CASANARE
Confirman pérdida de investidura de la diputada Lady Patricia Bohórquez
La Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, confirmó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare el pasado 13 de marzo de 2020, mediante el cual se decretó la pérdida de investidura de la Diputada y actual Presidenta de la Asamblea Departamental de Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas.
La demanda inicial está sustentada, en que la diputada Bohórquez Cuevas participó el 07 de enero de 2020, en la elección de una Contralora Departamental (e), cuando debió declararse impedida pues tenía dos investigaciones o procesos de responsabilidad fiscal en su contra en ese organismo de control. En su momento y previo a la elección, los diputados Carlos Fredy Mejía y Zoraida Barreto le advirtieron a Lady Patricia Bohórquez de la existencia de un posible conflicto de intereses por las investigaciones en su contra, a lo que respondió señalando desconocer la existencia de las mismas.
El 21 de enero del mismo año, al momento de elegir Contralor Departamental en propíedad, Lady Patricia Bohórquez Cuevas fue recusada por uno de los participantes en la elección, recusación que ella no aceptó.
Se señaló dentro de la investigación, que la Contralora (e) le mintió al Tribnal Administrativo de Casanare, al señalar que no existían procesos de responsabilidad fiscal en contra de la diputada Lady Patricia Bohórquez, configurándose una falsedad ideológica.
En virtud de la existencia de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, el 16 de enero de 2020 Lady Patricia Bohórquez pagó la suma de $4.675.276 para que cesara la acción fiscal en su contra.
No se declaró impedida
Señaló el Tribunal Administrativo de Casanare en su fallo, que la diputada Lady Patricia Bohórquez para la fecha de designación de la Contralora (e) “tenía un interés directo, personal y de caracter económico, cuya segunda instancia o en consulta debía ser resuelta por la Contralora designada”.
“… lo apenas obvio era declararse impedida, pero no lo hizo, es decir, realizó un acto contrario al interés general, pues una persona no púede intervenir en la selección de sus propíos jueces fiscalles”, reza el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Casanare y confirmado por el Consejo de Estado.
En su momento, el Tribunal Administrativo de Casanare ordenó compulsar copias a la Procuraduría y la Fiscalía para que se investigara la actuación de la Contralora (e) Carmen Lucía Bernal Niño, quien certificó que no existían investigaciones fiscales contra la Diputada Lady Patricia Bohórquez Cuevas, pero luego certificó que sí exsitía una investigación contra la cabildante, pero que la misma no había sido notificada. En las dos certificaciones se omitió por parte de la funcionaria, certificar la existencia de un proceso fiscal contra Bohórquez Cuevas, el cual había sido notificado a la procesada el 31 de octubre de 2017.
Lea también: Demandan a la diputada Lady Patricia Bohórquez “Toña” por pérdida de investidura
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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