CASANARE
Confirman pérdida de investidura de la diputada Lady Patricia Bohórquez
La Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare el pasado 13 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la pérdida de investidura de la Diputada y actual Presidenta de la Asamblea Departamental de Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas.
La demanda inicial está sustentada, en que la diputada Bohórquez Cuevas participó el 07 de enero de 2020, en la elección de una Contralora Departamental (e), cuando debió declararse impedida pues tenía dos investigaciones o procesos de responsabilidad fiscal en su contra en ese organismo de control. En su momento y previo a la elección, los diputados Carlos Fredy Mejía y Zoraida Barreto le advirtieron a Lady Patricia Bohórquez de la existencia de un posible conflicto de intereses por las investigaciones en su contra, a lo que respondió señalando desconocer la existencia de las mismas.
El 21 de enero del mismo año, al momento de elegir Contralor Departamental en propíedad, Lady Patricia Bohórquez Cuevas fue recusada por uno de los participantes en la elección, recusación que ella no aceptó.
Se señaló dentro de la investigación, que la Contralora (e) le mintió al Tribnal Administrativo de Casanare, al señalar que no existían procesos de responsabilidad fiscal en contra de la diputada Lady Patricia Bohórquez, configurándose una falsedad ideológica.
En virtud de la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, el 16 de enero de 2020 Lady Patricia Bohórquez pagó la suma de $4.675.276 para que cesara la acción fiscal en su contra.
No se declaró impedida
Señaló el Tribunal Administrativo de Casanare en su fallo, que la diputada Lady Patricia Bohórquez para la fecha de designación de la Contralora (e) “tenía un interés directo, personal y de caracter económico, cuya segunda instancia o en consulta debía ser resuelta por la Contralora designada”.
“… lo apenas obvio era declararse impedida, pero no lo hizo, es decir, realizó un acto contrario al interés general, pues una persona no púede intervenir en la selección de sus propíos jueces fiscalles”, reza el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare y confirmado por el Consejo de Estado.
En su momento, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó compulsar copias a la Procuraduría y la Fiscalía para que se investigara la actuación de la Contralora (e) Carmen Lucía Bernal Niño, quien certificó que no existían investigaciones fiscales contra la Diputada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, pero luego certificó que sí exsitía una investigación contra la cabildante, pero que la misma no había sido notificada. En las dos certificaciones se omitió por parte de la funcionaria, certificar la existencia de un proceso fiscal contra Bohórquez Cuevas, el cual había sido notificado a la procesada el 31 de octubre de 2017.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.
Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.
A 31 años y 3 meses de prisión fue condenado Olegario Mendivelso, de 55 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental Fidelia Tarache Tumay, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025 en zona rural de Yopal. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, el hoy sentenciado llegó hasta la finca donde trabajaba la víctima e ingresó a la vivienda por una ventana. Una vez dentro, la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte. Según la investigación, el ataque se originó porque la víctima no quería continuar con la relación.
El fallo judicial también impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, además de la suspensión de cualquier mecanismo sustitutivo o subrogado penal.
La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Con este resultado, la Fiscalía destacó el avance del proceso judicial y la sanción impuesta por este crimen que enluta a una familia en el departamento de Casanare.
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