerdos con la comunidad, en el entendido que estas obras generan desarrollo y reactivación económica para las zonas de influencia de la obra, en este orden de ideas, y en la medida de nuestras posibilidades, se ha realizado la contratación de profesionales, mano de obra no calificada, bienes, suministros y servicios con personal y proveedores locales.
TERCERO: En lo referente al caso concreto de las volquetas que laboran en nuestra operación, más de 100 vehículos son del municipio, afiliados a las asociaciones que hacen presencia en el sector y con cuyos voceros llegamos a acuerdos desde hace varios meses, acuerdos que han querido modificar a su conveniencia y antojo, y razón de fondo de los bloqueos que sean venido presentando.
Nos ceñimos a los acuerdos iniciales, respetamos la palabra empeñada y les cumplimos los compromisos, pero no podemos permitir que sigan recurriendo a las vías de hecho para perjudicar nuestras labores y de paso perjudicar a la comunidad de Montañas de Totumo que espera con ansias la terminación de las obras para contar con vías que les permitan movilizarse y movilizar sus productos para comercializarlos.
Cabe aclarar que los representantes de las 9 empresas que controlan el Tema del transporte en paz de Ariporo, fueron enfáticos y reiterativos en impedir el ingreso de cualquier otro vehículo que no esté afiliado con ellos, incluso si estos vehículos pertenecen a pobladores del municipio y/o de las veredas que hacen parte del área de influencia del proyecto, que también tienen la necesidad y quisieran tener la oportunidad de que los dejen participar en el proyecto, lo que demuestra que el interés es particular y busca beneficiar a unos pocos, más no a los pobladores del municipio.
Los invitamos a revisar la cantidad de vehículos que pertenecen a unos pocos dueños dentro de los voceros del gremio de transportadores, acá la participación que se reclama en nombre del pueblo, en realidad es un beneficio direccionado para unos pocos dueños, y se utiliza la desinformación y la manipulación de la comunidad e incluso de los propios conductores para presionar al consorcio y que accedamos a sus pretensiones, con el único objetivo de que unos pocos logren llenar sus bolsillos, peor aún, sin importarles que el resto de la comunidad paz de ariporeña se vea perjudicada y afectada.
Vemos con asombro como estos personajes, que están detrás del saboteo continuo a la ejecución de la obra, ponen por encima sus intereses particulares, sin pensar en l necesidad de una comunidad que clama a gritos la pavimentación de la vía para mejorar su calidad de vida, mientras que políticos y transportadores desde la comodidad de sus casas y quizás sin tener que sentir el rigor de transitar una vía sin pavimentar todos los días, lo único que hacen es buscar satisfacer sus intereses económicos y electorales.
CUARTO: Nuestros voceros se han reunido en varias ocasiones con los representantes de las asociaciones de transportadores, sin entrar en detalle, queremos dar a conocer públicamente que nuestro consorcio está pagando la carga de material de la obra POR ENCIMA del valor consignado en el contrato para el pago del servicio de transporte, valor adicional que estaba siendo asumido, por el momento, directamente por el consorcio.
Incluso en los pagos a los transportadores estamos haciendo los pagos en un plazo inferior a una semana, desde el momento de la radicación de la factura, cotejo de información y posterior giro electrónico, mientras que otras empresas, incluso operadoras petroleras, pagan a 30 y hasta 60 días después de la radicación de la factura.
QUINTO: Respecto a las volquetas, propiedad del consorcio que entrarán a trabajar en las operaciones de la obra, la comunidad debe tener claridad que estos vehículos hacen parte de la flota de trabajo del consorcio, las cuales están incluidas dentro del contrato firmado con la administración municipal, de no vincularlas estaríamos incumpliendo los términos del contrato.
Adicionalmente, hacemos claridad que aportamos solo 10 volquetas, pero los conductores fueron contratados en el municipio, con lo que se generan 10 nuevos empleos directos, también es claro que estas 10 volquetas no disminuirán en nada las cuotas de participación y las empresas podrán seguir trabajando con la misma cantidad de volquetas suministradas hasta ahora, ya que en repetidas ocasiones se les ha solicitado aumentar a 80 vehículos la flota y nunca nos han enviado más de 55 carros, con lo que tenemos un déficit de 25 vehículos, de acuerdo a nuestra programación de suministro de material.
SEXTO: Como contratistas hemos sido respetuosos de los voceros y de la comunidad, hemos sido responsables con los pagos e incluso hemos hechos concesiones a las cuales no estamos obligados en el marco del contrato, pues nuestros únicos intereses son la ejecución de una obra pública, con calidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de paz de Ariporo que se verán beneficiados con la pavimentación de esta vía, así que no vamos a ceder a presiones de personas con interesas ajenos a la obra, personas con afán económico o politiquero que usan a la comunidad como carne de cañón, engañándola para su propio beneficio.
Rechazamos las amenazas y el constreñimiento del que venimos siendo objeto por parte de los manifestantes, que en últimas están siendo usados por quienes realmente están interesados en torpedear nuestras obras operando tras bambalinas.
Estas constantes amenazas sólo generan zozobra en nuestro personal al punto que varios profesionales han presentado sus renuncias por temor a agresiones o represalias en su contra.
Finalmente hacemos un llamado a la administración municipal, a la secretaria de gobierno, a la personería municipal y a los organismos de seguridad para que intervengan, pues hasta el momento han sido testigos de piedra en este conflicto que lo único que ha generado es retrasos en tan importante obra para uno de los sectores rurales más importantes del municipio, a la señora alcaldesa, la invitamos a dialogar con la comunidad, a explicarle a los manifestantes los alcances del proyecto y convertirse en garante del correcto desarrollo de la obra.
Ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento a cabalidad de las obras pactadas en el marco del contrato. Rechazamos el uso de las vías de hecho, bloqueos y demás manifestaciones de presión e instamos a los voceros de los transportadores a hablar de manera trasparente, y a la alcaldía de paz de Ariporo a asumir su responsabilidad como garante del orden publico y de las condiciones para el correcto desarrollo de las obras.
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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