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Congreso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida”
Tres meses de debate, análisis y votaciones fueron necesarios para que las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaran el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el documento más importante del Gobierno nacional que define las metas a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos financieros y presupuestales necesarios para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida.
Y no era para menos, pues desde el pasado 6 de febrero, cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, radicaron el documento ante el Congreso, fueron recibidas más de 6.500 proposiciones, convirtiéndose así en uno de los planes más democráticos y participativos de la historia.
De hecho, antes de su presentación al Congreso, entre septiembre y diciembre del 2022, más de 250.000 personas se movilizaron en cada uno de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes convocados por el presidente de la República y donde se recibieron más de 89.000 propuestas que fueron fundamentales para definir cada una de las transformaciones que hoy lo conforman: Ordenamiento Territorial; Seguridad Humana; Derecho Humano a la Alimentación ; Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático; y Convergencia regional.
Así mismo, el documento incluyó los principales resultados de las 33 audiencias públicas del Plan Plurianual de Inversiones que finalizaron en enero pasado y en la que participaron 13 mil ciudadanos y ciudadanas.
Luego del trabajo realizado con los colombianos y los congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara hasta el pasado 25 de abril, las plenarias de ambas corporaciones mejoraron y aprobaron este miércoles el texto del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, potencia mundial de la vida”.
“Agradezco el trabajo comprometido que han tenido los congresistas a lo largo de todo ese tiempo. Hemos tenido un diálogo constructivo con la sociedad colombiana, en democracia y con la representación de la ciudadanía en el Congreso y hemos podido mejorar el Plan Nacional de Desarrollo, legitimando las cinco transformaciones que hemos propuesto como Gobierno del cambio. Los congresistas acogieron nuestras recomendaciones de pensar y aprobar proyectos de impacto nacional estratégicos y en esta discusión hemos visto que las bancadas se han unido alrededor de asuntos regionales que concuerdan con nuestra propuesta de cambios sustantivos para el país”, dijo el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, señaló que “el Plan de Desarrollo es la carta de navegación de un Gobierno, se organiza precisamente iniciando, para poder decir qué es lo que se va a hacer en el periodo de cuatro años. En este caso los programas más importantes son los programas de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad y esos son los objetivos fundamentales”.
La Ley aprobada en el Congreso de la República, luego de su aprobación, pasará a sanción presidencial. Vale recordar que en los últimos 61 años, en Colombia se han construido 14 planes nacionales de desarrollo.
Principales metas
La ley aprobada por el Congreso de la República trae unas metas cuyo objetivo es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Para cumplir con uno de los pilares del Plan de Desarrollo, el ordenamiento del territorio, una de las metas es el avance en el Catastro Multipropósito a un 70% del territorio nacional, lo cual permitirá consolidar la reforma rural integral que fue mandato popular para el Gobierno del cambio.
También se apuesta por la justicia social con la entrega masiva de tierras en este cuatrienio y en la que se busca que 2,9 millones de hectáreas que se estima entregar a las ciudadanías rurales contribuya en la restitución y titulación de tierras como instrumentos esenciales para alcanzar la paz total y también potenciar la producción agrícola nacional.
Otro eje es el quiebre de la pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito y en el que el Gobierno del cambio apunta a que el país baje esta situación de vulnerabilidad extrema a 9,6% y multidimensional a 7,4% en 2026.
El Plan de la Gente también quiere mejorar la vida de los colombianos y colombianas de la ruralidad que expresaron en los diálogos regionales la necesidad de vías terciarias. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo contempla llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas.
La economía para la vida estará enfocada en la ampliación de las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas a 1,7 millones de hectáreas. En materia de transición energética, el país seguirá en el proceso escalonado y responsable y le apuesta agregar en el cuatrienio 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.
Ese tránsito también estará en la diversificación de la canasta exportadora de Colombia en el que el Gobierno del cambio fijó incrementar 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos.
Texto conciliado
Fuente: Presidencia de la República
NACIONALES
Ecopetrol libera cerca de 60 millones de barriles diarios de gas natural para garantizar suministro nacional
El Grupo Ecopetrol continúa adoptado decisiones estratégicas que garanticen el suministro de gas natural en todo el país.
A la asignación adicional de 2,7 Gbtu (millones de barriles diarios) de gas natural para garantizar el suministro de gas natural vehicular en Casanare y Meta, se suma un nuevo anuncio de comercialización del energético.
A partir del 1º de diciembre de 2025 la compañía ofrecerá para la venta entre 46 y 60 Gbtud de sus campos del Piedemonte Llanero. Estas cantidades equivalen aproximadamente al 20% de la demanda residencial, comercial y de gas natural vehicular del país.
La empresa estatal informó que este gas adicional estará disponible desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y se ofrecerá en dos modalidades definidas en la regulación vigente:
– En firme, que garantiza el suministro continuo durante el periodo contratado.
– Con interrupciones, que permite suspender el suministro en caso de limitaciones, según las reglas establecidas.
De acuerdo con Ecopetrol, en la modalidad ‘En firme’ se ofrecerán cantidades que van desde 23 hasta 35 Gbtud para los meses de marzo a mayo de 2026, y serán comercializadas durante el trimestre de negociación que inicia en diciembre de 2025.
Y en la modalidad de ‘Interrumpible’ se ofrecerán cantidades desde 22 hasta 49 Gbtud para los meses de diciembre de 2025 a mayo de 2026, y serán comercializadas mensualmente, teniendo en cuenta las condiciones regulatorias vigentes que señalan que para el trimestre de diciembre a febrero sólo se permite la comercialización de gas bajo la modalidad Interrumpible.
“En Ecopetrol seguimos comprometidos en el abastecimiento de gas natural para todos los colombianos. Gracias a esfuerzos recientes de eficiencia, optimización y sustitución energética en varios de nuestros procesos productivos por energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, podemos liberar mayores volúmenes para amentar la oferta de gas provenientes de nuestros campos en el Piedemonte Llanero”, declaró Bayron Triana Arias, Vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición, de Ecopetrol.
Agregó el directivo que este incremento en la oferta refleja el compromiso de la compañía estatal con el país y con la transición energética. “Así avanzamos hacia un futuro con más energía limpia y más seguridad energética para todos los colombianos, y se contribuye al cumplimiento de los objetivos de descarbonización y las metas de transición energética del Grupo Ecopetrol”, aseguró.
NACIONALES
La JEP no aceptó al exjefe jurídico de la Gobernación de Casanare en gobierno de Raúl Flórez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Henry Villarraga Oliveros, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no cumplió con el requisito de aportar verdad plena, presentó argumentos exculpatorios y negó la existencia de patrones macrocriminales ampliamente demostrados en su contra.
Según la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Villarraga omitió información clave que habría permitido esclarecer su presunto papel en el encubrimiento de graves crímenes del conflicto armado, particularmente en el caso del coronel (r) Robinson González del Río, investigado por ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
La JEP recordó que contra Villarraga cursan varios procesos penales y disciplinarios por, presuntamente, ofrecer asesoría ilegal al oficial retirado y comprometerse a influir para que uno de sus procesos fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, buscando garantizar impunidad frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal especial concluyó que el exmagistrado incumplió las condiciones básicas exigidas para acceder a los beneficios del sistema transicional, pues su aporte se limitó a justificar sus actuaciones con argumentos jurídicos y a cuestionar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, alegando una supuesta “guerra jurídica” contra miembros de la fuerza pública.
Para la Sala, requerir nuevamente al solicitante para que hiciera un aporte de verdad sustancial representaría un desgaste injustificado del aparato judicial, más aún cuando Villarraga ha tenido múltiples oportunidades para hacerlo en los procesos que se adelantan en su contra.
El expediente fue remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde cursa un proceso disciplinario en etapa de acusación y otro penal cuya apertura quedó sin efectos. La JEP, además, rechazó cualquier discurso estigmatizante o desobligante frente a las víctimas, la sociedad y las instituciones del Estado.
El Senador José Vicente Carreño Castro radicó el Proyecto de Ley 135 de 2025 que reconoce y establece “a los agentes de protección o escoltas requeridos como una profesión y/u oficio de alto riesgo”, en la medida que este trabajo está en proteger a personas con la posibilidad de sufrir un atentado, por lo que deben prevenir y enfrentar este tipo de eventualidad, lo que de inmediato los convierte también en blanco de los agresores.
Carreño Castro reveló que “al establecer de alto riesgo esta profesión u oficio, los agentes de protección o escoltas quedan cobijados en las ´Pensiones especiales de vejez´, establecido en los Artículos 3 al 10 del Decreto 2090 de 2003, adicionando esta iniciativa legislativa una modificación al Artículo 8 –modificado a la vez por el Artículo 1 del Decreto 2655 de 2014- en el sentido de que este régimen especial de pensión, incluye a los trabajadores vinculados a esta actividad hasta el 31 de diciembre de 2034, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2024, como lo establece el mencionado Decreto 2655”.
La iniciativa legislativa –que ahora pasa a la Comisión VII del Senado- le fija al SENA la tarea de estructurar “un pensum académico con ciclos de competencias laborales, técnico, tecnólogo y profesional en seguridad dirigido este personal, para lo cual podrá celebrar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales”, con el fin de que este ejercicio no solo sea considerado un oficio, sino además como una nueva profesión con todos la validación constitucional y legal, como la plantea el mencionado proyecto de ley.
