ARAUCA
Consejo de seguridad extraordinario analizó secuestros, amenazas e inseguridad en Arauca
En Consejo de Seguridad autoridades se ofrecieron hasta 50 millones de pesos como recompensa para quien brinde información sobre el paradero de los dos miembros de la Fuerza Pública, secuestrados en el centro poblado de Puerto Jordán.
De igual manera se analizó la situación que vienen presentando concejales del municipio de Cravo Norte, quienes han recibido amenazas por parte de un grupo al margen de la ley y se estudió un posible aumento de minas antipersonal en el territorio a causa de la dinámica del conflicto armado, problemática que se ha venido informando por parte de la misma comunidad.
Inseguridad en las vías
Sobre hechos ocurridos en la última semana, se puso en contexto lo que se está presentando en el eje vial entre Tame-Arauca, más exactamente en los puntos conocidos como Betoyes, Flor Amarillo y Santo Domingo, donde se presentan secuestros y robos y la comunidad viene siendo víctima de la delincuencia.
El Consejo de Seguridad, solicitó de forma inmediata desde el Gobierno Departamental a la Fuerza Pública, mayor presencia en el eje vial debido a la ocurrencia continua de estos hechos.
Por instrucciones de la gobernadora, Indira Luz Barrios Guarnizo, se puso en contexto la alerta que ha presentado la Secretaría de Educación frente a los hechos irregulares de seguridad que se han venido generando en los sectores como Normandía, Lejanía, Las Nubes y Bocas del ELE.
Esto ha generado en algunas oportunidades que los estudiantes no puedan asistir a clases, que exista una especie de confinamiento y exista inseguridad a la comunidad educativa.
Comité de Seguimiento Electoral
En cuanto este tema, la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta para esta segunda jornada electoral con las mismas mesas de votación y que la Fuerza Pública garantizará el mismo control y presencia en todo el territorio.
Fuente: Gobernación de Arauca
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
